(La Razón/InfoCatólica) El pasado domingo, el presidente francés pudo comprobar que los opositores al matrimonio gay hace un año no han perdido fuerza ni capacidad de convocatoria para librar un nuevo combate. Entre 100.000 y 500.000 personas –según la batalla de cifras– salieron a manifestarse contra la introducción en esa futura ley de dos dispositivos que, a su juicio, destruirán la familia tradicional: la PMA, o procreación médicamente asistida, para parejas de lesbianas, y la GPA, o vientre de alquiler.
Si esta última nunca ha figurado en los planes del Ejecutivo, la fecundación asistida sí formaba parte del programa socialista, aunque no de las promesas electorales de Hollande, que ahora se enfrenta a las divisiones internas en su partido y también al malestar de los parlamentarios de izquierdas, partidarios ampliamente de extender esta medida a las parejas de mujeres homosexuales.
Pero el presidente socialista ha preferido encrespar a los suyos que arriesgarse a que la indignación de la calle y de los sectores más conservadores tomara mayores proporciones a escasos dos meses de las elecciones municipales.
El Ejecutivo ha aducido cuestiones de calendario y la necesidad de continuar con los «trabajos preparatorios». Desde el Palacio del Elíseo, se ha justificado el aplazamiento «sine díe» de este texto por la urgencia de concentrarse en las cuestiones económicas y sociales, pero resulta evidente que sofocar las primeras chispas de tensión era la mejor manera de evitar un nuevo incendio social de consecuencias electorales imprevisibles.
La decisión fue recibida como «una victoria» por las organizaciones conservadoras. Mientras, la opositora Unión por un Movimiento Popular (UMP) acusó a los socialistas de estar en «permanente ambigüedad» sobre este asunto, al tiempo que recordó las numerosas ocasiones en las que el presidente, el primer ministro y el propio Valls se han mostrado favorables a la fecundación asistida para lesbianas.
Y es que durante toda la jornada se sucedieron las opiniones contradictorias de dirigentes socialistas. Mientras el el jefe del grupo parlamentario, Bruno Le Roux, dejó entrever que la decisión no estaba tomada, el diputado Erwann Binet, relator de la ley que legalizó en mayo pasado los matrimonios entre personas del mismo sexo, consideró que las parejas de lesbianas debían tener el mismo derecho que las heterosexuales.
Como se podía esperar, las asociaciones de homosexuales se declararon «decepcionadas» y «traicionadas» por el Ejecutivo socialista. La portavoz de LGTB, la principal asociación representante de la comunidad homosexual de Francia, Sylvie Fondacci, acusó al Gobierno de «ceder» a la presión de los «sectores conservadores», que no dejan de «acosar a los homosexuales». «No entendemos este cambio de postura que obligará a muchas lesbianas a acudir a otros países, como Bélgica o España, como si fueran clandestinas», aseguró a la cadena de televisión BFMTV.
