El 4 de agosto pasado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció que acaba de crear un equipo móvil para emergencias que actuará en casos controversiales de aborto no punible, y un consultorio para asistir con medicación a las víctimas de hasta 12 semanas de gestación. El anuncio se realizó al inicio de una ronda de capacitaciones a equipos de salud que recorrerá seis universidades nacionales.
El Ministro de Salud de la Provincia, doctor Alejandro Collia, precisó que «se ponían trabas en el acceso a los servicios de salud, un derecho elemental para nuestra gestión, que es la del gobernador Daniel Scioli». Se aclaró también que esas «trabas» están especialmente relacionadas a que «si todos los médicos de un hospital provincial presentaran objeción de conciencia, es decir, si se negaran a efectuar un aborto no punible, se acudirá al equipo móvil».
Uno de los dilemas que se planteó esa mañana en la capacitación fue: ¿qué es más importante? ¿priorizar la objeción de conciencia de los médicos o el derecho a la atención de la salud de una mujer violada?». El Ministro Collia dijo: «Para nosotros este dilema debe cerrarse definitivamente, y que todos los derechos sean respetados; por eso apelamos a la conformación de un equipo de emergencias móvil que resuelva los casos controversiales».
Sorprendidos por estas declaraciones y acciones abortistas del gobierno provincial, queremos recordar y confirmar la enseñanza de la Iglesia: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. En la decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, intervienen con frecuencia otras personas. Ante todo, puede ser culpable el padre del niño… No se pueden olvidar las presiones que a veces provienen de un contexto más amplio de familiares y amigos. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto: no hay duda de que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. También son responsables los médicos y el personal sanitario cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida.
Pero la responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto y, en la medida en que haya dependido de ellos, los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos. Una responsabilidad general no menos grave afecta tanto a los que han favorecido la difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad, como a quienes debieron haber asegurado –y no lo han hecho– políticas familiares y sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con particulares dificultades económicas y educativas. En este sentido, el aborto va más allá de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca, asumiendo una dimensión fuertemente social: es una herida gravísima causada a la sociedad y a su cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores. (Cfr. Evangelium Vitae, 58-59)
Nunca se puede considerar una «traba» el ejercicio del derecho democrático y humano de la objeción de conciencia. Especialmente cuando planteles enteros de profesionales de la salud lo ejercitan y expresan con valentía y convicción a partir de evidencias científicas, de principios y valores.
Nunca se puede considerar «atención a la salud» a las acciones dirigidas a eliminar la vida de un ser humano aunque aún no haya nacido. Todos los derechos deben ser respetados, es cierto; pero causar la eliminación/muerte de la vida de un ser humano vulnerable, indefenso e inocente no es un derecho. No es una acción progresista ni acorde a la dignidad e inviolabilidad de la vida humana.
Invitamos vivamente a las autoridades competentes que promuevan iniciativas a favor de la familia y la vida, a favor de los más vulnerables, a favor de soluciones a los problemas graves de la vida acordes a una antropología y ecología verdaderamente humana. Necesitamos más educación y acompañamiento para los varones a fin que vivan responsablemente su sexualidad y logremos eliminar el abominable vicio y violencia de las violaciones. Necesitamos más educación y acompañamiento a iniciativas verdaderamente justas y respetables que tutelen a la mujer en todas las dimensiones de su vida y corporeidad.
Como ciudadanos tenemos derecho a luchar por una Argentina libre de leyes y acciones gubernamentales que tengan como objetivo justificar y proteger la eliminación de la vida de cualquier ser humano. Tenemos el derecho a disentir de leyes inicuas que significa, injusto, contrario a la equidad. Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terrris (1963) decía: «El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa».
Nunca más, que un grupo de seres humanos, especialmente si ejercen el poder político legítimamente adquirido, autoricen, faciliten y ejecuten la eliminación de la vida de otros seres humanos.+
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, Mons. Nicolás Baisi y Mons. Alberto Bochatey OSA, obispos auxiliares
