(PpE/InfoCatólica) El citado Informe convertía el aborto en un “derecho”, una prestación sanitaria enmarcada en la “salud sexual y reproductiva” de las mujeres y consideraba que la objeción de conciencia de los médicos obstaculizaba de manera caprichosa “los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres. El Informe preveía igualmente mecanismos efectivos de control –persecución– del personal médico y sanitario, así como de los hospitales o instituciones que se negaran a practicar, participar o colaborar en abortos provocados.
El texto de la Resolución aprobada es el siguiente:
1. Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón.
2. La Asamblea Parlamentaria enfatiza la necesidad de afirmar el derecho a la objeción de conciencia junto a la responsabilidad del Estado de asegurar que los pacientes tienen un acceso adecuado a la atención sanitaria prevista por la ley. La Asamblea es consciente de que el ejercicio sin regulación de la objeción de conciencia puede afectar de modo desproporcionado a las mujeres, especialmente a las que tienen bajos niveles de renta o viven en zonas rurales.
3. En la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, la práctica de la objeción de conciencia está regulada de modo adecuado. Existe un marco legal claro y completo que garantiza que -en el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios- se respetan los intereses y derechos de quienes buscan un acceso a prestaciones sanitarias admitidas por la ley.
4.- A la luz de las obligaciones de los Estados miembros de asegurar el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias admitidas por la ley y de proteger el derecho a la protección de la salud, así como su obligación de asegurar el respeto al derecho a la libertad ideológica, de conciencia y religión de los profesionales sanitarios, la Asamblea invita a los Estados miembros del Consejo de Europa a desarrollar marcos legales claros y completos que definan y regulen la objeción de conciencia en relación con los servicios médicos y de salud, los cuales:
4.1. garanticen el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación en el procedimiento en cuestión:
4.2. aseguren que los pacientes son informados de cualquier objeción, en un plazo adecuado, así como que son derivados a otro profesional sanitario.
4.3. aseguren que los pacientes reciben tratamiento adecuado, en particular en casos de emergencia.
Para Leonor Tamayo, responsable de Relaciones Internacionales de Profesionales por la Ética, “se trata de una gran noticia, fruto de la colaboración de una verdadera red europea de personas e instituciones comprometidas con el derecho a la vida y la salvaguarda de la libertad religiosa y de conciencia. Este hecho nos enseña que es posible trabajar unidos por los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, fundamentos de la construcción europea. Y obtener frutos de este trabajo”. Tamayo recuerda que las Recomendaciones del Consejo de Europa no son vinculantes pero se utilizan frecuentemente como preámbulo de leyes y normas de rango nacional.
El voto de los parlamentarios españoles, 5 a favor y 4 en contra
Una de las instituciones que ha contribuido al éxito de la votación de hoy en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha sido el Observatorio Europeo por la Dignidad, una organización no gubernamental con sede en Bruselas que interviene en las instituciones europeas a favor de la familia, la defensa de la vida y las libertades fundamentales. Su directora ejecutiva, Sophia Kuby, denunció las implicaciones del Informe McCafferty en un desayuno de trabajo convocado por Profesionales por la Ética en Madrid el pasado 23 de septiembre.
A través de HazteOir.org, los representantes españoles en el Consejo de Europa han estado recibiendo miles de correos electrónicos en los últimos días de ciudadanos que les reclamaban un rotundo rechazo a las pretensiones del informe McCafferty. De los parlamentarios españoles votaron en contra de la resolución los socialistas Fátima Aburto Baselga y Arcadio Díaz Tejera, así como Carmen Quintanilla Barba, del PP, y Lluis María de Puig i Olivé. Dieron su voto a favor los parlamentarios del PP Pedro Agramunt Font de Mora, Agustín Conde Bajén, Blanca Fernández-Capel Baños y Gabino Puche Rodríquez-Acosta, así como Jordi Xuclá i Costa, de CiU.
