Una mirada cristiana sobre la segunda vuelta de la elección nacional en Uruguay

El próximo 24 de noviembre se enfrentarán dos proyectos políticos muy diferentes entre sí.

Daniel Iglesias Grèzes

El domingo 24 de noviembre de 2024 tendrá lugar en Uruguay la segunda vuelta de la elección nacional. En esta ocasión los uruguayos tendremos que optar entre la fórmula presidencial del Partido Nacional (PN), con Álvaro Delgado y Valeria Ripoll como candidatos a Presidente de la República y Vicepresidente de la República respectivamente, y la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), con Yamandú Orsi y Carolina Cosse como respectivos candidatos a esos mismos cargos. El PN, un partido de centro, lidera el actual gobierno de coalición, mientras que el FA, una coalición de izquierda, es el principal partido de la oposición. A continuación expondré tres razones por las que creo que los cristianos uruguayos deberíamos votar por la fórmula Delgado-Ripoll y no por la fórmula Orsi-Cosse.

1. La primera y principal razón es que el FA es desde hace décadas el mayor impulsor en Uruguay de la revolución social y política anticristiana que está en curso en gran parte del mundo, y especialmente en Occidente, mientras que el PN es la mayor fuerza política contraria a esa corriente. Durante los tres gobiernos del FA (2005-2020), con el apoyo casi unánime de esa fuerza política, se legalizaron en Uruguay el aborto, el matrimonio homosexual, la reproducción humana artificial, la producción y venta de marihuana, y otras cosas similares. Por cierto, el FA mantiene esa misma tesitura, como se demostró en 2022, cuando todos sus Diputados votaron a favor de la legalización de la eutanasia.

Si bien es cierto que el actual gobierno ha hecho poco o nada para revertir la llamada “nueva agenda de derechos” del FA (o sea su tremenda embestida contra el derecho humano a la vida y los derechos naturales del matrimonio y de la familia), al menos el PN no ha seguido “avanzando” en esa línea tan destructiva. En 2022 la gran mayoría de los Diputados del PN votó contra el proyecto de ley de eutanasia, y este año el PN decidió no poner a votación dicho proyecto en el Senado. Aunque casi no se ha hablado de estos temas en la actual campaña electoral, no hace falta mucha perspicacia para pronosticar que un nuevo gobierno del FA volvería a pisar el acelerador de la citada revolución antropológica, mientras que un nuevo gobierno del PN al menos procuraría mayormente mantener el statu quo en la materia.

2. La segunda razón es que la ideología marxista, obviamente incompatible con la fe cristiana, sigue teniendo una gran influencia en el FA, sobre todo por medio de tres de los integrantes principales de esa coalición de izquierda: el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). El MLN-T es el alma mater del sector mayoritario del FA: el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por el ex Presidente José Mujica, un ex guerrillero tupamaro. Esa influencia marxista se manifiesta de muchas formas diferentes, entre las cuales cabe destacar la política exterior. Sin ir más atrás en la historia, para poner en duda las convicciones democráticas del FA basta recordar sus estrechas y constantes relaciones de amistad y colaboración con los gobiernos dictatoriales de Cuba y Venezuela, entre otros. El FA integra el Foro de San Pablo junto con el Partido Comunista de Cuba, el Partido Socialista Unido de Venezuela y muchos otros partidos de extrema izquierda (y algunos partidos de izquierda moderada). Lula y Fidel Castro fundaron el Foro de San Pablo en 1990 para tratar de revitalizar el proyecto político marxista en América Latina, tras el duro revés que le infligió la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental en 1989 (seguida en 1991 por la disolución de la Unión Soviética).

3. La tercera razón es que la ideología del FA lo lleva a impulsar políticas estatistas que a menudo tienden a marginar o anular el principio de subsidiariedad de la doctrina social cristiana. Éste, a la vez que complementa el principio de solidaridad, garantiza que las personas, las familias, las empresas y las demás asociaciones intermedias conserven sus propios ámbitos de libertad y responsabilidad. Actualmente la mayor expresión de esta tendencia estatista del FA es su intención, explicitada en su programa de gobierno, de impedir que empresas con fines de lucro formen parte del sistema de seguridad social.

El pasado 27 de octubre, junto con la primera vuelta de la elección nacional, se realizó también un plebiscito sobre una propuesta de reforma de la Constitución Nacional planteada por la central sindical PIT-CNT, dentro de la cual la fuerza dominante es el Partido Comunista. Dicha reforma constitucional incluía la supresión de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), la que habría implicado la confiscación por parte del Estado de los US$ 20.000 millones administrados por las AFAP. Esos fondos pertenecen a cientos de miles de trabajadores uruguayos. Esa reforma, que, según casi todos los economistas, incluso más de 100 economistas del FA, habría tenido consecuencias muy negativas para la economía uruguaya, fue rechazada netamente por la ciudadanía: sólo fue apoyada por el 38% de los votantes, pero ese porcentaje incluyó a la gran mayoría de los votantes del FA.

Cabe destacar que, aunque los dos integrantes de la fórmula presidencial del FA expresaron su oposición a esa reforma constitucional, lo hicieron de un modo tibio. No hicieron una verdadera campaña contra ella, como lo ameritaba la gravedad del asunto. Trataron de hablar de ese tema lo menos posible y no exhortaron de un modo fuerte y claro a todos los partidarios del FA a militar y votar en contra. Es muy difícil evitar la conclusión de que, en esta instancia crucial para el país, antepusieron los intereses políticos de su partido al bien común de la nación.

Por otra parte, después de la derrota de la izquierda radical en ese plebiscito, Alejandro Sánchez, elegido en octubre como primer senador del MPP (sector que nominalmente no apoyó la reforma en cuestión) volvió a plantear la idea de nacionalizar las AFAP. Además, todo el FA insiste en que el 38% que votó a favor de la reforma constitucional debe ser escuchado en un futuro “diálogo social” para reajustar el sistema de seguridad social. No parece tener en cuenta que la ciudadanía ya escuchó y consideró su postura y la desechó por amplio margen. Al igual que en otros plebiscitos (sobre la ley de caducidad, sobre el voto epistolar, etc.) en los que sus propuestas fueron rechazadas por el electorado, la actitud del FA parece ser la de no inmutarse por la derrota y seguir insistiendo hasta que de un modo u otro sus ideas salgan victoriosas. Tampoco esto parece muy democrático, ¿no?

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