¿Exención de los religiosos?

El “exento” es aquel que se libra, que se desembaraza de cargas, obligaciones, cuidados o culpas. La “exención”, en el vocabulario jurídico-eclesiológico, hace referencia a “un privilegio legal por el que un sujeto, o sujetos, son puestos fuera de la jurisdicción de un superior bajo el que normalmente estarían” (“Exención”, Diccionario de Eclesiología, dir. C. O’Donnell – S. Pié Ninot, Madrid 2001, 425-426, 425). Un “privilegio” es siempre una concesión, una merced, una gracia.

En la Iglesia, históricamente, los religiosos, los que han profesado en órdenes y congregaciones, han gozado – y gozan aún – de este privilegio. Aunque al principio los religiosos estaban sujetos al Obispo, poco a poco, por sucesivas concesiones de los Papas, se fueron “independizando” de este dominio. De este tema se ocuparon, por señalar algunos hitos significativos, los concilios de Letrán – el quinto – y de Trento.

Para el Vaticano II la razón de ser de la exención está en la utilidad común de toda la Iglesia. Sólo el Papa, como primado de la Iglesia universal, puede eximir a los religiosos de la sujeción a los Obispos diocesanos. Pero no por cualquier causa, o caprichosamente, sino en orden a la “utilidad común”; es decir, al bien de la Iglesia universal. Es comprensible que la atención a las misiones o la dedicación a obras específicas de apostolado exige una agilidad y una disponibilidad que, quizá, no sea fácilmente compatible con la inserción en el programa – necesariamente local – de una diócesis.

Sin embargo, el Obispo diocesano – que no rige su diócesis como vicario del Papa, sino con potestad propia – no pierde sus atribuciones. El Código de Derecho Canónico prevé el consentimiento del Obispo diocesano para erigir una casa de un instituto religioso (c. 611); señala explícitamente que “los religiosos están sujetos a la potestad de los Obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto, en aquello que se refiere a la cura de almas, al ejercicio público del culto divino y a otras obras de apostolado” (c. 678); así como que “las actividades encomendadas a religiosos por el Obispo diocesano quedan bajo la autoridad y dirección de éste” (c. 681). En teoría, todo está claro. En la práctica, puede ser más difícil, especialmente si el diálogo y el acuerdo entre los Obispos y los Superiores Mayores no es perfecto.

En una diócesis, le corresponde al Obispo coordenar las obras de apostolado. Todas ellas: las oficialmente diocesanas, las de los religiosos, las de los nuevos movimientos. En particular, en lo que se refiere a la “cura de almas”; por ejemplo, a la atención pastoral en una parroquia, los religiosos han de seguir obedientemente las indicaciones de los Obispos. Máxime cuando, si son párrocos o vicarios, no sólo les manda, sino que también les paga.

Los religiosos tienden a ser más carismáticos. Los Obispos, obviamente, más jerárquicos. Pero “carisma” y “poder” – es decir, servicio de autoridad – no pueden estar enfrentados en la Iglesia. La inmensa mayoría de los religiosos cumplen a la perfección su papel. Los que son sacerdotes y rigen parroquias, son unos sacerdotes diocesanos más – no seculares, pero sí religiosos - , con los que se puede contar para todo.

Pero pecaríamos de “políticamente correctos” si no invitásemos a reflexionar sobre el sentido y los límites de la exención. Lo que en un momento de la historia, o en unos determinados supuestos, ha estado justificado, no tiene por qué estar justificado siempre ni en cualquier supuesto. La “legitimidad” de la exención hay que ganársela día a día. Como lo hace la mayor parte de los religiosos. Quizá no siempre – se oye decir - todos.

Guillermo Juan Morado.