La polémica en torno al uso de la catedral de Santa Ana de Las Palmas como escenario de una actuación multitudinaria de desnudos durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad plantea una cuestión que va mucho más allá de la administración eclesiástica. Afecta a la naturaleza misma de la tolerancia, al fin de las instituciones y a los deberes de quienes tienen encomendada su custodia.
Mucho se ha hablado de inclusión, diversidad y diálogo. Mucho menos se ha hablado del derecho de las instituciones a preservar su propia identidad. Ese silencio es revelador.
La tolerancia nunca ha significado que toda institución deba renunciar a los bienes que definen su existencia. Este es uno de los principios más antiguos de la filosofía del derecho. Toda institución existe para un fin. El derecho protege a las instituciones no simplemente porque existan, sino porque sirven a bienes que la sociedad considera dignos de protección. Una catedral no es, por tanto, una plaza pública más. Es un lugar sagrado, reconocido legalmente como tal a través de la libertad religiosa y de la autonomía institucional reconocida a las comunidades religiosas. Su dignidad deriva de su finalidad.
Precisamente por eso, esta polémica no versa fundamentalmente sobre la libertad de expresión. Quienes organizaron el acto gozaban de todo el derecho a expresar sus opiniones. La cuestión es otra: ¿debe la principal iglesia católica de una diócesis entera convertirse en el escenario simbólico de un movimiento ideológico cuyas premisas antropológicas difieren profundamente de las que profesa la propia Iglesia?
Una sociedad genuinamente pluralista debería responder que no; no porque una institución merezca un privilegio jurídico sobre otra, sino porque el pluralismo presupone el respeto mutuo entre instituciones. Respetar la diversidad significa permitir que cada institución conserve su propia identidad, en lugar de transformar todo espacio simbólico en una plataforma neutra al servicio del movimiento que en cada momento lo ocupe.
Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, esto refleja una incomprensión de los límites de la tolerancia. La tolerancia deja de ser una virtud cuando se convierte en indiferencia hacia el bien mismo que se tiene el deber de proteger. Todo cargo lleva consigo obligaciones correlativas. Los jueces deben defender la justicia. Los rectores de universidad deben defender la docencia y la investigación académicas. Los padres deben defender a sus hijos. De igual modo, a los obispos se les confía la defensa del carácter sagrado de la Iglesia y de sus lugares de culto.
La virtud tradicionalmente asociada a semejante responsabilidad es la fortaleza. Aristóteles entendía la fortaleza como la disposición a soportar dificultades en aras de lo noble. Tomás de Aquino precisó el concepto al explicar que la fortaleza permite perseverar en la búsqueda del bien pese al temor o a la presión externa. La prudencia sin fortaleza degenera fácilmente en acomodación. El diálogo sin fortaleza se convierte en indiferencia. La tolerancia sin fortaleza se convierte en rendición.
Por eso muchos fieles han interpretado la respuesta del obispo no como un ejercicio de prudencia, sino como una falta de valentía pastoral. Se comparta o no ese juicio, nace de una expectativa comprensible: que el pastor a quien se ha confiado el cuidado de una catedral defienda públicamente su identidad sagrada cuando esa identidad se convierte en objeto de apropiación ideológica.
La imagen bíblica de los «pastores mudos» de Isaías (56,10) conserva una vigencia sorprendente. El profeta no condena a quienes se equivocan, sino a quienes callan cuando es necesario hablar. A lo largo de la historia cristiana, las crisis más graves han estado marcadas menos por la traición activa que por unos gobernantes vacilantes, poco dispuestos a asumir el coste de defender la verdad.
Cristo reservó algunas de sus palabras más duras no para sus enemigos, sino para aquellos cuya conducta escandaliza a los fieles: «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar» (Mt 18,6). La advertencia se dirige sobre todo a quienes tienen encomendada la autoridad. El primer deber de un obispo no es preservar su imagen pública ni evitar la polémica, sino proteger lo sagrado y fortalecer la fe de quienes están a su cuidado.
La ironía está en que la tolerancia ilimitada acaba destruyendo la diversidad que dice proteger. Cuando se espera de toda institución que se abra indiscriminadamente a cualquier uso simbólico o ideológico, la identidad institucional desaparece. Una catedral deja de ser una catedral en algún sentido real si quienes tienen su custodia ya no distinguen entre el culto sagrado y la representación ideológica.
La lección de Las Palmas se extiende, por tanto, mucho más allá de un obispo o de un acontecimiento. Una sociedad no pierde su identidad solo por la persecución. A veces la pierde porque quienes fueron designados para defenderla dejan calladamente de creer que merece la pena defenderla.
Si estos callan, gritarán las piedras (Lc 19,40).
Diego Poole
Publicado originalmente en IusNaturalis
