La identidad familiar en el contexto social (y III)

6. El reconocimiento público de la importancia de la familia

El reconocimiento público de la importancia de la familia pide que “no se la equipare con otras realidades que no tienen la misma identidad”. “Tratar como iguales realidades desiguales es una injusticia”.

No es asimilable, por ejemplo, una “pareja de hecho” a una familia fundada en el matrimonio. El matrimonio entraña un compromiso público ante la sociedad, que lleva consigo derechos y obligaciones, mientras que una “pareja de hecho” no asume ninguna responsabilidad ante nadie. En comparación con cualquier otro modo de convivencia, la sociedad recibe de la familia una serie de bienes que han de ser valorados; entre ellos, la acogida y la educación de una descendencia . No cabe, en este sentido, una pretendida “neutralidad” que equiparase socialmente realidades distintas.

Como ha afirmado Benedicto XVI, “todo lo que contribuye a debilitar la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, lo que directa o indirectamente dificulta su disponibilidad para la acogida responsable de una nueva vida, lo que se opone a su derecho de ser la primera responsable de la educación de los hijos, es un impedimento objetivo para el camino de la paz” .

7. Buscar la defensa explícita de la vida en las leyes que configuran nuestro ordenamiento social

Se debe buscar, para construir una cultura de la familia y de la vida, la defensa explícita de la vida humana en las leyes que configuran nuestro ordenamiento social .

Recientemente, la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española hacía pública una “Nota” en la que animaba a promover una cultura de la vida, abogando por la abolición de la ley del aborto:

“aun considerando como un gran avance el cese de la práctica ilegal del aborto, la acción genuinamente moral y humana sería la abolición de la «ley del aborto», que es una ley injusta. Juan Pablo II nos dijo en Madrid en 1982: «Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad»[…] La ley del aborto debe ser abolida, al tiempo que hay que apoyar eficazmente a la mujer, especialmente con motivo de su maternidad, creando una nueva cultura donde las familias acojan y promuevan la vida. Una alternativa importante es la adopción. Miles de esposos tienen que acudir a largos y gravosos procesos de adopción mientras en España más de cien mil niños murieron por el aborto durante el año 2006” .

Por lo demás, los Obispos recuerdan que “ningún católico, ni en el ámbito privado ni público, puede admitir en ningún caso prácticas como el aborto, la eutanasia o la producción, congelación y manipulación de embriones humanos. La vida humana es un valor sagrado, que todos debemos respetar y que las leyes deben proteger” . Esta defensa de la vida, que se remite en última instancia a la ley moral natural, no obliga sólo a los católicos, sino que su urgencia puede ser compartida por toda persona de recta conciencia.

8. La intervención política en favor de la familia

Se debe procurar que las leyes e instituciones del Estado sostengan y defiendan los derechos y los deberes de la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica señala algunos ámbitos en los que se manifiesta el deber de la comunidad política de honrar a la familia, de asistirla y de asegurar sus derechos:

“La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente:
— la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas;
— la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar;
— la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios;
— el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar;
— conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares;
— la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc.;
— la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles (cf FC 46) ”.

9. Conclusión

En el contexto social actual, defender y promover la familia y la vida humana es una tarea que se nos presenta como “un camino largo, pero cargado de esperanza en la construcción del futuro”. Un camino que es preciso recorrer, personal, eclesial y socialmente. El esfuerzo sería impracticable sin una verdadera conversión personal al Evangelio de Jesucristo, sabiendo con certeza que Él es el Camino, que Él es la Verdad y que Él es la Vida verdadera, de la que están llamados a participar todos los hombres.

Conciencia cristiana y responsabilidad ciudadana han de aunarse en cada uno de nosotros. Necesitamos, en primer lugar, formarnos adecuadamente, acudiendo al Magisterio de la Iglesia, que nos ofrece una enseñanza profunda y razonable. Y necesitamos también ejercer, sin dejar de lado la fe, nuestras responsabilidades como ciudadanos aportando a los demás, con verdad y caridad, con firmeza y tolerancia, aquello que sabemos que es lo mejor para todo hombre, porque hemos experimentado que es lo mejor para nosotros.

La fe es un don precioso que ha de fructificar en nuestras vidas, sin que podamos relegar esos frutos al ámbito estrictamente privado. Una sana democracia que valore la libertad religiosa ha de mostrarse dispuesta a acoger las propuestas que broten de la vivencia religiosa de los ciudadanos; también de los católicos.

Como ha dicho Benedicto XVI en la ONU: “Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos –su fe– para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos asociados con la religión necesitan protección sobre todo si se los considera en conflicto con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan la construcción del orden social” .

Al promover la cultura de la familia y de la vida contribuiremos eficazmente en la construcción del porvenir de nuestra civilización, ya que impulsaremos lo que es conforme a la voluntad de Dios y, en consecuencia, lo que es más conforme con la recta razón, con la buena voluntad y con el auténtico progreso del hombre.

Guillermo Juan Morado.