(Actuall/InfoCatólica) La Plataforma ha entregado a los Grupos Parlamentarios mayoritarios un documento en el que explica que la proposición de Ley de Unidos Podemos contra la discriminación del colectivo LGTBI vulnera derechos fundamentales. Denuncia que se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad ideológica, religiosa y de expresión, así como al derecho de educación, el de igualdad, o la presunción de inocencia.
La Plataforma por las Libertades integra a más de cien entidades educativas y asociaciones de padres de familia. José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Francisco Martínez y Juan Antonio Perteguer, en representación de la Plataforma se han reunido con miembros del PP, PSOE, PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN). En la asociación también participa el exministro Jaime Mayor Oreja y tanto Azpiroz como Méndez son ex parlamentarios populares que en su momento se opusieron a la Ley del Aborto impulsada por el PP. Además, ante la imposibilidad de reunirse con representantes de Ciudadanos, les han hecho llegar sus propuestas, así como a Unidos Podemos.
En el documento piden que rechacen dicho texto por considerar que vulnera derechos fundamentales y libertades públicas. Además denuncian que se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad ideológica, religiosa y de expresión, el derecho de educación, el derecho a la igualdad, la presunción de inocencia, etc.
«Este texto lejos de perseguir la no discriminación, (finalidad que obviamente compartimos), trata de imponer una ideología sin base científica a base de sanciones, dirigida a adoctrinar de forma totalitaria desde el Estado, en especial a los más pequeños», ha denunciado Lourdes Méndez.
«Hemos pedido al grupo parlamentario popular que, en coherencia a la enmienda a la totalidad que han presentado, trasladen esa posición política con las reformas legales necesarias a todas las Comunidades Autónomas, especialmente donde gobiernan, ya que se están vulnerando los mismos derechos fundamentales que razonablemente han denunciado en su enmienda a la totalidad», ha afirmado.
En el documento de la Plataforma se han destacado 12 puntos que se deberían suprimir por vulnerar los derechos fundamentales entre ellos, «la prohibición de terapias que pretendan revertir la orientación sexual», el hecho de que «la documentación administrativa se adecuará a la diversidad sexual y de género manifestada», que todos los menores de edad estén capacitados por sí mismos «para determinar su identidad y expresión de género y a utilizar el nombre que elijan» y que a partir de la pubertad (niñas a los 8 y niños a los 9) puedan «por sí mismos otorgar consentimiento para el bloqueo hormonal o tratamiento hormonal cruzado».
Otros puntos a eliminar serían que «en los procedimientos administrativos se invierta la carga de la prueba» o que las personas víctima de violencia intragénero puedan «acceder a los derechos previstos para las mujeres víctimas de la violencia de género -los varones no heterosexuales sí podrían sufrir violencia doméstica de sus parejas-.
Los representantes de la Plataforma se han mostrado también agradecidos por haber sido recibidos por los diferentes Grupos Parlamentarios a los que han hecho llegar su preocupación, que es compartida por una parte importante de la sociedad civil.
