(ABC/Efe) Tras cumplirse 7 meses de aplicación de la normativa, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no están ejecutando los «pilares básicos» que llevaron a su aprobación: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.
Andalucía sigue siendo la región que mejor está cumpliendo con la Ley, mientras que Madrid y Cataluña son las que más dificultades están presentando para convertir esta prestación en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado, ha informado en rueda de prensa Francisca García, vicepresidenta de ACAI.
El presidente de la Asociación, Santiago Barambio, ha explicado que la “libertad” que los decretos de desarrollo de la Ley otorgan a los Gobiernos autonómicos y el “escaso margen de maniobra” que reservan al Ejecutivo hacen “imposible” que se cumpla. Barambio, que ha expuesto este problema a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, ha pedido a su titular, Leire Pajín, que haga uso de la disposición que contienen los reglamentos para dictar “cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios” y ha reclamado a los gestores autonómicos que cumplan su obligaciones.
Tramitación previa, información, confidencialidad
Frente a Comunidades donde todo el proceso del aborto no dura más de una semana (País Vasco, Valencia, Murcia o Galicia), en otras como Cataluña, algunas provincias de Castilla León y Madrid puede prolongarse hasta tres semanas. Además, ha denunciado que en Cataluña, se están practicando abortos farmacológicos en los Centros de Atención Primaria, sin estar acreditados para ello,
Pese a que ACAI pidió que la información preceptiva fuese común, la normativa vigente obliga a las Administraciones autonómicas a suministrarla. Algunas, como la andaluza, no han sido capaces de distribuir regularmente los sobres mientras que la “ideologización” de la documentación se observa en Madrid, donde “culpabilizan a la mujer y la dirigen a organizaciones de signo claramente antielección”.
La confidencialidad también se ha complicado “tremendamente” con la nueva Ley y en Cataluña, Valencia o Madrid la afectada queda “identificada durante todo el proceso, y su intimidad, expuesta”.
Desplazamientos, inseguridad, renuncia a la gratuidad por agotamiento emocional
Según la vicepresidenta de ACAI, esto conduce a muchas mujeres a renunciar, “por agotamiento emocional” o por miedo a superar determinadas semanas de gestación, a la prestación gratuita. Las residentes en Navarra y La Rioja para abortar, ha denunciado, tienen que trasladarse a otras comunidades autónomas, porque no se les ofrece otra posibilidad, y algunas de determinadas provincias de Castilla y León (León, Salamanca, Segovia y Soria) tienen que abandonar no solo su provincia sino su región si quieren que la prestación les sea financiada públicamente.
Barambio ha hecho hincapié en la falta de definición del concepto “gestación” que sitúa “de nuevo” tanto a la mujer como al profesional en una situación de “inseguridad jurídica”, ya que la normativa ha dejado a la interpretación personal el momento desde el cual se inicia el embarazo.
Financiación pública e inseguridad
En ninguna Autonomía, salvo en Andalucía, se ha consolidado un modelo de concertación pública para la adjudicación del servicio, lo que fomenta la “desigualdad” y la “opacidad” en el acceso. Así, el porcentaje de intervenciones realizadas con financiación pública es muy alto, por ejemplo en Asturias, con más de un 90%, y en algunas provincias relativamente bajo, como el 15% en La Coruña.
La tendencia general media se va aproximando a un 60% de intervenciones financiadas públicamente y un 30% realizadas de manera privada, ha puntualizado el presidente de ACAI.
En algunos casos como el catalán la mujer tiene que adelantar el precio del aborto, lo que resulta muy difícil para mujeres que deciden abortar precisamente por carecer de recursos. En otras regiones, en cambio, se ha establecido un sistema de facturación directa de la clínica a la Consejería u hospital que, según Barambio, está “asfixiando económicamente” a los centros acreditados.
Autorización y acompañamiento
También se ha referido a los “conflictos” derivados de que las menores de 16 y 17 años tengan que contar con autorización paterna, sobre todo entre las inmigrantes que acceden a España con esas edades estando solas, “lo que convierte la prueba en impracticable”.
En cuanto a las españolas, ha apuntado que mayoritariamente acuden acompañadas a las clínicas mientras que, si no lo hacen, es precisamente porque temen sufrir “serios perjuicios”.
