Castilla y León y el aborto: el conocimiento de la Ley no excluye su incumplimiento

Publicaba InfoCatólica una noticia según la cual existe un Ejecutivo regional, el de Castilla y León, se aviene a la legislación del aborto para justificar el pago de los los abortos con dinero público.

Esto se hace a través de un acuerdo con una clínica que práctica tan horrendo acto. La misma tiene nombre, y se llama, en concreto Clínica Ginecológica Ginemédica y de ellos mismos dicen, para que todo esté más que claro, que “Somos la única clínica de Castilla y León autorizada por la Administración de la Comunidad Autónoma para practicar el aborto.

A todo esto se le llama, por disimular y, a la vez, por mentir, “interrupción voluntaria del embarazo” pero bien sabemos que no pudiendo volver a la vida el nasciturus muerto (eso es interrumpir un proceso que luego, pues, continua cuando convenga) y que, por tanto, ninguna interrupción se produce, lo que, en realidad acaece es la simple y triste muerte del mismo.

Pues parece que el Ejecutivo, perteneciente al Partido Popular, de aquella tierra castellana, tiene bastante claras las cosas: con los tiempos modernos vamos para que no se note nuestra ideología.

De todas formas, es de imaginar que quien esto hace ha de tener alguna justificación para su forma de actuar porque, de otra forma, no se comprende que así se haga.

Y la tiene: la cobardía.

Es cobarde quien se ampara en una Ley hecha, a sabiendas, por mentes perversas que sólo buscan el comportamiento hedonista y el malvivir de las mujeres embarazadas; cobarde quien se esconde tras las faldas del Poder Legislativo para no hacer frente a la aberración que supone que una persona pueda decidir sobre la vida de otra y más aún cuando el sujeto pasivo, nasciturus, del imposible derecho, está totalmente indefenso; cobarde el cruzarse de brazos diciendo que, al fin y al cabo, hacen lo que hay que hacer según la ley y los reglamentos.

Y esto es lo que hacen en la Junta de Castilla y León: “La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, así como que ésta decisión sea respetada”.

Es decir, que porque una ley diga que la mujer puede decidir sobre la vida del ser humano que lleva en su seno, hay que aceptarlo sin más y ¡hala!, a por la siguiente norma diga lo que diga.

Y vuelven a bajarse los pantalones ante la ley:

“Por todo ello esta institución tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad los derechos reconocidos según la normativa, así como guardar y hacer cumplir los requerimientos que están recogidos en la legislación vigente”.

¿Y si la ley es intrínsecamente perversa? ¡Pues allá películas!

¿Y si la ley es una aberración contra natura? ¡Pues que le vayan dando a los nasciturus!

¿Y si ley es un puro ejercicio de ingeniería social? ¡Pues qué bien con la norma!

Y, para terminar, la financiación de la muerte ajena con contento oficial:

“Asimismo, el servicio público de salud deberá asumir esta prestación, cuando no se proporcione en los Centros asistenciales del ámbito de SACYL, en un centro acreditado en el que se cumplan las condiciones requeridas por la Ley”.

Pues, ¡Venga!, el dinero para fomentar y proteger la muerte de quien nada puede hacer para evitarla.

A esto sólo se me ocurre llamarle complicidad con comportamientos contrarios a la moral, a la ética y a la misma vida.

Aunque eso, claro, comprendo que no se le pueda reclamar a quien se ha acomodado al mundo y a su mundanidad y hacen de sus supuestas ideas un sayo que bien le venga a la corrección política y a la forma de actuar menos presentable.

Tampoco, es cierto, se le pueden pedir peras al olmo.

Y triste, también es.