CIUDAD DE BUENOS AIRES, PROYECTO DE SALUD REPRODUCTIVA
Por Juan C. Sanahuja
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Salud, está elaborando un proyecto de ley de Salud Reproductiva que viola los derechos humanos. El texto del proyecto unifica los proyectos de la Diputada Clorinda Yelicic, (ALIANZA-FREPASO), 637-D-98 de la Diputada Liliana Chiernajowsky (ALIANZA-FREPASO), 709-D-98; de la Diputada Marcela Larrosa (ALIANZA-UCR), y el 4737-D-98 de la Diputada Adriana Zaccardi (ALIANZA-FREPASO), todos sobre la creación de programas de salud reproductiva y procreación responsable.
La ALIANZA cuenta con mayoría propia en la Legislatura de Buenos Aires, y desde hace semanas, las encuestas la dan a la cabeza para las elecciones presidenciales de fin de año.
EL PROYECTO:
a) Dispone una amplia variedad de acciones: información, registros, estudios, controles, prescripción y entrega de métodos anticonceptivos. Implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo, evaluación periódica de los ciudadanos usuarios de anticonceptivos. Capacitación de agentes de salud en "perspectiva de género". Campañas educativas y de estrategias de comunicación en salud reproductiva para adolescentes.
b) Crea un Consejo especial para seguimiento del programa, para realizar un verdadero proceso de reingeniería cultural y social.
POR ESO, EL PROYECTO
1) VULNERA EL DERECHO A LA VIDA
El proyecto vulnera el derecho a la vida, porque incluye entre los medios anticonceptivos a verdaderos abortivos: el DIU y los contraceptivos hormonales, ya sea en su versión "común" o en su versión de "anticoncepción postcoital" o de "emergencia". Además, deja la puerta abierta para incorporar al programa otros productos químicos como la RU-487, aprobada en todos los países de la Unión Europea, y que saldrá a la venta, en los próximos seis meses, en Canadá.
2) VULNERA EL DERECHO DE LOS PADRES DE EDUCAR A SUS HIJOS
a) El proyecto establece que "son destinatarios de la presente Ley la población en general, especialmente las personas en edad fértil" y otorga "prioridad a la atención de la salud reproductiva de los adolescentes".
b) promueve "el diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera particular a los adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo".
El texto ignora, por lo tanto, el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, y avasalla la autonomía de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada .
3) VULNERA LA LIBERTAD DE LAS CONCIENCIAS
El proyecto de ley no respeta la libertad de los profesionales de la salud, porque se les indica lo que deben aconsejar y recetar a sus pacientes.
Así, este proyecto violenta la conciencia de muchas personas. Por ello, la omisión en que incurre el proyecto, al no contemplar el derecho constitucional a la objeción de conciencia, significa un desamparo para los profesionales de la salud, que pueden perder sus trabajos por sostener indeclinablemente su libertad de pensamiento y de conciencia. (Como está ocurriendo en la provincia argentina de Mendoza).
4) ES UN PROYECTO TOTALITARIO
Amparándose en la protección de la salud, especialmente, de las mujeres, el proyecto parte de la base que el embarazo es un estado patológico, una enfermedad. Además, es autoritario, avasalla la libertad, la intimidad y la dignidad personal. Le otorga al estado poder para juzgar cuándo la procreación es responsable y cuándo es "más adecuado" tener hijos.
El proyecto garantiza "la implementación de un sistema de 'información y registro' y de 'mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente'". ¿Qué significa ésto? ¿Quedarán "marcadas" las ciudadanas que acudan a esos programas?. ¿Podrán abandonar el uso de anticonceptivos cuando libremente lo decidan?, o, por ejemplo, como ya se hace en otros países, ¿se exigirá a las mujeres para trabajar, participar y permanecer en programas de anticoncepción?.
Existe el peligroso antecedente de un proyecto de ley nacional similar a éste, aprobado por la Cámara de Diputados en 1995, que no fue tratado por el Senado, en él se hablaba de "seguimiento de las desertoras del programa". Por otro lado, el panorama se completa con otras leyes nacionales y locales que instituyen, por ejemplo, la obligatoriedad de exámenes ginecológicos y el registro y archivo de esos exámenes para las mujeres que trabajan en la administración pública. Por eso, no está demás preguntarse si no estamos ante una ley totalitaria de control de natalidad.
El proyecto depende ideológicamente del proceso de reingeniería social que las Naciones Unidas y las grandes ONG's empeñadas en imponer al mundo los llamados nuevos derechos humanos, centrados en los derechos reproductivos.
Dice el texto que el proyecto hace efectivo lo estipulado en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es parte de la Contitución Nacional, y lo reconocido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lamentablemente la Constitución de la Ciudad (1996), en su artículo 37, dice: "RECONOCE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES, LIBRES DE COERCIÓN Y VIOLENCIA, COMO DERECHOS HUMANOS BÁSICOS", (…) "especialmente el derecho a decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos; así como garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores y promueve la protección integral de la familia".
Por otro lado, siguiendo con el proyecto, si los legisladores porteños estuvieran realmente preocupados por la salud de la población, no recomendarían el preservativo para prevenir el SIDA, puesto que se ha comprobado que es ineficaz. Tampoco favorecerían el uso banal del sexo, con un reparto indiscriminado de medios contraceptivos, ya que con eso, sólo se consigue un aumento de los embarazos en adolescentes y una difusión, aún mayor, de las enfermedades venereas. Los legisladores de Buenos Aires, están echando leña al fuego, creando las condiciones para la propagación de los males que dicen querer evitar. FIN