(Juan C. Sanahuja/Noticias Globales) A fines de abril pasado, el First-Tier Tribunal of the Charity Commission del Reino Unido, rechazó la apelación de Catholic Care que reclamaba no verse obligada a entregar niños en adopción a parejas de homosexuales. Catholic Care era la última agencia de adopción católica que quedaba en pie en Inglaterra y Gales.
En 2007, en virtud de la legislación “antidiscriminatoria” (Sexual Orientation Regulations, SOR’s) aprobada por el gobierno de Tony Blair, se exigió que las agencias de adopción católicas debían entregar niños a parejas homosexuales. “Graciosamente” el gobierno concedió una moratoria de dos años para que las agencias adaptaran sus reglamentos a la ley. De hecho, varias agencias católicas de adopción cerraron y otras se desvincularon de la Iglesia aceptando la nueva regulación legal, pero Catholic Care resistió.
Catholic Care llegó con su queja a la High Court of Justice que le dio la razón. La High Court consideró, de acuerdo a la ley vigente, que una organización de caridad podía restringir los beneficios de su actividad a determinadas personas, es decir, en este caso, dar en adopción niños solamente a parejas heterosexuales.
Cierre de Catholic Care
Sin embargo, el ente gubernamental que regula el funcionamiento de las organizaciones de beneficencia en Inglaterra y Gales, the Charity Comission, insistió en que si Catholic Care no atendía a parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones que a las parejas heterosexuales no podía seguir funcionando. Catholic Care apeló al tribunal administrativo, Tribunal of the Charity Commission, que le impuso entregar niños en adopción a homosexuales. Esta decisión del tribunal decretó el fin de esa centenaria organización católica de beneficencia.
Es de notar que entre sus argumentos el tribunal habla de la “amplia gama de opiniones sobre este tema que hay entre los católicos”, basándose en una carta de la organización pseudo católica Roman Catholic Caucus of the Lesbian and Gay Christian Movement. Otro motivo más para que la jerarquía de la Iglesia se decida a tomar medidas claras para deshacer la confusión sembrada por la herejía, eufemísticamente llamada disidencia católica.
La Conferencia Episcopal y la adjudicación de viviendas
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a través de sus asesores jurídicos, se dirigió al U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), rechazando el concepto de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, incluido por esa oficina del gobierno como requisito para la adjudicación de viviendas construidas con dinero del gobierno federal en colaboración con entidades de bien público.
La carta resalta que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género no está reconocida por ninguna ley del Congreso y que de aplicarse a la adjudicación de viviendas por parte de organizaciones religiosas, podría forzarlas a actuar en contra de sus creencias.
“Las organizaciones religiosas deben conservar la libertad que siempre han tenido para adjudicar viviendas de acuerdo con sus creencias religiosas, en particular cuando se trata de una pareja conviviente, ya sea una pareja de hecho heterosexual o una pareja homosexual”, dice la carta de la Conferencia Episcopal, añadiendo que la imposición ideológica referida a la no discriminación por identidad de género y orientación sexual, puede provocar que organizaciones con una larga y exitosa trayectoria en el ámbito de la adjudicación de viviendas, den por finalizada su colaboración con los programas de la HUD, entre otras cosas, causando un perjuicio a los ciudadanos necesitados de acceder a una vivienda digna.
La carta de la Conferencia Episcopal se inspira en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe “Algunas consideraciones acerca de la respuesta a propuestas legislativas sobre la no discriminación de las personas homosexuales” (23-07-1992), que expresamente trata de “la adopción de niños, la contratación de profesores, la necesidad de casas por parte de las familias auténticas, y las preocupaciones legítimas de los propietarios de casas al seleccionar a los potenciales arrendatarios”.
Condena a la Santa Sede por oponerse a la adopción de niños por parte de homosexuales
El 9 de mayo pasado, la Corte Suprema rechazó, sin hacer comentarios, la apelación de un grupo de católicos contra una declaración insultante hacia la Santa Sede del San Francisco Board of Supervisors, una especie de consejo municipal. En 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe indicó a las Catholic Charities de Boston y San Francisco que no debían entregar niños en adopción a parejas homosexuales.
Casi de inmediato, San Francisco Board of Supervisors, aprobó por unanimidad una declaración contra la Santa Sede, diciendo que la directiva que exigía a las agencias católicas ajustarse a la moral de la Iglesia no entregando niños en adopción a homosexuales, era “discriminatoria y difamatoria”. La declaración también arremetió contra el cardenal William Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y arzobispo emérito de San Francisco, instando al actual arzobispo y a las organizaciones católicas a “desobedecer las indicaciones discriminatorias del cardenal Levada”.
La organización católica Thomas More Law Center acudió a los tribunales reclamando la derogación de la declaración del Board of Supervisors. En 2006, un juez federal desestimó el caso, y, en 2010, el tribunal federal de apelaciones de San Francisco confirmó esa decisión. En febrero de 2011, Thomas More Law Center llevó la causa a la Corte Suprema, alegando que la declaración en cuestión constituía un ataque del Estado contra los ciudadanos católicos. El 9 de mayo, la Corte rechazó la demanda.
