¿La Junta de Andalucía delinque? o cuando la duda nos ofende

El semanario Alba, en el número del pasado 10 de octubre daba una información que, por lo grave de la misma, no puede quedar como un atropello más producido por el poder socialista.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 1 de octubre, cometía lo que de no ser delito es una manifestación de desvergüenza a resaltar por lo osado y descarado de la misma.

Allí se publicaba una relación, bastante extensa, de padres y, sobre todo, de “alumnos” que, habiendo presentado una solicitud de objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía no se les había admitido.

El problema es que en la tal relación aparecían, aparecen, como he dicho arriba, los nombres de los menores.

Y, aunque la Junta de Andalucía se ha pasado por el forro de sus caprichos los derechos de los que los menores son acreedores, bien haremos en recordar cuáles son:

1.-El artículo 18.1 de la Constitución Española (aún vigente, también, en Andalucía) dice que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

2.-El apartado 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, dice que “Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”.

Queda claro que publicando los nombres de los menores, en cuya representación actuaban sus padres, lo que se trata es de poner en evidencia a tales alumnos ante el resto de la población escolar con ánimo, evidente, de zaherirlos y, si es posible, señalarlos con el dedo acusador de la disidencia.

Así, esto equivale a la aplicación de una técnica puramente fascista o, en su caso, comunista (y, en general, socialista) que viene a ser, aquí, exactamente lo mismo.

El ejemplo, por cierto bastante patético, de la mala fe con la que se ha actuado, es que, en la misma Resolución se dice que, en aplicación del artículo 59.4 de la Ley 30/92 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas) se veían en la obligación de publicar la relación de personas objetoras porque no habían podido llevar a cabo la “notificación personal”.

Pues, a parte de que la referencia legal es inexacta (porque, en realidad, el apartado, ahora, 4 de la Ley 30/92 resultó de una modificación procurada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificaba la 30/92 y no correspondía al antiguo 4 sino al 5) y aún comprendiendo que tal detalle habrá pasado desapercibido cuando se pretende otra cosa, lo bien cierto es que se trata de una actuación simplemente impresentable y, desde luego, muy acorde con una actuación sectaria y vengativa.

Pero, en todo caso, ¿Es posible que alguien se pueda creer que no ha sido posible entregar la notificación a unos padres perfectamente localizables a través de los expedientes escolares?

Bien sabemos, quienes tenemos hijos en edad escolar, que eso es, simplemente, imposible, porque los datos familiares constan en, seguro, más de un documento en poder de la Consejería de Educación de Andalucía y de las que se ocupen de tales competencias de las Comunidades Autónomas del resto de España. Eso es una mala excusa dada por alguien incapaz de urdir otra mejor e inhábil para manifestar una inteligencia mediana.

Por finalizar, el apartado 4 de la Ley de Protección Jurídica del Menor citada arriba dice que “Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública”.

Y esto es así porque el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Pues bien, yo pido que el Ministerio Fiscal cumpla con la función atribuida por la tal Ley y, en consecuencia, lleve a los tribunales a la Consejería que, en la Junta de Andalucía, ha perpetrado un claro atentado a la intimidad personal de decenas de menores aireando sus nombres en un medio público de información.

¿O es que también el Ministerio Público quiere incurrir en un presunto delito?

Aunque, bien pensado, eso les está bien merecido a los padres y a los alumnos objetores por no ser lo suficientemente borregos como el resto sí lo son.