(Actuall) A principios de esta semana la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, adelantaba en rueda de prensa que se habían detectado trabas burocráticas por parte del Ayuntamiento de Madrid para que la VI Marcha por la Vida no llegue a celebrarse. «La Marcha por la Vida saldrá a la calle sí o sí. Derecho a Vivir, sigue estando presente. Seguiremos saliendo cada año a las calles de España para denunciar la desidia de los gobiernos y, en este caso, el incumplimiento claro del artículo 15 de la Constitución», declaró la doctora Joya.
Y efectivamente, el consistorio dirigido por Manuela Carmena, ha terminado poniendo trabas a los derechos de manifestación y a la libertad de expresión, en este caso de Derecho a Vivir, impidiendo la colocación del escenario frente al Tribunal Constitucional.
Las incomprensibles tramas de Carmena
La prueba de que se trata de una iniciativa antidemocrática contra Derecho a Vivir y contra la VI Marcha por la Vida, es que es la única de las convocatorias anunciadas para el domingo 15, en diferentes puntos de la capital madrileña, a la que el Ayuntamiento ha puesto trabas.
Otras convocatorias anunciadas para el mismo día 15 de noviembre, se han tramitado en iguales plazos y cuentan con el beneplácito de las concejalías de distrito con competencias en cada uno de los casos.
Igualmente, la Delegación de Gobierno comunicó la aprobación del recorrido de la VI Marcha por la Vida que este año concluye frente al Tribunal Constitucional. El recorrido implica la ocupación de las vías desde Guzmán el Bueno (esquina Avda. Reina Victoria) y calles aledañas hasta alcanzar el Tribunal Constitucional en la confluencia de Isaac Peral con Doménico Scarlatti.
En este punto es donde la concejalía del Distrito de Moncloa impide la ubicación del escenario y la infraestructura necesaria para las actividades programadas en la VI Marcha por la Vida en las que la organización convocante lleva meses trabajando con la implicación de centenares de personas y voluntarios. Ciudadanos de Madrid, en definitiva, que desean ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, como en ocasiones anteriores con gobiernos de diferente signo político.
