CANADA: UNIONES HOMOSEXUALES. LOS OBISPOS LLAMAN A LA PROTESTA Y A LA RESISTENCIA (II).

(continúa del número anterior).

Por Juan C. Sanahuja

Preocupa a la clase política que casi el 50% del electorado esté dispuesto a no volver a elegir a aquellos representantes que voten a favor del proyecto de redefinición del matrimonio.

La Conferencia de Obispos rechaza el totalitarismo homosexualista

El 4 de febrero, en otra de sus muchas intervenciones sobre el tema en estos últimos seis meses, la Conferencia Episcopal hizo conocer su rechazo al proyecto diciendo que si bien las consecuencias de esa legislación inicua son desconocidas, "se puede anticipar un prolongado litigio, que dividiría a Canadá, porque conculcaría la libertad de enseñanza y de opinión sobre el matrimonio y la homosexualidad, según la fe y la conciencia de cada ciudadano".

Los obispos advirtieron también sobre el peligro de que "la ley exija a las distintas confesiones religiosas aceptar los llamados 'matrimonios de personas del mismo sexo'", como ya ha pasado en la provincia de Columbia Británica con respecto a la Iglesia Católica, cuya jerarquía no ha transigido.

Además, advierte la Conferencia, que las asociaciones con estatus legal de 'charitable groups', podrían ser presionadas por el Estado para aceptar la redefinición del matrimonio, con la amenaza de revocarles su estatus legal y los beneficios económicos que éste lleva consigo.

Presionar y resistir

Por su parte, el Arzobispo de Toronto, cardenal Aloysius Ambrozic, que también se dirigió por carta al Primer Ministro, el 17 de enero pasado, mandó a todos los sacerdotes de su diócesis, que en todas las celebraciones litúrgicas, incluidas todas las Misas, "hasta la Pascua de 2005", se elevaran oraciones pidiendo el fracaso de los intentos del gobierno para redefinir el matrimonio.

Ambrozic, también mandó a todos los sacerdotes, que después de la celebración de la Misa, animaran a los fieles a tomar parte activa contra los proyectos del gobierno.

En otra carta, dirigida a los fieles de la arquidiócesis, el cardenal dice: "Como vuestro Arzobispo, les reclamo tomar parte activa en defensa de la institución matrimonial. Tenemos el deber de alzar la voz", y concretando su pedido dijo que todos han de protestar y presionar a los políticos, empezando por "escribir y enviar faxes y correos electrónicos a los parlamentarios y al Primer Ministro, Paul Martin". De hecho, miles de cartas están llegando a los legisladores.

El cardenal, también mandó rezar para que los parlamentarios y los políticos tomen las decisiones correctas, según el orden natural.

Totalitarismo progresista

En su carta al Primer Ministro (18-01-05), Ambrozic se expresa duramente, diciendo que la nueva legislación con seguridad conculcará la libertad de conciencia y de expresión de los ciudadanos, atentando contra los derechos reconocidos en la Canadian Charter of Rights and Freedoms.

"La ley es docente, dice el cardenal. ¿La sociedad en general y los padres en particular deberán enseñar que la heterosexualidad y la homosexualidad son moralmente equivalentes?". (…) "¿Obligará la ley a impartir una educación sexual inspirada en esa nueva visión?".

Por último, el cardenal Ambrozic, urge a todos los parlamentarios, incluidos los miembros del gobierno, a votar en conciencia sobre todos los temas relacionados con el matrimonio, y exige que se les respete esa libertad fundamental.

Cabe señalar que el Primer Ministro, Martin, ha exigido a los parlamentarios miembros del gobierno, el voto a favor del proyecto de ley, dando muestras de un inaudito autoritarismo. Ante esa violación de la libertad de conciencia, es lógico que la Iglesia reclame a favor de la libertad de los parlamentarios de votar según sus convicciones.

Mons. Fred Henry, Obispo de Calgary, quien denunciara la incoherencia moral del Primer Ministro, dijo en enero en una pastoral: "La homosexualidad, el adulterio, la prostitución y la pornografía, destruyen los fundamentos de la familia y las bases de la sociedad, por eso el Estado, para preservar el bien común, debe usar su poder de coerción para proscribirlas o ponerles estrechos límites". (…) "Como están en juego las raíces mismas de la sociedad, todos debemos oponernos, aunque la institución matrimonial es una, y si se crea la figura de los llamados 'matrimonios entre homosexuales', eso jamás alterará lo que es el verdadero matrimonio".

Otros obispos que han alzado su voz en los últimos días pidiendo enérgicas reacciones a sus compatriotas son, Mons. Jean-Louis Plouffe, de Sudbury, Ontario, que llamó a los ciudadanos manifestarse de todas las formas posibles, incluso con concentraciones en la calle. En Vancouver, Columbia Británica, Mons. Raymond Roussin, pidió oraciones por el país, llamó a los sacerdotes a predicar sobre el tema y exigió a sus fieles protestar.

Por último, entre otras reacciones destacamos que la Arquidiócesis de Halifax, Nueva Escocia, publicó un elenco de acciones a seguir: oración, manifestar públicamente la oposición al proyecto y presionar a los parlamentarios.

Vigilancia homosexual

Ante la posible aprobación del proyecto y las legislaciones locales que ya las aceptan y algunas decisiones judiciales que avalan el reconocimiento de las uniones del mismo sexo, muchos comisionados -funcionarios civiles habilitados para legalizar matrimonios- se han visto obligados a renunciar.

Por ahora, las renuncias obligadas y voluntarias que se registran son: ocho comisionados han hecho llegar su dimisión a la Corte Suprema de Newfoundland. Otros 8 lo han hecho en Saskatchewan. En Manitoba, 12; y muchos en Columbia Británica, dónde ya está legislada la redefinición de matrimonio y el gobierno local los conminó a celebrar esas uniones en 2003.

Los funcionarios, locales o federales, viven bajo la amenaza de ser calificados de "homofóbicos" -un "crimen" que el Nuevo Orden no perdona- por la asociación de activistas homosexuales EGALE, que desarrolla sobre ellos una verdadera vigilancia policial.

Sin embargo, a la clase política no deja de preocuparle que casi el 50% del electorado esté dispuesto a no volver a elegir a aquellos representantes que voten a favor del proyecto. FIN, 09-02-05.

CANADA: UNIONES HOMOSEXUALES. LOS OBISPOS LLAMAN A LA PROTESTA Y A LA RESISTENCIA.

Fuentes: Propias; Lifesite, enero-febrero 2005; (vid. NG 648).

Por Juan C. Sanahuja

En Canadá se está librando una batalla paradigmática. Católicos y otros creyentes defienden el orden natural y la libertad civil y religiosa frente al totalitarismo homosexualista.

El 2 de febrero, el gobierno del liberal Paul Martin envió al Parlamento el proyecto de ley C-38 que legalizaría las llamadas uniones del mismo sexo. Recordamos que en junio de 2004, el obispo de Calgary, acusó al Primer Ministro, que se presenta como "católico comprometido", de dar "un contumaz escándalo por su incoherencia moral", manifestada en sus declaraciones favorables al aborto y a las llamadas uniones del mismo sexo, (vid. NG 648).

El 1 de febrero, se dio a conocer el mensaje del Arzobispo de San Juan, Mons. Brendan O'Brien, que en su carácter de presidente de la Conferencia Episcopal se dirigió al Primer Ministro y a los principales líderes parlamentarios. En la carta Mons. O'Brien, reafirma la total oposición de la Iglesia Católica al proyecto de ley del gobierno.

"Los Obispos Católicos de Canadá -dice Mons. O'Brien- permanecen unidos en su oposición a la legislación que redefiniría el matrimonio, dejando de reconocerlo como la institución única, esencial y fundamental, basada en la unión de un hombre y una mujer". Continúa el mensaje diciendo: "Como líderes de 13 millones de católicos, junto a millones de otros canadienses que profesan otras religiones o no tienen una filiación religiosa, llamamos al gobierno y a todos los partidos políticos a reafirmar la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer"

La carta reclama además a los líderes de los partidos y al Primer Ministro, que respeten la libertad fundamental de conciencia y de religión de los legisladores, y se abstengan de "imponer la disciplina de partido" a los parlamentarios.

Concluye la carta repudiando las declaraciones de "Mr. Pierre Pettigrew, Ministro de Asuntos Exteriores, quien afirmó que las iglesias deberían mantenerse ajenas al debate sobre las propuestas de redefinición del matrimonio".

Intervención del Primado

El cardenal Marc Ouellet, Arzobispo de Quebec y Primado de Canadá, dio a conocer el 30 de enero, una carta abierta dirigida a todos los ciudadanos, llamándolos a "oponerse vigorosamente" a la redefinición de matrimonio. "Como ciudadano canadiense -dice el cardenal- y como Primado de Canadá, y cumplo con mi deber de expresar mi rechazo -así como el de un gran número de canadienses que han acudido a mí para que eleve mi voz en su nombre-, sobre el significado y las consecuencias de las propuestas de redefinición del matrimonio".

Estas propuestas, dice el cardenal Ouellet, en orden a legalizar las parejas de homosexuales, "ofenden la moral y la religión de un gran número de ciudadanos, católicos y no-católicos". La carta sigue diciendo que "la unión entre personas del mismo sexo es inaceptable", desde el punto de vista natural, para los cristianos y para otros ciudadanos pertenecientes a otras tradiciones religiosas.

"Se trata, dice el cardenal, de una revolución cultural cuyas consecuencias son imposibles de predecir".

El Primado expresa su esperanza, "en una fuerte reacción de todo el pueblo canadiense en contra del proyecto de ley y la recta decisión de los políticos reafirmando la definición de matrimonio como la legítima unión de un hombre con una mujer con exclusión de cualquier otra persona".

"La sociedad canadiense tiene ante sí la opción entre desechar o reafirmar la definición universal de matrimonio, que refleja el orden natural, el sentido común del pueblo, la tradición judeo-cristiana y la sabiduría de las grandes religiones. La elección puede ser el origen de amargas e impredecibles consecuencias sociales, culturales, religiosas y demográficas". (Continúa).

ECUADOR: LOS OBISPOS Y LOS ABORTIVOS QUÍMICOS.

Fuentes: Propias, Conferencia Episcopal del Ecuador, IPPF, Boletín, 31-01-05.

Por Elena Brañas

Antecedentes

A principios de noviembre pasado, pocos días después de ponerse a la venta una de las marcas comerciales del abortivo conocido como "píldora del día después", el Secretario General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mons. José Vicente Eguiguren, reclamó proteger la vida desde la concepción y retirar del mercado ese producto abortivo. después. Mons. Eguiguren precisó que "es el derecho de esa vida humana el que hay que proteger" y reiteró la necesidad de suspender la venta de Postinor 2, nombre comercial del abortivo, cuyo principio activo es la droga Levonorgestrel (0,75 mg).

Poco después la Federación Médica de Ecuador se sumó al reclamo episcopal y denunció el carácter abortivo de la píldora. Luis Sánchez, su presidente, señaló que "no puede calificarse a la píldora del día después como un método anticonceptivo porque va en contra de algo que ya está concebido por la naturaleza. Impedir que el óvulo fecundado se implante en el útero es un microaborto , pues desde ese momento ya existe vida".

Por su parte, el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Antonio Arregui, advirtió que lo que se busca con la venta de estos productos es insensibilizar a la sociedad ante lo que es un atentado contra la vida humana, es decir, banalizar el aborto.

A fines de noviembre, Francisco Alvear, juez en lo civil, determinó que el producto llamado Postinor 2 -nombre comercial de abortivo- no podrá distribuirse ni comercializarse en Ecuador. El recurso de amparo fue interpuesto por José Fernando Rosero, en nombre de la agrupación Abogados por la Vida.

La IPPF, la multinacional del aborto y la corrupción de menores, anunció 30 de enero pasado, que "los grupos pro-vida están ahora trabajando para obtener la prohibición de las otras marcas comerciales de la píldora del día después y que bajo esa presión la Ministra de Salud está revisando su decisión de permitir el uso de las píldoras de anticoncepción de emergencia (AE) en esta nación". (IPPF, Novedades en salud sexual y reproductiva, 31-01-05).

Documento Episcopal

En medio de la batalla legal-administrativa la Conferencia Episcopal emitió otro documento que trascribimos a continuación.

Carta del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a los sacerdotes y fieles católicos del Ecuador, sobre la "píldora del día siguiente" (PDS):

Queridas hermanas y hermanos:

Los Obispos del Ecuador queremos decir nuestra palabra en torno a este tema que en las últimas semanas ha preocupado a varios sectores de nuestra sociedad. Hablamos desde nuestra misión de pastores de la Iglesia y escribimos la presente carta con gran afecto hacia cada una y cada uno de ustedes. Deseamos que nuestras palabras iluminen y disipen dudas.

Exponemos principios de carácter ético y moral, que reflejan la doctrina permanente de la Iglesia frente a aspectos relacionados con la transmisión de la vida y con la vida misma. En último término, el objetivo de este mensaje es defender la vida humana, que es sagrada desde el momento mismo de su concepción hasta su término natural. La Iglesia Católica, apoyada en serios estudios médicos y científicos, sostiene que la vida humana comienza desde el momento en que el óvulo es fecundado: es allí cuando empieza la vida de un nuevo ser humano. El respeto a la vida no admite discriminación alguna, pues no hay vidas que sí son respetables y otras que no merecen respeto alguno.

Defender la vida se ha vuelto tarea difícil en nuestros días, cuando por diferentes caminos emerge una "cultura de la muerte", promovida y mantenida por algunas voces, tras de las cuales es posible que hablen no pocos intereses, particularmente económicos. Esto resulta paradójico en una sociedad que frecuentemente se autoproclama respetuosa de los derechos humanos y que, sin embargo, no ve contradicción alguna en atacar la vida precisamente de los más débiles e indefensos, las niñas y los niños no nacidos.

Los embarazos no deseados y no deseables -generalmente fruto de relaciones sexuales irresponsables, particularmente entre los más jóvenes- constituyen ciertamente un grave problema. Pero un problema no se resuelve creando otros problemas ni, menos aún, recurriendo irresponsablemente a la solución criminal del aborto. No faltan quienes, envueltos en aires de falsa modernidad, llegan a proclamar el aborto como un derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nada más falso, puesto que el ejercicio de la propia libertad tiene un límite infranqueable: el derecho a la vida de los demás. El nuevo ser concebido ya no es 'su cuerpo": es una vida nueva, distinta a la de la mujer que la concibió; y nadie puede disponer de esa nueva vida.

La investigación médico científica debe probar que la 'píldora del día después' no impide la anidación, en el útero materno, del óvulo fecundado, es decir, probar que no elimina una vida humana. A esta evidencia no han llegado los estudios científicos; y puede ser que no lleguen nunca. La falta de investigaciones completas y definitivas que permitan comprobar con certeza un efecto abortivo de la PDS no es sorprendente. Los datos médicos y biológicos existentes proceden en su mayoría de investigadores con fuerte sesgo favorable a la contraconcepción en todas sus formas. Sin embargo, los laboratorios que comercializan la PDS ya informan que uno de sus efectos puede ser el de impedir la anidación del óvulo fecundado en el útero materno, produciéndose así la eliminación de una vida humana. Aunque son necesarios todavía más estudios para profundizar el tema, existe evidencia científica suficiente para afirmar -a partir de los datos hoy disponibles- que la PDS tiene efectos abortivos. Siendo así, estaríamos frente a una realidad a la que hay que llamarla por su nombre, más allá de sutilezas seudo científicas y de manipulación de las palabras: simplemente se llama aborto.

Quienes hablan de 'evitar un embarazo no deseado' deberían decir claramente que en realidad se trata de interrumpir un embarazo ya iniciado.

También se trata de 'justificar" el uso de la PDS en casos extremos de violación e incesto. La doblez del argumento se advierte por el carácter excepcional de esos supuestos, que no exigen la difusión masiva y económicamente rentable que se propone. Esos dolorosos casos reclaman, por lo demás, un tratamiento mucho más humano y complejo.

No se trata de una cuestión primariamente religiosa. Es una cuestión que, perteneciendo también al orden religioso y moral, pertenece al orden básico y natural de la justicia.

Las reglamentaciones del Ministerio de Salud expedidas hace algunos años y los más recientes registros sanitarios otorgados a las píldoras portadoras del principio activo en cuestión (Levonorgestrel) han de ser sometidas a diligente revisión, en virtud del mandato constitucional que compromete al Estado y todos sus órganos en la defensa de la vida humana desde la concepción. La Constitución de la República, como norma suprema, no puede ser desvirtuada por reglamentaciones de rango administrativo.

La sociedad ecuatoriana se empeñó en la aprobación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el cual se proclama textualmente que "los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción (…). Se prohíben los experimentos y manipulaciones genéticas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento" (Art. 20). Estas proclamas, ¿se quedaron solamente en el papel, como tantas otras leyes de nuestro país?

Si queremos evitar las consecuencias negativas de una sexualidad irresponsable que se guía exclusivamente por el placer y el egoísmo, hay que ir por otro camino: el de una verdadera e integral educación sexual, que no se reduce a señalar el uso del condón, de la PDS y otros artificios engañosos, que ya han demostrado su incapacidad para disminuir los embarazos no deseados o detener el alarmante crecimiento del VIH. Esta educación os tarea de todos, fundamentalmente de la familia y de los establecimientos educativos, a fin de que superemos la actual "inmunodeficiencia" de valores morales. También pueden y deben aportar mucho los medios de comunicación social, cuyos programas y publicaciones sobre tos temas, en un momento dado, podrían favorecer la permisividad y una falsa tolerancia, o crear mayor confusión y desorientación.

La Iglesia católica está dispuesta a unir sus esfuerzos a los de todas las personas e instituciones que están a favor de la vida y laborar en una verdadera educación sexual de niños, jóvenes y adultos. Hace un especial llamamiento a los jóvenes -mujeres y varones- para que no se dejen atrapar por la corrupción y la mentira; y los invita a no tener miedo de vivir la castidad, de practicar una conducta sexual responsable y de alinearse decididamente en favor de la vida. Quito, a 3 de enero de 2005;

Monseñor Vicente Cisneros Durán, Arzobispo de Cuenca, Presidente; Monseñor José Vicente Eguiguren, Secretario General. FIN, 06-02-05.

BRASIL: EN RÍO NO SE DISTRIBUIRÁN ABORTIVOS QUÍMICOS.

Enérgica acción del Arzobispo.

Fuentes: Propias.

Por Juan Bacigaluppi.

El pasado 28 de enero, la municipalidad de Río de Janeiro informó que el alcalde de la ciudad, César Maia, anuló la resolución publicada el martes 25 por su secretaría de Salud que preveía la distribución gratuita del abortivo conocido como píldora del día después, en todos los centros sanitarios. El alcalde lo comunicó en primer lugar al Arzobispo, Cardenal Eusebio Oscar Scheid.

El jueves 27, el Arzobispado de Río había dado a conocer un comunicado que afirma que la píldora del día después es un compuesto abortivo, que actúa después que se produce la concepción. "La ciencia demuestra, dice, que después de la fecundación, estamos ante un nuevo ser humano, con un código genético definido. La vida humana es sagrada y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier autoridad que atente contra la vida, sobre todo la vida de un inocente, se aparta de sus competencias, y suscita la indignación ética de todos los que, independientemente de su religión, defienden la dignidad del ser humano". La nota lleva las firmas Mons. Dimas Lara Barbosa, obispo auxiliar, y de Mons. Antonio Augusto Dias Duarte, que lo hace como obispo auxiliar y pediatra.

La resolución derogada también preveía la distribución gratuita del abortivo a menores de edad, sin conocimiento de sus padres.

Reconociendo el efecto abortivo de la píldora del día después, que impide la implantación del nuevo ser humano en el útero, la misma Secretaría de Salud de Río de Janeiro, alegó que "la píldora es anticonceptiva debido a que la Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo sólo se produce cuando el óvulo se fija en la pared del útero", como si las definiciones, manipuladas por los organismos de la cultura de la muerte, cambiaran la realidad.

En USA

Mientras tanto la agencia federal de medicamentos de los Estados Unidos (FDA), está reconsiderando su disposición de mayo de 2004, que prohibía la venta sin receta médica del abortivo Plan B, una marca comercial de la píldora del día después, producida por la compañía Barr Pharmaceuticals.

En mayo la agencia prohibió la venta sin receta del Plan B, basada en que se desconocen aún los efectos del producto -una verdadera bomba hormonal- sobre el organismo de las mujeres, especialmente de las adolescentes. La medida ocasionó una notable disminución de las ganancias a los laboratorios y los fabricantes pidieron que se reconsiderara.

Mientras tanto, el 6 de enero, investigadores de la Universidad de California (San Francisco), informaban que el uso del controvertido producto llamado Plan B, no disminuía los embarazos inesperados, ni por lo tanto el número de abortos quirúrgicos (Pro-Life News, nº 3380), desmantelando así los dos argumentos más usados en la propaganda de los laboratorios y por la prensa de abortista (vid. The New York Times, 25-01-05).

ONU-PARAGUAY: EXIGEN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.

Fuentes: Propias; CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.6,06-08-04,CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.5, 27-09-04; Press Releases, WOM/1473, 07-01-05; 1474, 10-01-05, y 1477, 14-01-05. (Vid. entre otras NG 623, 634, 653, 660, 679, 682, 683).

Por Juan C. Sanahuja

Las "expertas" del Comité de seguimiento de la Convención en contra la Discriminación de las Mujeres (CEDAW), recomendaron al Paraguay revisar su legislación que pena el aborto, y plantearon la separación entre el Estado y la Iglesia desde una perspectiva anticristiana.

El Comité del CEDAW, está celebrando en New York, su sesión 32ª entre el 10 al 28 de enero. Como órgano de "vigilancia y monitoreo" del cumplimiento de la Convención y de su Protocolo Opcional está examinando los informes de 8 Estados partes: Argelia, Croacia, Gabón, Italia, República Democrática Popular de Laos, Samoa, Turquía y Paraguay, que presentó juntos sus informes tercero, cuarto y quinto.

El día 17 de enero presentó sus informes la delegación de Paraguay, compuesta por María José Argana Mateu, Ministra del Secretariado de la Mujer de Paraguay; la Delegada Nacional, Olga Beatriz Ferreira de Lopez; y la jueza Namia Ferreira de Guanes. Por la Oficina de Censos, Zulma Sosa de Servin; por el Secretariado para la Mujer, Benefrida Espinoza, Claudia García y Adriana Arza de Arriola; y Carlos José Ruckelshaussen Villarejo y Lorena Patiño de la Misión permanente ante las Naciones Unidas. Paraguay ratificó la Convención en 1987 y el Protocolo Opcional en 2001.

Recordamos que el Protocolo Opcional fue calificado en el Senado de los Estados Unidos como un instrumento "para la globalización del aborto"; y que la Conferencia Episcopal Argentina declaró que su ratificación "representa una renuncia a la soberanía que dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto". La Convención fue ratificada por 179 países. En cambio el Protocolo, hasta noviembre de 2004, había sido ratificado sólo por 68 países, entre otras cosas, a causa del peligro de que Comité del CEDAW exija a los Estados cambiar las legislaciones que reconocen y respetan el orden natural sobre la vida humana y la familia.

Recomendaciones a Paraguay

Los expertos del Comité expresaron entre otras cosas, "su preocupación seria por el predominio de los patrones sociales y culturales de comportamiento que discriminan a las mujeres, señalando que representan obstáculos al adelanto de la igualdad genuina. Otras preocupaciones son las relacionadas a las altas tasas de mortalidad materna y a la penalización del aborto bajo las leyes nacionales que aún no se han derogado". Según el Comité muchas mujeres acuden al aborto clandestino bajo condiciones antihigiénicas y la mortalidad de las mujeres como resultado de abortos inseguros sigue siendo un problema muy serio, y "aún más seria es la inacción del gobierno en ese tema".

Feminismo vs religión

Hace tiempo que el feminismo tomó un marcado tinte anticatólico. Para las lesbo-feministas, que ignoran el orden natural, común a todos los hombres y mujeres cualquiera sea su religión, la Iglesia es quien impide el "desarrollo de los derechos humanos de las mujeres", entre ellos los derechos reproductivos y sexuales (aborto, anticoncepción homosexualidad). Para ellas la "separación" entre Iglesia y Estado, es más bien un totalitario intento de arrancar las raíces cristianas de las sociedades, mediante una renovada persecución ideológica a los cristianos.

En este contexto han de interpretarse las palabras de la feminista Silvia Pimentel, miembro del Comité y experta de Brasil, que dijo que la separación entre el gobierno y la religión es muy importante, no solamente en Paraguay, sino también en toda Latinoamérica y el Caribe. "El comienzo de un nuevo milenio proporciona una gran oportunidad de tener una sociedad verdaderamente moderna o al contrario de retroceder en esta aspiración. Lograr el progreso en términos legales y políticos requiere que se ponga a las mujeres en el centro de este debate. La Constitución de Paraguay, que está en vigor desde 1992, separó la Iglesia del Estado. Por lo tanto, debe proteger a las mujeres contra la privación de sus derechos promovida por las creencias o prácticas religiosas".

Aborto

La experta de Bangladesh, Salma Khan, manifestó "su gran preocupación por la alta tasa de mortalidad materna producto de la falta de servicios de planificación familiar y de los abortos ilegales", y le recordó a la delegación que de acuerdo con la Convención las mujeres deben tener el acceso completo a los servicios de planificación familiar", es decir también al aborto sin restricciones. Por eso, "recomendó al Gobierno paraguayo que reconsidere la despenalización del aborto, reformando su legislación actual"; y al mismo tiempo insistió en que Paraguay "deberá fortalecer su educación sexual y los servicios de planificación familiar". Las recomendaciones de Khan fueron avaladas, por la brasilera Pimentel, entre otras miembros del Comité.

El informe sombra

Como informamos en otras ocasiones, las ONG's feministas, abortistas, lesbofeministas, presentan al Comité del CEDAW informes alternativos (paralelos) o informes sombra y denuncias contra su propio país. El 10 de enero, presentaron el informe sombra sobre Paraguay.

El informe sombra dice entre otras cosas: "Este informe sombra revisa, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y de las anteriores recomendaciones del Comité, los Informes Periódicos tercero y cuarto combinados (CEDAW/C/PAR/3-4, 11 de febrero de 2004) y Quinto Informe Periódico (CEDAW/C/PAR/5, 25 de mayo de 2004), presentados por el Estado del Paraguay al Comité. Tiene como propósito señalar, desde la mirada de la sociedad civil, los avances, dificultades y retrocesos del Estado en la adopción de medidas para cumplir con la Convención".

El informe señala: "que no se ha despenalizado el aborto; que siguen las discriminaciones basadas en estereotipos de género, o por causa de la religión; que no se han difundido como lo recomienda el CEDAW los servicios de planificación familiar; que no existe en la legislación una definición de lo que debe entenderse por discriminación contra la mujer, ni existe una tipificación legal de las formas de discriminación contra la mujer que permita su sanción".

También insiste en que "sigue la discriminación en la educación como la expulsión de adolescentes embarazadas, o por la orientación sexual distinta a la heterosexual; que hay casos de discriminación laboral contra mujeres por su orientación sexual".

Insiste el feminismo en la supuesta "inequidad con las mujeres en el acceso a los servicios de salud, especialmente que incluyen la salud sexual y reproductiva, y que la población adolescente carece de espacios diferenciados de información y atención de la salud sexual y reproductiva".

Las ONG's abortistas fijan su prioridad "en la denuncia permanente y sistemática de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tanto a nivel nacional como local, y también hace referencia a las deficiencias en el acceso y la atención de los servicios de salud". (…) "Es prioritario interpelar al Estado paraguayo sobre cómo y con qué recursos se realizará el seguimiento y monitoreo para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de atención".

El informe fue presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Paraguay) y la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), y cuenta con la adhesión de las siguientes organizaciones: Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas; Alter Vida (*); Amnistía Internacional Paraguay; Asistencia, Prevención y Rehabilitación en Violencia Masculina (APREVIM-Paraguay); Asociación de Abogadas del Paraguay (ADAP) (*) (**); Base de Acción Educativa (BECA) (*); Centro de Documentación y Estudios (CDE) (*); Círculo de Abogadas del Paraguay (CAP) (*) (**); Colectivo 25 de Noviembre (*) (**); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Comité de Género de la Cooperativa Coomecipar Ltda.; Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Fundación Kuña Aty (*) (**); Fundación Centro de Asistencia Integral (CEDAI) (**); Grupo de Acción Gay Lésbico y Transgénero (GAG-LT); Grupo de Estudios de Mujer Paraguaya-Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (GEMPA-CEPES) (*); Kuña Róga (*); Mesa Coordinadora de Mujeres de San Lorenzo; Mujeres por la Democracia (*); Pastoral Social de la Mujer; Red de Mujeres Trabajadoras Munícipes del Paraguay; Red de Mujeres Políticas; Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA); Unión de Mujeres Paraguaya (UMPA).

(*: Organizaciones Integrantes de la Coordinación de Mujeres del Paraguay CMP); (**: Organizaciones Integrantes del comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM-PARAGUAY). FIN, 26-01-05.