(Agencias) El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, defiende que el templo «nunca» fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en 2006.
Según el informe, presentado hoy en el Ayuntamiento, el análisis histórico realizado por la comisión «demuestra» que la Iglesia «no tiene, ni puede tener título de propiedad alguno» sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba «inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral'» en el 2006.
Además, el informe considera «injusta» la situación actual y «lesiva para los intereses de la ciudadanía» y propone una serie de actuaciones para «solucionar el conflicto planteado» tras la inmatriculación.
Entre ellas, se plantea como «más apropiado» «recabar los apoyos parlamentarios necesarios» para llevar a cabo un «recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional», con el objetivo de «anular» la inscripción de la «Santa Iglesia Catedral».
En caso de no prosperar esta vía, el informe sugiere que el Ayuntamiento de Córdoba «podría hacer uso de los tribunales ordinarios» en un procedimiento «más complejo», ya que la institucional municipal «no debe reclamar la propiedad del bien».
Sin respaldo histórico
Respecto al análisis histórico, el informe indica que la Mezquita de Córdoba «carece de antecedentes cristianos documentados», se origina como un proyecto arquitectónico «ligado a la dinastía Omeya» y fue un edificio de propiedad «estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus».
Añade que, tras la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236, el edificio «continua ligado al Estado», en este caso «a la Corona de Castilla», y existen «numerosos indicios» que llevan a pensar que «no se produjo una donación» del monarca a la Iglesia.
De esta manera, los expertos consideran que el «uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa», y en este caso «no existe donación expresa».
En este sentido, ya en el ámbito jurídico, los expertos señalan que, al tratarse la Mezquita-Catedral de un «bien público», no es posible que la Iglesia «apele al mecanismo de usucapión» (adquisición de una propiedad mediante su ejercicio durante el tiempo previsto por la ley), ya que la «posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad».
Asimismo, el informe señala que admitir que el templo es de la Iglesia supondría reconocer la propiedad a una institución «regida por normas de un Estado distinto al español», en referencia al Vaticano.
Entre las actuaciones en el ámbito patrimonial, el informe denuncia la existencia de «graves carencias» y propone la creación de un «Museo de la Mezquita», en un edificio próximo de propiedad estatal, para «paliar algunas de estas deficiencias».
Por ello, los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al «sistema de patronato», liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.
El informe ha sido elaborado por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.
Comunicado del Cabilo de la Catedral de Córdoba
Ante las afirmaciones recogidas en el informe elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba respecto a la propiedad del Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba y tras una primera lectura del documento, el Cabildo Catedral quiere señalar que:
- Numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la iglesia desde 1236.
- En 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado. En ese sentido, la Dirección General de Patrimonio recoge lo siguiente «la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico (…) así resulta de otros documentos incorporados al expediente del Convenio de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento, que se cita como ´Catedral de Córdoba, antigua Mezquita´».
- Llama la atención que este documento presentado hoy incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo cuando un informe de la asesoría legal del propio consistorio reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba.
- Además, el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida.
- También a nivel internacional, la Comisión Europea se pronunció en 2016 afirmando que no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario del Conjunto Monumental Mezquita Catedral es la Iglesia Católica. El informe no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública y basa sus conclusiones en argumentos puramente ideológicos. Del mismo modo, tampoco aporta fuentes documentales sobre «el conjunto de realidades» en los que basan sus hipótesis.
- Por último, el Cabildo Catedral hace un llamamiento a la responsabilidad a los políticos e instituciones para que no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana.
