EL FUTURO DE EUROPA PASA POR LA FAMILIA.

Por Almudena Fernández de Córdova.

El 27 de diciembre, en la III convocatoria en el Día de la Sagrada Familia, más de un millón de personas se dieron cita en Madrid. Este año la celebración dejó de ser exclusivamente española para convertirse en europea, bajo en lema: El futuro de Europa pasa por la Familia. Banderas de todos los países europeos se veían entre la multitud.

Mensaje del Santo Padre

Como el pasado año (NG 948), Su Santidad Benedicto XVI dirigió un mensaje especial desde Roma a los miles de fieles congregados en Madrid, llamando a la defensa de la familia, "basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer", que "es la mejor escuela donde se aprende a vivir aquellos valores que dignifican a la persona y hacen grandes a los pueblos".

La Misa presidida por el Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, fue concelebrada por el Cardenal Agostino Vallini, Cadenal-Vicario de Roma; el Cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia; el Cardenal Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos; el Cardenal Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consejo Cor Unum; el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Mons. Luis María Martínez Sistach; el Cardenal Arzobispo Emérito de Valencia, Mons. Agustín García Gasco; el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Mons. Carlos Amigo Vallejo; el Cardenal Philippe Barbarin, Arzobispo de Lyon; el Cardenal Georg Sterzinsky, Arzobispo de Berlín; Mons. Michalik, Józef, Arzobispo de Przemyśl y Presidente de la Conferencia Episcopal Polaca; Mons. Frans Wiertz, Obispo de Roermond y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Holandesa; Mons. Klaus Küng, Obispo de Sankt Pölten (Austria), encargado de Familia de la Conferencia Episcopal de ese país; el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini y 42 arzobispos y obispos españoles y otros obispos de Portugal, Italia, Austria y Francia y 1.200 sacerdotes.

Tanto el Cardenal Antonelli, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, como el Cardenal Vallini, Vicario del Papa para Roma, en sus intervenciones previas a la Misa, insistieron en el verdadero concepto de familia compuesta por un hombre y una mujer, "frente a tantos presuntos modelos de familia". El Cardenal Antonelli reclamó, además, un "verdadero apoyo social, cultural, jurídico y económico" para la verdadera familia.

La homilía del Cardenal Rouco Varela

Lo más destacable de la intervención del cardenal Rouco fue la claridad con la que expuso la doctrina de la Iglesia en indisimulable confrontación con las pretensiones de la ideología laicista: "El modelo de la familia cristiana es el que responde fielmente a la voluntad de Dios y el que garantiza el bien de la familia, para sus miembros, para la sociedad y para la Iglesia", frente a "ese otro lenguaje de los diversos modelos de familia, que parece adueñarse, avasallador y sin réplica alguna, de la mentalidad y de la cultura de nuestro tiempo", dijo el cardenal.

Recordando la homilía de Juan Pablo II, el 2 de noviembre de 1982, en esa misma plaza de Madrid -la Plaza de Lima-, Rouco Varela repasó los grandes temas sobre el matrimonio y la familia, que no son exclusivos de la moral católica sino que forman parte de la ley natural. La indisolubilidad y la apertura a la vida, "todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transmisión de vida" (…), "al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal". El respeto a la vida en gestación: "Pero hay otro aspecto aún más grave y fundamental, que se refiere al amor conyugal como fuente de la vida: hablo del respeto absoluto a la vida humana, que ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar. Por ello, quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad." Y citando a Benedicto XVI, agregó: "En esta perspectiva, los estados están llamados a establecer políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, célula primordial y vital de la sociedad".

Divorcio, aborto, eutanasia

El Cardenal Arzobispo de Madrid continuó: "La actualidad del matrimonio y de la familia en los países europeos está marcada por la facilitación jurídica del divorcio hasta extremos impensables hasta hace poco tiempo y asimilables al repudio; por la aceptación creciente de la difuminación, cuando no de la eliminación, primero cultural y luego legal de la consideración del matrimonio como la unión irrevocable de un varón y una mujer en íntima comunidad de amor y de vida, abierta a la procreación de los hijos. (…) El derecho a la vida del niño, todavía en el vientre de su madre -del "nasciturus"-, se ve lamentablemente suplantado en la conciencia moral de un sector cada vez más importante de la sociedad, y en la legislación que la acompaña y la estimula, por un supuesto derecho al aborto en los primeros meses del embarazo. La vida de las personas con discapacidades varias, de los enfermos terminales y de los ancianos, se ve cada vez más en peligro. Un panorama a primera vista oscuro y desolador. Sólo a primera vista".

Esperanza en las familias cristianas

"En el trasfondo alumbran los signos luminosos de la esperanza cristiana: ¡Aquí estáis vosotras, las queridas familias cristianas de España y de toda Europa, para dar testimonio de esa esperanza y corroborarla", (…) "estáis abriendo de nuevo el surco para el verdadero porvenir de la Europa del presente y del futuro. Europa, sin vosotras, queridas familias cristianas, se quedaría prácticamente sin hijos o, lo que es lo mismo, sin el futuro de la vida". (…) "El futuro de Europa, su futuro moral, espiritual e, incluso, biológico, pasa por la familia realizada en su primordial y plena verdad. ¡El futuro de Europa pasa por vosotras, queridas familias cristianas!". FIN, 28-12-09

ESPAÑA: LA INQUISICIÓN GAY (XX).

Fuentes: El País, 15-05-08; Forum Libertas, 26-11-08, 16-03-09; Hispanidad, 09-09-08, 22-12-08; 29-12-08; 30-12-08; 03-02-09; 16-02-09; 23-12-09, 25-12-09; http://www.juezcalamita.com; NG 1014.

Por Juan C. Sanahuja

"Estoy seguro que el verdadero Juez Supremo me absolverá".

Un católico no puede ser juez de familia. La derecha pagana compuesta por católicos oficiales. Otros casos.

"Estoy seguro que el verdadero Juez Supremo, ante el que todos compareceremos más pronto o más tarde, me absolverá", declaró el juez de Familia de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, cuando fue condenado el 23 de diciembre, por el Tribunal Supremo de España, a diez años de inhabilitación por delito de prevaricación y una multa, por haber defendido el interés superior del niño en un caso de adopción por parte de una lesbiana.

Los hechos

Susana decidió en 2005 inseminarse artificialmente y unos meses después se acogió a la ley que autoriza el "matrimonio entre personas del mismo sexo", y tomó como compañera sentimental a Vanesa. En febrero de 2006, nació una niña y Vanesa solicitó su adopción en mayo. El Juez Ferrín, encargado de autorizar la adopción, solicitó sin dilación el obligatorio informe de idoneidad al Gabinete Psicosocial Forense. El informe se emitió en agosto de 2006 de forma inusualmente escueta, en pocas líneas se manifestaba favorable a la adopción, sin que mediara la entrevista de rigor con la adoptante. El juez trasladó ese informe presuntamente fraudulento al fiscal, quien en una hoja en blanco escribió a mano que no tenía nada que oponer a la adopción.

Es decir, en aras del pensamiento único pro-gay, políticamente correcto, al juez Ferrín se le pretendía obligar a aceptar una adopción sin los exhaustivos informes a los que son sometidos los todos los ciudadanos normales que desean adoptar.

En abril de 2007, el juez decidió nombrar defensor judicial del menor a la Dirección General de Familia que, sin pedirlo el juez, le envió en junio un informe pericial favorable a Vanesa como adoptante, pero sin pronunciarse sobre algo esencial: si es bueno o malo, relevante o irrelevante, que un niño tenga dos madres. Sin demora alguna, el juez solicitó que en el plazo de 10 días los psicólogos de la Dirección General de Familia se pronunciaran sobre dicho punto, pero no contestaron. El juez se vio, entonces, en la obligación de decretar el cese de la Dirección General de Familia como defensora del menor y de paralizar el procedimiento, planteando una cuestión de inconstitucionalidad.

En julio de 2007, Vanesa recusó al Juez Ferrín por su condición de católico y en noviembre presentó una querella por retardo malicioso. En mayo de 2008, un juez sustituto autorizó finalmente la adopción.

En diciembre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, condenó a Ferrín a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y a indemnizar con 6.000 euros a la demandante -la compañera sentimental de la madre biológica- por retardo malicioso de la adopción.

Como Ferrín Calamita, por su condición de juez, estaba impedido de ejercer otros trabajos y durante 27 meses no tendría ingresos para mantener a sus 7 hijos, se formó una plataforma -integrada por las asociaciones civiles Projusticia, Centro Jurídico Tomás Moro, HazteOir.org, Profesionales por la Ética, y la publicación digital Hispanidad, www.hispanidad.com- para ayudar económicamente al juez y a su familia. La iniciativa tuvo éxito: por ejemplo, el monto de la multa a la lesbiana se cubrió en menos de una semana.

Un católico no puede ser juez de familia

Fernando Ferrín Calamita apeló al Tribunal Supremo, el cual el 23 de diciembre se expidió condenándolo a diez años de inhabilitación. Con esta sentencia el progresismo consigue erradicar a Ferrín de la carrera judicial, porque de lo que se trata es de apartar a un juez incómodo.

Pero más grave aún es lo que comenta Hispanidad, "lo que más daño le ha hecho al juez Fernando Ferrín no es la actitud del Supremo -se la esperaba- sino la de los 'suyos', la de los juristas católicos. (…) La derecha pagana, muchas veces compuesta por católicos oficiales que confunden ley y conciencia, profesión con vocación y norma con moral. Y es que lo más duro siempre es el fuego amigo".

Otros casos

El 15-12-05, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó la inadmisibilidad de los trámites de inconstitucionalidad planteados por la jueza de Denia (Alicante), Laura Albau, y Francisco Javier García, juez de Telde (Gran Canaria), contra la ley que regula los "matrimonios" entre personas del mismo sexo.

Recordemos que la jueza Laura Alabau se negó a "casar homosexuales". Por eso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la trasladó del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante), a otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, sin competencia de Registro Civil.

Recordemos también que el 13-12-05, el Foro Español de la Familia denunció que el juez de Paz de Pinto (Madrid), Antonio Alonso, se había visto obligado a renunciar ante la imposibilidad de ejercer su derecho natural a la objeción de conciencia, porque sus convicciones le impedían dar fe de las llamadas "bodas gay". FIN, 26-12-09

ARGENTINA: LA INQUISICIÓN GAY (XIX).

Fuentes: Propias; AICA, 22-12-09; Obispado de San Justo.

Por Juan C. Sanahuja

Quieren impedir predicar la doctrina católica. Carta de Mons. Martini a la Cámara de Diputados. Ni matrimonio ni uniones civiles. La denuncia y la respuesta del obispo.

Mons. Baldomero Martini, obispo de San Justo (Pcia. de Buenos Aires) enfrenta una denuncia por discriminación a raíz de una carta que dirigió, el 4 de noviembre pasado, a la Cámara de Diputados de la Nación, en la que expuso la doctrina católica ante los intentos de legalización del mal llamado "matrimonio" homosexual. Denunciado ante el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo), Mons. Martini respondió enérgicamente acusando a ese organismo oficial de impedir predicar la doctrina cristiana. Es la segunda vez que la inquisición gay actúa contra un obispo en Argentina, (vid NG 755).

La carta a la Cámara de Diputados

En la carta a la Cámara de Diputados, sobre los proyectos referidos a la pretensión de legalizar las uniones del mismo sexo con el status jurídico del matrimonio, el obispo de San Justo y su obispo auxiliar, Mons. Damián Santiago Bitar, afirman que "resulta obvio decir que cada cosa diferente debe tener su propia denominación. Por ejemplo, no se puede llamar perro indistintamente al gato y al perro; puesto que son dos animales diferentes. Ambos son mamíferos, vertebrados y cuadrúpedos, pero ¿qué duda cabe que un perro es un perro y un gato es un gato?, son dos realidades diferentes. Con relación a estos proyectos de ley, nos vemos en la obligación de explicar a los diputados firmantes de los mismos que, así como un perro no es un gato ni viceversa, la unión estable de un varón y una mujer abierta a la vida -desde siempre conocida como matrimonio, que deriva del latín matri munus, o sea "el oficio de la madre"-, es algo completamente diferente a cualquier otro tipo de unión con connotaciones sexuales. En las convivencias homosexuales va de suyo que no hay madre posible, ni nadie que realice su misión, tampoco hay marido ni mujer, no hay esposos, no hay hijos… En síntesis, no hay nada que tenga que ver con el matrimonio". (…)

Continúan los obispos diciendo: "El bien común depende de las familias fundadas en verdaderos matrimonios. Y es esa función insustituible de bien común, la que justifica la regulación especial y privilegiada del matrimonio y la familia. En cambio, las uniones del mismo sexo, no sólo no edifican el bien común, sino que lo dificultan seriamente. Significan por definición: menos matrimonios, menos hijos, menos familias. Si ese efecto negativo fuera promovido por las leyes, ya no se podría hablar de "bien" común, sino que habría que calificarlo como una legislación que promueve el "mal común". Lamentablemente debemos constatar que estamos en presencia de una decadencia moral, que cuando es profunda y estable, termina afectando la capacidad de percibir la realidad tal cual es. Por lo tanto, el bien común exige no legalizar ni promover estas uniones antimatrimoniales".

Ni matrimonio ni uniones civiles

Mons. Martini y su obispo auxiliar, también refutan en la carta los argumentos utilizados para atentar contra el orden natural legislando sobre el "matrimonio homosexual". Los argumentos esgrimidos por los obispos también son válidos frente al error malminorista de los que pretenden conformar al homosexualismo político con la inicua figura jurídica de las "uniones civiles", aunque el lobby gay ya declaró que pretenden los mismos nombres y los mismos derechos, es decir, el mismo régimen que el verdadero matrimonio, incluyendo la adopción.

Ni razones de seguridad social, ni aquellas que hacen referencia a la adquisición y disposición de los bienes, justifican la legalización de uniones antinaturales. Todos los ciudadanos están protegidos por la legislación general que les garantiza esos derechos, dicen los obispos.

Recordamos que los homosexuales pretenden derechos especiales. La orientación sexual no crea derechos. (Vid. Declaración de la Santa Sede de 2006 en la ONU, NG 777)

Los obispos también recuerdan a los diputados que a todos nos juzgará el Justo Juez y que en el Juicio Universal, "no habrá inmunidad parlamentaria que valga".

La denuncia y la respuesta del obispo

El 5 de noviembre, un particular denunció ante el INADI que "las declaraciones del eclesiástico en referencia al matrimonio de personas del mismo sexo resultan ser altamente discriminatorias". El INADI aceptó la denuncia y emplazó al obispo a que en el término de 10 días ofrezca su descargo.

Mons. Martini respondió que el INADI es "un organismo de tercera o cuarta categoría", que incurrió en "una flagrante violación al tratado de derecho internacional público suscripto entre la República Argentina y la Santa Sede", que garantiza la predicación de la doctrina católica a todos los obispos y autoridades eclesiásticas. Martini reclamó además que "se tomen las medidas pertinentes, también contra los funcionarios del INADI que resulten responsables de tal violación".

En la respuesta al INADI, el obispo afirma: "Que mis palabras se enmarcan en la enseñanza de la Iglesia es una verdad de Perogrullo. Basta leer en la Sagrada Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, donde en el primer libro, el Génesis, se menciona la destrucción, por mano divina, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, por la práctica de la homosexualidad por parte de sus habitantes. En el Nuevo Testamento son también muchas las referencias al tema, entre ellas las expresiones de San Pablo en la Carta a los Romanos. Pasando a textos más recientes del Magisterio Universal de la Iglesia, menciono el Catecismo de la Iglesia Católica (n° 2357 a 2359), y los documentos emanados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulados: Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, del 1° de octubre de 1986; Algunas consideraciones concernientes a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales, del 23 de julio de 1992; y Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, del 31 de julio de 2003. Ofrezco como prueba de mis dichos, todos estos documentos, que prueban de modo indubitado, que las declaraciones que se me atribuyen, no son otra cosa que una divulgación de la doctrina de la Iglesia Católica", y, citando al Catecismo de la Iglesia Católica n° 2358, dice: "'Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta'. Va de suyo que hay discriminaciones que son justas. Por ejemplo, un ciego no puede pretender ser el arquero de la selección nacional de fútbol; y si lo pretendiera, no se le debería permitir tal deseo, sin que tal impedimento pueda ser calificado de 'discriminatorio'".

Vid. NG, La Inquisición gay, 841, 847, 872, 877, 880, 902, 954, 966, 978, entre otros. FIN, 22-12-09

ESPAÑA: EL ABORTO COMO DERECHO.

Fuentes: Propias y en el texto.

Por Juan C. Sanahuja.

Las cárceles se convertirán en la casa de los justos; de los pocos justos que, para entonces, aún no hayan flojeado en sus convicciones

El 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó con el respaldo de 184 de sus 350 miembros -ocho por encima de la mayoría requerida- el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, (vid. NG 1012). El texto fue apoyado por el PSOE (socialismo), PNV (nacionalismo vasco), ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), IU (Izquierda Unida), ICV (verdes catalanes), BNG (nacionalistas gallegos) y Na-Bai (nacionalismo vasco-navarro) y dos de los 10 diputados de CiU (Convergencia y Unión, catalanes).

Por el contrario, el proyecto no contó con el voto favorable del PP (Partido Popular), Coalición Canaria y otros, que sumaron 158 votos en contra. Es de notar que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, que representa a la derecha progresista, lamentablemente sostenida por los católicos malminoristas, declaró que su partido no está en contra del aborto, sino en concreto se opone a este proyecto de ley, (vid. InfoCatolica, 17-12-09).

Falta aún la confirmación del texto por parte Senado, que lo aprobará sin modificaciones sustanciales.

Además de lo que informamos en NG 1012, el proyecto no asegura la objeción de conciencia del personal médico ni de las universidades privadas, y contempla una campaña intensiva de información en colegios, a través de la enseñanza de la salud sexual. Por ese motivo la Universidad de Navarra y la CEU San Pablo han anunciado que, aunque lo mande la ley, no enseñarán a hacer abortos, y se espera que en el mismo sentido se definan la Universidad Francisco Vitoria, la Alfonso X, la Pontificia de Comillas y la Pontificia de Salamanca, la Católica de Murcia, y la Católica de Valencia. Asimismo, CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos), "propondrá a los padres y profesores la objeción de conciencia y/o la denuncia ante los tribunales si se obliga a enseñar a nuestros hijos que el aborto es un derecho y no un crimen, o se impone una educación afectivo-sexual contraria a nuestras convicciones filosóficas religiosas o morales".

A continuación publicamos un artículo que predice lúcidamente la deriva del progresismo no sólo en España, sino en todos los países occidentales.

Antiabortistas a la cárcel por Juan Manuel de Prada, (ABC, Madrid, 19-12-09)

"PUES ahí lo tenemos: el aborto convertido en derecho; esto es, en bien jurídico amparado por la ley, que a partir de hoy se ocupará de velar por su protección efectiva y de remover cualquier obstáculo que trate de impedir su libre ejercicio. ¿Y qué son los médicos que invocan la objeción de conciencia para negarse a perpetrar un aborto o las universidades que se niegan a enseñar las técnicas para perpetrarlo, sino obstáculos que la ley se encargará de remover? Sospecho que ni siquiera los detractores de la nueva ley son capaces de vislumbrar su verdadero alcance: un médico que, a partir de hoy, rechace su participación en un aborto invocando la libertad de conciencia se convertirá ipso facto en un delincuente; y lo mismo le ocurrirá a una universidad que invoque la libertad de cátedra para excluir de su programa académico la enseñanza de las técnicas abortivas. Porque ni la libertad de conciencia ni la libertad de cátedra pueden ser baluartes contra el ejercicio de un derecho; y eso es el aborto a partir de hoy: el derecho a exterminar vidas inocentes porque nos da la real gana, en un acto de libre disposición. Y quien se oponga a la consecución de ese derecho será llamado, desde hoy, criminal.

Así actúa la lógica del mal: primero encumbra con desfachatez nominalista un crimen a la categoría de derecho; y, después, siguiendo un irreprochable método deductivo, califica de criminales a quienes estorban su libre ejercicio. Con los médicos que se nieguen a perpetrar abortos se elaborarán, por el momento, listas negras que dificulten su traslado y entorpezcan su promoción; pero esto es tan sólo el aperitivo de lo que viene después: en apenas unos años, los médicos antiabortistas -los pocos que para entonces queden- serán reos de delito y conducidos a la cárcel; las universidades que se nieguen a enseñar a sus alumnos cómo se trocea un feto serán clausuradas por orden gubernativa, y sus responsables enviados también a la cárcel. Así se cumplirá lo que Thoreau anticipaba en su opúsculo Desobediencia civil: «Bajo un Estado que encarcela injustamente, el lugar del hombre justo es la cárcel. Es la única casa en la que se puede permanecer con honor». Allí también estaremos, desde luego, quienes nos atrevamos con nuestra pluma a seguir calificando el aborto de crimen; que seremos, por cierto, muy pocos. Y, ante los ojos de la masa cretinizada, apareceremos, en efecto, como criminales que se oponen al progreso de la Humanidad (la mayúscula que no falte); y probablemente, mientras nos lleven esposados ante un juez, o mientras nos introduzcan en el furgón policial que nos conducirá a la celda, seremos vituperados y escupidos, como se suele hacer con los criminales más sórdidos.

Analicemos el modus operandi de la lógica del mal: un médico que se opusiera a que sus pacientes reciban una transfusión de sangre sería apartado de su puesto y conducido a la cárcel, pues estaría negándoles el derecho a la salud; lo mismo le ocurriría a un profesor que desde la cátedra se declarase contrario al acceso de las mujeres al mercado laboral. Ni la objeción de conciencia ni la libertad de cátedra pueden alegarse para amparar la conculcación de derechos. Y, desde el momento en que la ley institucionaliza el crimen, encumbrando el aborto a la categoría de derecho, el médico que se niega a perpetrarlo es como el médico que se niega a realizar una transfusión de sangre; el profesor que se niega a enseñar cómo se practica es como el profesor que se declara contrario al acceso de las mujeres al mercado laboral: criminales confesos sobre quienes debe caer el peso de la ley. Así ocurrirá, más temprano que tarde; y las cárceles se convertirán, como intuyó Thoreau, en la casa de los justos; de los pocos justos que, para entonces, aún no hayan flojeado en sus convicciones". FIN, 19-12-09

ESPAÑA: POLÍTICOS, ABORTO Y SAGRADA COMUNIÓN.

Fuentes: Propias; web Conferencia Episcopal Española.

Por Juan C. Sanahuja

Nota de la Conferencia Episcopal de España. Declaraciones del Prefecto de la Signatura Apostólica. El nuevo proyecto socialista. La ley actual: la salud psíquica de la madre es un coladero clamoroso.

En su Nota final del 27 de noviembre, la 94º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo referencia al pecado público en el que incurrirían los legisladores que voten a favor del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, propuesto por el gobierno socialista español. Dice la Nota:

"Sobre el Proyecto de 'Ley del aborto'":

"La Asamblea concluye cuando el Congreso de los Diputados ha comenzado el debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Ante un asunto de tanta trascendencia para la sociedad española, los obispos quieren hacer las siguientes consideraciones":

"1. La Asamblea Plenaria hace expresamente suya la Declaración del pasado 17 de junio de la Comisión permanente titulada Sobre el anteproyecto de ley del aborto: atentar contra la vida de los que van a nacer convertido en "derecho". Los obispos recomiendan encarecidamente su lectura".

"2. Según decía la Declaración de la Comisión Permanente, este Proyecto de Ley "constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta". Nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este proyecto de ley. En particular, los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión (Cf. Carta del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de junio de 2004, al Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América)". (Vid. NG 664)

"3. Los católicos estamos por el 'sí' a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos que tienen derecho a nacer; por el 'sí' a una adecuada educación afectivo-sexual que capacite para el amor verdadero; por el 'sí' a la mujer gestante, que ha de ser eficazmente apoyada en su derecho a la maternidad; por el 'sí' a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con el derecho".

"Los obispos invitan a proseguir sin descanso el trabajo a favor de estas nobles metas y exhortan a no desfallecer en la plegaria, especialmente durante este año dedicado a la oración por la vida".

El 11 de noviembre pasado, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Juan Antonio Martínez Camino, había declarado que los políticos católicos "no pueden aprobar ni dar su voto" a leyes como la que plantea el gobierno socialista a favor del aborto y contra la vida, poniendo especial énfasis en que los que apoyen leyes que van en contra de la vida estarán en una "situación objetiva de pecado público".

Declaraciones del Prefecto de la Signatura Apostólica

Recordamos la intervención del 18-09-09 del Prefecto de la Signatura Apostólica, Mons. Raymond Burke, en el InsideCatholic's 14th Annual Partnership Dinner, en la que reafirmó la doctrina tradicional, expresando que a quienes se declaran católicos y ocupando cargos públicos escandalizan a los otros fieles, se les debe corregir públicamente y su rectificación también debe ser pública. Escandalizan, aclaró Mons. Burke, los que promueven políticas y leyes que "permiten la destrucción de la vida humana inocente e indefensa" y "violan la integridad del matrimonio y la familia". El resultado de estas acciones es que se confunde a los ciudadanos y éstos son inducidos a error sobre principios morales básicos. "Reparar los daños causados por el escándalo comienza con el reconocimiento público del propio error y la declaración pública de su adhesión a la ley moral. El alma, que reconoce la gravedad de lo que ha hecho, comprende de inmediato la necesidad de reparación pública", concluyó Burke.

Con referencia al caso de la actual secretaria de salud del gobierno de Obama, Kathleen Sebelius, entonces gobernadora de Kansas y a la que su obispo le prohibiera recibir la comunión, el mismo Mons. Burke, en la entrevista concedida a Life Site el 13-03-09, declaró que prohibir la comunión a los políticos católicos que favorecen el aborto, es un acto de "ejemplar caridad pastoral" que protege "de la recepción indigna al Cuerpo y la Sangre de Cristo", evitando así que esos políticos cometan "el gravísimo pecado de sacrilegio", y de ese modo, además, se pone fin al grave escándalo provocado. (Vid. NG 642, 663, 664, 799, 911, 922, 927).

El nuevo proyecto socialista

El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que será discutido en breve en el Parlamento español, sustituye a la inicua ley actual que no penaliza el aborto en tres excepciones.

El proyecto declara "derecho" al abominable crimen del aborto y lo liberaliza, permitiéndolo libremente hasta la semana 14 del embarazo, incluso en las adolescentes a partir de los 16 años y sin permiso paterno. El proyecto también contempla la posibilidad de abortar hasta el final del embarazo cuando "exista riesgo para la vida o la salud de la madre" o el "feto presente graves anomalías".

La ley actual

El 6 de noviembre pasado, el Instituto de Política Familiar informaba que, en el 2008, en España se hicieron 115.812 abortos quirúrgicos, 3.675 más que en el 2007, (vid. NG. 784, 834, 882). De ellos 50.569 (43,7%) fueron en mujeres inmigrantes y 10.221 (8,83%) en adolescentes. Entre otros datos, el informe agregaba que "la salud de la madre volvió a ser la justificación casi unánime de los abortos, al ser poco más de 3.000 los que se acogieron a otras causas". El "peligro psíquico de la madre" sigue siendo "un coladero clamoroso", concluía el informe.

La situación es más grave aún, si tenemos en cuenta que el gobierno socialista liberalizó la venta del abortivo llamado "píldora del día después" para las menores de edad, las cuales no necesitan receta médica para adquirirlo y, por supuesto, pueden comprarlo a espaldas de sus padres. FIN, 29-11-09