590 - LA SALUD REPRODUCTIVA Y UN ABUSO LEGISLATIVO
LA SALUD REPRODUCTIVA Y UN ABUSO LEGISLATIVO.
Por Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata. (Publicado en el diario El Día de La Plata, 19-06-03). (Vid. Notivida nº 146)
La provincia de Buenos Aires cuenta ya con su Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, establecido por una ley que, al cabo de una larguísima dilación, fue aprobada por las dos Cámaras en menos que canta un gallo. Si mis datos no fallan, el proyecto finalmente considerado obtuvo el voto unánime de los representantes del pueblo. Cuesta creer que ni un solo senador, ni un solo diputado, hayan tenido la lucidez y el coraje de rehusar su asentimiento a este abuso legislativo. La disciplina partidaria y el temor al abucheo de las barras "progresistas" se imponen a la independencia de juicio y a la responsabilidad de la conciencia.
La expresión "abuso legislativo" puede parecer excesivamente severa; la empleo aquí, con todo respeto, aludiendo al mal uso, al uso excesivo e injusto de una potestad. ¿Quién, en efecto, reclamaba la sanción de esta ley? ¿Figuró acaso, claramente, una propuesta semejante en las plataformas partidarias? ¿Es esto lo que demanda el sufrido pueblo bonaerense, sometido a tantas carencias, tan probado en su esperanza? La calificación de "abuso" no es un exabrupto mío; se basa en una enseñanza luminosa de la tradición católica, formulada por Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris con estas palabras: "La autoridad constituye una exigencia del orden moral y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante situación, la autoridad deja de ser tal y se origina un abuso espantoso". Probablemente, en la sanción de la norma provincial, pesó la impaciencia del ministerio de Salud de la Nación, que necesita descargar su acopio de píldoras y fundas elásticas, y no habrá faltado el empuje y la porfía de algunas personalidades relevantes de la vida política nacional para potenciar a las usinas siempre activas de la ideología feminista.
El programa aprobado, como el impuesto por el Congreso de la Nación, consagra una intromisión del Estado en la intimidad de la familia y de la vida personal de los ciudadanos, desmañado sucedáneo de una buena política familiar. Los legisladores han asumido como deber y función del Estado el estímulo de una procreación responsable, como si estuviera en la capacidad y competencia de los organismos públicos determinar cuándo es responsable la procreación, o en qué medida gozan de salud sexual los argentinos. Aquí despunta la veta ideológica de la iniciativa, y con ella una visión reduccionista de la persona humana y del orden familiar, una concepción de la sexualidad desligada del amor, del matrimonio y la familia.
Al igual que otras normativas del mismo jaez, las disposiciones de la ley provincial apuntan, fundamentalmente, a difundir información, previa preparación de agentes para esa tarea, y al reparto de anticonceptivos y preservativos. La ley enuncia algunos laudables propósitos: proteger a la familia, sociedad natural anterior al Estado; valorar la maternidad; reconocer el derecho a la salud y a la dignidad de la vida humana (podrían haber añadido: desde el instante de la concepción hasta la muerte natural); disminuir la morbilidad y la mortalidad de madres y niños; garantizar a las mujeres la atención integral durante el embarazo, el parto y el puerperio. Cosas muy buenas, todas ellas. Pero nos preguntamos cómo harán las autoridades provinciales para concretar en la realidad estas metas, que suenan a declaración retórica cuando las confrontamos con otros puntos de la ley, ambiguos o contradictorios respecto de aquellas dignísimas intenciones. Uno de los objetivos señala: "Prevenir, mediante información y educación, los abortos"; y otro: "Otorgar prioridad a la atención de la salud reproductiva de las adolescentes". Se propone, además, universalizar la información, de manera que llegue a todos los habitantes de la Provincia, en especial a los más jóvenes. ¿Quién se ocupará de esta misión? ¿En qué manos quedará la educación de nuestros adolescentes en materia tan esencial y delicada? ¿Qué concepción de la persona, del amor, de la sexualidad, de la familia, ha de inspirar la prometida capacitación de "docentes, profesionales y personal específico en educación sexual"? Se habla de "ayudar a la familia en la educación de los hijos en esta materia": ¿se respetará efectivamente el derecho de los padres a decidir sobre la información que se quiera brindar a sus hijos menores de edad? Es de temer que no. Más allá de la mera sospecha, podemos observar que se postula como un principio la satisfacción del interés superior del niño, que podría invocarse soslayando o derogando la patria potestad. El Estado se propone también "brindar información respecto de las edades y los intervalos intergenésicos considerados más adecuados para la reproducción"; este eufemismo encubre, ciertamente, el reparto de anticonceptivos. Pero la intromisión estatal involucra también a los varones: se promoverá su participación en el cuidado del embarazo, el parto y el puerperio, de la salud reproductiva y la paternidad responsable. Otro eufemismo; en realidad, para inducir este cambio cultural de la población masculina se les repartirá gratuitamente el adminículo de látex que hizo célebre el apellido de su presunto inventor, el inglés Condom. La mayor contradicción se encuentra en el último objetivo señalado en el artículo 2º: se afirma que en todos los casos los métodos suministrados serán no abortivos, pero también se anota: "aprobados por el ANMAT". Este organismo estatal encargado de aprobar los medicamentos ha autorizado fármacos e instrumentos abortivos. La cosa viene de lejos: ya en 1997 el ministerio de Salud y Acción Social de la Nación aprobó para su venta una combinación de hormonas esteroideas sintéticas cuyo efecto principal es producir en la mucosa del útero cambios que impiden la anidación de un embrión recién concebido, provocando así un aborto ultratemprano.
Es de valorar el inciso que se propone asegurar que el programa no se instrumente al servicio de políticas de control demográfico. Quizá no han advertido los legisladores que la sanción de esta ley ya implica responder a un designio antinatalista. Se sabe con certeza que estos programas de salud reproductiva son impuestos a los pueblos bajo presiones de organismos vinculados a las Naciones Unidas y de los centros financieros internacionales, que condicionan el otorgamiento de créditos a la adopción de medidas que contribuyan a disminuir la población de los países pobres, o empobrecidos como el nuestro. Sería importante conocer quién financia la compra masiva de los anticonceptivos y otras yerbas que se han de distribuir. Por otra parte, la experiencia de los países sometidos desde hace años a programas como el que se aplicará ahora a nuestro pueblo, nos autoriza a prever y a temer resultados catastróficos, exactamente contrarios a los frutos que se pretendía obtener: multiplicación del número de abortos, extensión de las enfermedades de trasmisión sexual, avance devastador de la plaga del sida, incremento de la promiscuidad y ruina del sentido moral.
La inclinación totalitaria de las medidas adoptadas aparece en la omisión del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y de la educación y en la imposición del programa a los institutos educativos de gestión privada, exceso intolerable que vulnera el principio de libertad de enseñanza.
El programa provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable aguarda ahora su adopción por parte de los municipios. La Comuna platense ha dado ejemplo de celeridad; según se ha publicado, ya pone a disposición de los consumidores, para empezar, mil dispositivos intrauterinos, siete mil dosis de anticonceptivos hormonales y treinta mil preservativos. La Secretaría de Salud del Municipio, tan remisa en afrontar la escandalosa desnutrición de miles de niños, el contagio creciente del hantavirus y el embate de otras plagas que acarrea la miseria, se apresura a asegurar a los habitantes del Partido los beneficios gratuitos de la nueva ley. Curiosa manera de cuidar la salud de la población. FIN, 20-06-03.
