El Vaticano decidió colaborar con la autoridad civil de Chile y entregar información sobre el proceso canónico que declaró culpable de abusos sexuales contra menores al emblemático sacerdote Fernando Karadima. Se trata de un hecho sin precedentes, la primera vez que la Sede Apostólica responde formalmente a una rogatoria internacional sobre un caso de este tipo.
La determinación fue asumida por la Secretaría de Estado, la oficina de política interior y exterior de la Santa Sede, luego de una amplia consulta con abogados especialistas.
Así, en los próximas días, se responderá formalmente al “exhorto” que la Sala Penal de la Corte Suprema del país sudamericano envió a Roma en abril solicitando los antecedentes del proceso contra el cura, conducido por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Apenas el 29 de agosto pasado la jueza del caso, Jessica González, declaró públicamente que todavía esperaba la respuesta del Vaticano para cerrar sus investigaciones judiciales. Parte de los documentos apostólicos ya los tiene en su poder, gracias a un allanamiento que ordenó el 14 de abril a las oficinas del abogado eclesiástico del imputado, Juan Pablo Bulnes, en la capital chilena.
El proceso Karadima es emblemático, casi un modelo de justicia canónica porque, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos o Irlanda, en este caso El Vaticano tomó con seriedad las primeras denuncias (recibidas en 2010) sin importar el espesor del involucrado, condujo una investigación minuciosa y dictó sentencia pese a que la justicia civil había cerrado el caso.
De hecho los magistrados chilenos se vieron obligados a reabrir sus pesquisas luego que el arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati Andrello, anunció públicamente (el 18 de febrero de 2011), la sentencia de culpabilidad emitida por la Doctrina de la Fe. Aquel inédito anuncio, durante una conferencia de prensa y con la lectura del fallo transmitido por la televisión nacional, marcó un inédito precedente.
Por su parte el sacerdote Fernando Salvador Miguel Karadima Fariña (como es su nombre completo) se encuentra recluido en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en la localidad de Providencia, donde cumple la condena de pasar sus días en “vida de oración y penitencia” aplicada por los jueces vaticanos.
Allí, en soledad, cumplió 81 años el 6 de agosto. Atrás quedaron para él los años de poderoso párroco en el exclusivo templo del Sagrado Corazón de Jesús, en la Avenida el Bosque de Santiago. Son parte del recuerdo sus retiros y orientaciones espirituales a las decenas de miembros de la Pía Unión Sacerdotal, semillero local de vocaciones.
Sólo el olvido quedó de su indiscutible “fama de santidad”, cuando la Iglesia local alababa su labor y elevaba a la dignidad episcopal a algunos de sus pupilos, como los obispos Juan Barros Madrid (vicaría castrense) y Andrés Arteaga (auxiliar de Santiago de Chile). Lo que permanece, para él, es el rechazo formal de su apelación a la sentencia vaticana que lo encontró culpable de abusos sexuales y que le comunicó, con dolor, el mismo Ezzati Andrello el 22 de junio.
Un documento fechado el 18 de marzo de 2011 y que, en dos páginas, no sólo le prohíbe ejercer públicamente su ministerio sacerdotal de por vida sino también tener contacto alguna con la Pía Unión. Y, sobre todo, le resta aún enfrentar un juicio civil que en primera instancia se le presenta desfavorable. En todo caso la opinión pública ya lo condenó.
Mientras tanto El Vaticano sienta un nuevo precedente de colaboración internacional, quizás motivado por las recientes y duras acusaciones de obstruir a la justicia de Irlanda en casos de sacerdotes pedófilos, que fueron lanzadas por el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny. Al menos en este caso nadie podrá acusar a la Santa Sede de encubrimiento y mala voluntad.
