Educación para la Ciudadanía: parece que se acabó el proselitismo gubernamental; pero sólo lo parece.

El pasado martes, 17 de febrero se conocían, de forma definitiva y completa, las Sentencias sobre Educación para la Ciudadanía cuyo resultado se dio a conocer hace unos días.

En principio puede parecer que el Ejecutivo laicista de Rodríguez Zapatero se ha salido con la suya. Sin embargo, la cosa es muy otra. Aunque también esto último sólo lo parezca.

Así puede leerse en la Sentencia que resolvía el Recurso de Casación a la que provenía de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con Sede en Sevilla, de fecha 4 de marzo de 2008.

Todo este palabrerío jurídico lo que quiere decir es que la Junta de Andalucía, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, todos a una, recurrieron la Sentencia citada arriba que decía que reconocía “el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía” y declaraba “que su hijo no debe cursar la asignatura, quedando exento de ser evaluado de la misma”

Así de simple.

En primer lugar, es cierto que se establece que no existe tal el derecho de objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía al decir, en el Fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo, que se falla “Haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y la Letrada de la Junta de Andalucía contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª), con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008”

Sin embargo, no todo es de color de rosa para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero porque se ha querido dar una de cal y otra de arena, como para compensar.

El Fundamento de Derecho Décimo dice lo siguiente:

“Y en particular, cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan”.

Por tanto, se abre una vía de recurso cuando de lo que se trate, por parte de los libros de texto, sea adoctrinar. Así lo dice, un poco antes, el mismo Fundamento de Derecho:

“Proyectos, textos y explicaciones que deben moverse en el marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la CE y a que, de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles, cobra aquí también pleno vigor”.

Y eso es lo fundamental en este caso. Y lo es por lo siguiente.

Cuando se ha recurrido, en miles de ocasiones, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo que se ha tratado de limitar es, precisamente, el intento de adoctrinamiento que, desde el Ejecutivo laicista de Rodríguez Zapatero, se ha intentado llevar a cabo.

Por tanto, no se recurría, por absurdo e incomprensible, el hecho de que se dé explicación de valores constitucionales como la libertad, la convivencia y otros. No. Lo que se ha hecho, y, seguro, se seguirá haciendo, es recurrir el que se trate de imponer una ideología de género, que se trate de imponer la homosexualidad como conducta ordinaria y otras lindezas similares.

Y eso es lo que, precisamente, ha salido ganando con la sentencia aquí tratada, aunque sólo lo parezca.

¿Cuál puede ser la razón por la cual tanto se alegra, por ejemplo, la ministra Cabrera?

Por ejemplo, para disimular pero, sobre todo, porque sabe que la vía judicial dejada abierta por el Tribunal Supremo resulta dificultosa para los padres y lenta (por definición de la justicia española)

Por eso, al fin y al cabo, bien podemos decir que el alto Tribunal español ha sido bastante sumiso con el poder establecido y ha dejado, a los padres, a los pies de los caballos judiciales, para se vayan armando de paciencia y, al final de toda esta película, Educación para la Ciudadanía, un engendro laicista y adoctrinador, siga el camino establecido por Rodríguez Zapatero: aborregar a la población infantil para hacer con ella lo que luego quiera hacer.

Y el Tribunal Supremo mirando para otro lado.