789 - ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VI.
ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VI.
Por Juan C. Sanahuja
El totalitarismo progresista
El 24 de agosto pasado fue un día de luto para Argentina. Dos niños no nacidos fueron asesinados con la autorización de máximos tribunales de justicia de las provincias de Buenos Aires y Mendoza. El gobierno de Kirchner, a través de su ministro de Salud, Ginés González García coaccionó a todos aquellos que debieron decidir en distintas instancias, sobre la vida o la muerte de los dos bebés no nacidos.
Campaña por el Derecho al aborto
La ofensiva abortista era esperable desde que en el mismo Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación se lanzó el 29 de mayo pasado la segunda etapa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Uno de los objetivos de la misma es la "Reglamentación de la realización de abortos legales en los Hospitales Públicos sin intervención judicial", como medio para llegar a la "despenalización y la legalización del aborto" que "son el objetivo de nuestra campaña". Intervienen en ella -según su propia información- entre otros "el ministro de salud Ginés González García, Julio Bocca, Cristina Bangas, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo), Víctor de Gennaro (Central de Trabajadores Argentinos), Luis D'Elía (piquetero, Subsecretario de Estado de Tierras para el Habitat Social), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Jorge Lanata, Teresa Parodi, Gastón Pauls, Soledad Silveyra, Kevin Johansen, Soledad Vil, Adrián Paenza, Felipe Pigna y Eva Giberti".
La directiva de la campaña está formada por Martha Rosenberg, Elsa Schvartzman, María José Lubertino, Estela Díaz; Silvia Díaz; Dora Coledesky, Cecilia Lipszyc y Zulema Palma.
Aunque al gobierno de Kirchner no le hacen falta presiones internacionales para impulsar políticas de reingeniería social anticristiana, es de notar que el 16 de agosto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores un encuentro organizado por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Carlos Felipe Martínez; en el que se presentaron unos estudios sobre las Metas del Milenio e Igualdad de Género. Asistieron la Directora Sub regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Ana Falu; Nieves Ricco por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Representante Especial para temas de la mujer de la Chancillería, Magdalena M. Faillace, y la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, María Lucila Colombo, y en calidad de expertas también concurrieron las abortistas Silvina Ramos (CEDES) y Susana Chiarotti (CLADEM). El Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD) auspició el evento. En pocas palabras, la cultura de la muerte en su esplendor.
El caso La Plata
La madre de una joven retrasada mental embarazada después de una violación recurrió a la justicia para que su hija abortara. Después de dos sentencias contrarias en primera y segunda instancia, el 31 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no prohibió el aborto dejando la decisión en manos de los médicos, que se negaron a cometer el crimen ya que el niño no nacido tenía 20 semanas de gestación.
Empeño por matar
Ante la negativa de los médicos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito intervino, buscó un médico y pagó el aborto. "Nos ocupamos de encontrar al médico que lo hiciera, al que conocíamos y era muy competente", declaró Dora Coledesky (Clarín, 25-08-06). "Nos movilizamos para ayudarla", dijo Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, (Pagina 12, 24-08-06). El aborto costó 5.000 pesos, lo hizo un médico privado después de buscar en todo el país un hospital público: "Teníamos claro que la búsqueda la teníamos que hacer con cautela, en silencio, porque eran muy fuertes las presiones para que no se concretara. Hubo médicos que nos decían que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar por el grado de exposición pública que había tenido caso. Otros, muy pocos, se ofrecían pero no tenían dónde realizarlo. En un hospital público de una provincia que tenía antecedentes de haber realizado un aborto en un caso similar no quisieron hacerlo. Buscamos en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Hablamos con secretarios y directores de Salud y hasta con intendentes. Al final, un médico se ofreció con la condición de mantener su nombre y el lugar donde se iba a hacer bajo absoluta reserva. Y brindó un servicio de excelente calidad. Fue un triunfo en el sentido de que se hizo efectivo el ejercicio de un derecho", (Estela Díaz a Página 12, 27-08-06).
Amenazas y presiones
Mientras duró el trámite judicial fueron innumerables las presiones de las autoridades públicas sobre el poder judicial: el ministro de salud de la Nación, González García; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá quien dispuso -según sus propias declaraciones- que todo el sistema de salud pública provincial estuviera disponible para realizar el aborto. La vice gobernadora Graciela Giannesttasio; el ministro de salud de la provincia, Claudio Mate.
Después de la negativa de los médicos del Hospital San Martín a hacer el aborto, fue pedido el juicio político para la jueza de Menores Inés Siro, que negó el aborto en primera instancia. Pidieron el juicio político las diputadas kirchneristas Diana Conti y Graciela Rosso (ex-viceministra de salud), y se les adhirieron otros 21 diputados nacionales, entre otros, las radicales Silvana Giudici y Vilma Baragiola; Claudio Lozano, la socialista Silvia Augsburger, y los kirchneristas Juliana Marino, Mercedes Marcó del Pont, Juliana Di Tullio, Edgardo Depetri y Luis Ilarregui; algunos de ellos encabezaron una manifestación de 200 personas en La Plata reclamando la destitución la jueza. También la diputada Elisa Carrió (ARI) se manifestó a favor del aborto y en contra de las decisiones judiciales y de los médicos que lo frenaron.
La procuradora de la Corte provincial, la abortista María del Carmen Falbo, mantuvo una reunión con legisladoras provinciales y nacionales en torno a la misma causa, en donde se le pidió un impulso al jury contra la jueza Siro, (Página 12, 16-08-06).
La jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay -que se autocalificó de atea militante y abortista antes de acceder al máximo tribunal- violando los elementales principios de la ética, al referirse a la intervención judicial de los jueces de menores de 1ª. y 2ª instancia de la ciudad de La Plata que sentenciaron en contra del aborto, dijo que "se actuó de una manera absolutamente desacostumbrada, con intervención de gente que no debió haber intervenido y argumentos endebles desde el punto de vista penal". Asimismo, expresó que si un juez al fallar en un caso aplica sus propios condicionamientos y convicciones, "le debemos decir que lo vamos a echar, porque no puede juzgar de acuerdo con sus creencias". Agregó, refiriéndose a la Jueza Inés Siro, que "existen elementos" para pedir su enjuiciamiento político, (La Nación, 05-08-06). Se disipan así las ingenuas expectativas de quienes diciendo defender la vida no se deciden a romper con el sistema y que declararon tiempo atrás que de llegar el aborto a la Corte Suprema de la Nación esta jueza se excusaría.
Con razón el arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer declaró el 13-08-06: "Se han notado interferencias políticas impresionantes y que lo hacen a uno reflexionar sobre la real y efectiva vigencia de la división de poderes en la Argentina y si estamos viviendo en efecto en un estado de derecho". (Continúa).
Fuentes en el texto. Vid. NG 528, 552-554, 698, 699, 701, 745, 746, 773. Para Metas del Milenio para el Desarrollo NG 722, 732, 735; 737; Notivida 377, 379, 384, 385.
