(Efe) Al final, la causa abierta contra el sacerdote ha acabado desmontada. Ni hay denuncia de abusos sexuales ni la hay tampoco de la supuesta apropiación indebida de 185.000 euros de la parroquia, porque la diócesis de Tarazona -que es la que debería actuar judicialmente si se considera perjudicada- dejó claro hace meses que no iba a emprender acciones legales contra este párroco, de avanzada edad, que tras ser acusado fue arropado por los vecinos de la localidad y que contó igualmente con el apoyo del Obispado.
De todo este caso, los que sí quedan como imputados son los miembros de un clan familiar que estaba en el centro del relato que desencadenó la detención del párroco. Él queda libre y, en realidad, acaba apareciendo como víctima de los miembros del clan familiar llamado «Zapato veloz», que están acusados de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
Acusado de cinco delitos
Florencio Garcés, que ha sido párroco de Borja durante cuarenta años, llegó a ser acusado por la Guardia Civil de hasta cinco delitos de grueso calibre (abusos sexuales continuados, apropiación indebida, coacciones, blanqueo de capitales y simulación de delitos), y fue considerado inicialmente por el juzgado como un presunto delincuente con riesgo de fuga.
