La ley española de suicidio asistido y eutanasia (III). El debate parlamentario y la aprobación de la ley

EL DEBATE PARLAMENTARIO Y LA APROBACIÓN DE LA LEY

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Las enmiendas totales al proyecto de ley de regulación de la eutanasia

El proyecto de ley socialista fue presentado al congreso, y recibió las enmiendas de diversos grupos. Todas las enmiendas se hallan en esta dirección de la red, a la que remito al lector que esté interesado, pues para no hacer aún más largo el artículo, únicamente comentaré los rasgos más importantes de cada una.

El principal partido de la oposición (numéricamente hablando), el Partido Popular (una amalgama liberal de conservadores, progresistas, con algunos democratacristianos y hasta socialdemócratas), sencillamente presentó una enmienda a la totalidad y contestó con su propio proyecto de ley (cuando gobernaron hasta hace apenas 4 años con mayoría más que suficiente, no hicieron ninguna al respecto). Este proyecto de ley del PP trata sobre los cuidados al final de la vida, sin mencionar el término eutanasia, y tiene cierta ambigüedad al definir los cuidados paliativos: “los cuidados paliativos, dirigidos a mitigar el dolor de los pacientes, incluso cuando ello pueda acortar o incluso poner en peligro inminente su vida, pueden ser la opción más adecuada y, a la vez, la más humana, para garantizar que puedan afrontar el proceso final de su vida en las mejores circunstancias posibles”. Hay que recordar otra vez que el cuidado paliativo no es una “opción”, sino que forma parte de la lex artis médica en las obligaciones del personal sanitario cuando la posibilidad de curación se considera, con los conocimientos científicos actuales, remota o imposible.

Por otra parte, hay una confusión de términos, porque los cuidados paliativos no ponen “en peligro inminente” ninguna vida. Como toda terapéutica, pueden tener efectos adversos a ciertas dosis, y deberán ponderarse dentro de un marco de decisiones en el que prima evitar el sufrimiento al paciente. La Iglesia lo denomina el “principio del doble efecto”, y es un dilema bien conocido en medicina, que siempre será lícito cuando el objetivo de la terapia sea aliviar o mejorar un síntoma, y no buscar esos efectos adversos, y se administre el principio en las dosis mínimas para lograr el efecto. O sea, buena praxis sin más. Introducir esa precisión sobre los peligros para la vida de los cuidados paliativos induce a considerar los cuidados paliativos lo que no son.

El proyecto del partido Popular, no obstante, se apoya también, como el del Partido Socialista, en el principio de la autonomía de la voluntad: “En todos los casos, el objetivo consiste garantizar la primacía de la voluntad de la persona en el proceso final de su vida, así como las vías de conocimiento y manifestación de dicha voluntad; y de proscribir cualquier consecuencia discriminatoria en la atención sanitaria que pudiera derivarse de dicha voluntad y, específicamente, del rechazo a determinados tratamientos, intervenciones o procedimientos”.

A diferencia del proyecto de ley socialista, eso sí, está centrado únicamente en los procesos irreversibles que conducen a un fin próximo a la vida de forma natural, es decir, lo que se conoce como estado terminal, eliminando el estado de enfermedad grave o incurable como condición.

El resto de puntos versan sobre el respeto a la dignidad del enfermo terminal, el respeto a sus decisiones sobre tratamientos y diagnósticos, el acceso universal a una atención adecuada sin discriminaciones, registro de voluntades anticipadas, decisiones cuando el paciente no pueda expresar su voluntad, etcétera, extremos que se hallan ya presentes tanto en la legislación previa como en los códigos deontológicos de la buena práctica médica.

El proyecto de ley del PP tiene también un capítulo destinado a definiciones, el cual, por cierto, incluye el de “calidad de vida”, concepto que aunque también se halla en el espíritu del proyecto del grupo socialista, no se define allí explícitamente. Así describe la calidad de vida el Partido Popular: “satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias personales; su contenido abarca no solo el bienestar físico, sino también los aspectos psicológicos, socioeconómicos y espirituales”. Parece que ningún jurista parlamentario se ha parado a pensar que si uno puede juzgar la propia satisfacción ante las condiciones (objetivas no serán nunca) propias, hasta el punto de decidir en base a ello nada menos que el decaimiento del derecho a la vida, puede hacer lo mismo con las ajenas con el mismo fin. Las demás definiciones son muy similares a las que a hemos analizado al tratar el proyecto de ley socialista.

El resto del proyecto se centra en los derechos a rechazar tratamientos, a ser informados, etcétera. Tiene un apartado específico, eso sí, sobre el derecho a recibir cuidados paliativos de calidad, así como la obligatoriedad de la formación específica del personal sanitario en ese aspecto, apartado que no contempla el proyecto del grupo socialista. En ese sentido es positivo, pues aunque ya sabemos que una cosa son las leyes, otra los reglamentos, y otra la implementación real, al menos pone por delante los cuidados debidos al paciente terminal.

Sí cabe destacar que el documento parece deslizar una autorización a la eutanasia pasiva en situación de agonía (últimos día su horas) en el artículo 14.4: “Cuando los pacientes se encuentren en situación de sedación en fase de agonía se suspenderán todos aquellos tratamientos o medidas de soporte que no sean precisos para mantener el control de los síntomas, a fin de no alargar innecesariamente el sufrimiento”. Las medidas de soporte incluyen hidratación, alimentación, confort, oxigenación… retirarlas no es algo neutral, sino una provocación indirecta de sufrimiento y de la muerte.

En conjunto, el proyecto del grupo popular se centra en los cuidados paliativos al final de la vida, omite la referencia al sufrimiento, y aunque se basa en el principio de autonomía de la voluntad del paciente (como buen partido liberal), no permite ni siquiera cita la eutanasia activa. Naturalmente, un liberal fetén preguntará al grupo del partido Popular por la razón filosófica por la que la evocada autonomía del paciente para aceptar o rechazar tratamientos a voluntad no se amplía a decidir el momento de su muerte.

Además de esta enmienda total, el PP presentó una batería de enmiendas parciales (la 199 y subsiguientes) pidiendo la supresión o modificación de los epígrafes de la ley explícitamente favorables a la eutanasia (o sea, la mayoría), y todos los relevantes, porque la constitución y la legislación vigente ya protege la libertad individual, pero además también protege el derecho a la vida. En la (supuesta) colisión de ambos, el grupo popular apela al convenio de Oviedo de 1997, y al código deontológico de la OMC que ya hemos aludido, donde se proscribe establecer medidas encaminadas primariamente a acortar la vida del paciente, por ser una actuación que se aparta de la “lex artis” médica. Asimismo califica de inexistente el “derecho a morir”. El resto de sus enmiendas parciales van sustituyendo el articulado original por su propio proyecto. Una argucia para plantear la enmienda a la totalidad que ya habían presentado, pero votada enmienda a enmienda.

La siguiente enmienda a la totalidad es la del partido Vox (liberal conservadores, democratacristianos y nacionalistas españoles), el tercero con mayor representación en la cámara. También proponen un proyecto de ley alternativo, donde se especifica la inviolabilidad del “bien jurídico vida”. Hay varios puntos interesantes en este proyecto: la autonomía de la voluntad del paciente pierde relevancia (aunque también se cita de pasada), esto es, tendrá derecho a aceptar o rechazar tratamientos, pero sin poder imponer su decisión al profesional médico que le atiende si es contraria a su criterio científicamente fundado, debiendo llegarse a un “equilibrio” entre ambos. Es pues, un proyecto que recupera parte de la autoridad del facultativo.

Al igual que el proyecto de ley socialista, y a diferencia de el del PP, este apela a la constitución en su apoyo, concretamente a los artículos sobre la vida, la dignidad y la intimidad, así como al artículo 43 sobre la protección a la salud, que omite clamorosamente el proyecto de ley socialista.

Todo el proyecto de ley de Vox reposa sobre el desarrollo y fortalecimiento de los cuidados paliativos, la correcta información al paciente y la creación de una especialidad médica en cuidados paliativos, y su adecuada dotación para que llegue a toda la red asistencial española, preferentemente a domicilio. Se omite cualquier referencia a la finalización anticipada de la vida o al sufrimiento del paciente (aunque, curiosamente, se vuelve a repetir que las medidas de soporte podrán retirarse al paciente en agonía adecuadamente sedado, como en el resto de proyectos de ley; este artículo no trata sobre la agonía o la sedación en agonía, pero esta definición es la de eutanasia pasiva). En conjunto, es la propuesta de ley más próxima a una visión cristiana del final de la vida.

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Las enmiendas parciales al proyecto de ley

Bildu (nacionalistas marxistas vascos, herederos políticos del grupo terrorista ETA) postuló una enmienda para reforzar la autonomía radical de la voluntad (la vida no es don o principio del que emanan los derechos, sino propiedad del sujeto) con estas significativas palabras:

“No es el sufrimiento inaguantable lo que justifica la eutanasia, ni siquiera la compasión, la justificación básica se encuentra en el reconocimiento de la condición de la persona la que exige el respeto a la libertad individual de disponer de la propia vida. Es necesario trascender el paternalismo que encubre someter semejante decisión personal, la propia muerte, a las decisiones de especialistas médicos, juristas y administrativos. Todo lo cual para acabar negando materialmente la autonomía de la voluntad de quien decide que su vida es insoportable”.

No se puede negar que son claros y diáfanos sobre su posición filosófica. Que esta parta del individualismo más radical que ha dado el libertarianismo liberal, y no del marxismo, es contradicción que deberán de resolver ellos. Ahondado coherentemente en la radicalidad, el grupo de Bildu propone despenalizar por completo el auxilio al sucidio, eliminar todo tipo de dictámenes médicos o jurídicos para valorar la idoneidad de una petición de auxilio a la muerte o ampliar ese “derecho” a la propia muerte a cualquiera que sufra una condición de “padecimiento permanente insoportable”. En realidad, es un error de los proponentes, porque efectivamente el proyecto socialista de 2019 ya contemplaba esa ampliación. Por otra parte, y siguiendo la lógica de estos revolucionarios radicales, me pregunto con qué derecho limitan ellos el auxilio a morir al que tiene “padecimientos permanentes insoportables”: si la decisión sobre morir o seguir viviendo pertenece por entero al sujeto ¿por qué no auxiliar al perfectamente sano y feliz que decide en su autonomía poner fin a su existencia?

Tanto Bildu como otros grupos presentaron enmiendas parciales a diversos puntos concretos de la ley, normalmente en el sentido de aumentar la autonomía de la voluntad del reclamante, o corrigiendo defectos de redacción. Un grupo parlamentario llamado “Plural” (mezcolanza de regionalistas y nacionalistas regionales varios, así como poscomunistas) nada menos que propuso abolir la objeción de conciencia del médico para negarse a auxiliar a la muerte a quien se lo pidiese (véanse la enmiendas números 34, 44, 55), contraviniendo los artículos 34 a 37 del código deontológico de la organización médica colegial, que protegen el derecho a la objeción de conciencia y el 38.5, que prohíbe al médico practicar la eutanasia (pero en cambio, en la enmienda 65 sí que se faculta al médico para iniciar la petición de eutanasia si el paciente incapacitado la dejó previamente escrita; se le prohíbe objetar la eutanasia pero se le alienta a pedirla). En la 39 pide la supresión de los 15 días de separación entre las dos peticiones firmes de eutanasia, en la 43 la limitación del término temporal para responder a alegación, en la 47 y subsiguientes eliminar garantismos legales y acortar plazos… todo en la dirección de facilitar la muerte lo más rápidamente posible en línea con el autonomismo volitivo radical (“el objetivo de la ley es, en primer lugar, garantizar la voluntad de la persona que decide morir”, enmienda 46). En general, se puede afirmar que la gran mayoría de enmiendas están redactadas por juristas, siendo muy dudoso que algún profesional médico haya sido partícipe de las mismas, por las ambigüedades que plantean en temas técnicos, así como el relato como reales de casos totalmente abstractos, mientras no se debate en absoluto la realidad de la atención sanitaria al paciente terminal o con enfermedades crónicas incapacitantes.

El llamado “Grupo vasco” (integrado en su totalidad por parlamentarios del Partido Nacionalista vasco, unión de nacionalistas vascos liberales de diversas tendencias), sí presenta en sus enmiendas un cierto debate ideológico de baja intensidad. Por ejemplo, en la enmienda 82 solicita que se cite expresamente la solicitud de auxilio médico al suicidio en el texto de la ley, distinguiéndola de la eutanasia, por considerarlas diferentes, aunque los medios empleados sean similares para ambas. En la enmienda 90 obliga a que el solicitante haya recibido previamente una asistencia completa por cuidados paliativos o prestaciones plenas por su dependencia. A diferencia de la mayoría de los grupos que hacen enmiendas parciales, el PNV pone la nota en la realidad de que los cuidados paliativos aún no llegan con plenitud a toda la población, y los exige previamente a cualquier paciente que solicite la eutanasia. No obstante, esta enmienda pretende más bien (como se afirma explícitamente en su justificación) quitar la razón a los que aducen la falta de cuidados paliativos como una razón para la eutanasia, es decir, en realidad respaldando el espíritu de la ley: la muerte anticipada de los que sufren. Se trata de una norma garantista más que no va al fondo de la discusión filosófica sobre la eutanasia. Por otra parte, la enmienda 108 aumenta la libertad de los profesionales sanitarios para ejercer el derecho a la objeción de conciencia.

El grupo parlamentario del partido Ciudadanos (liberal libertariano), en línea coherente con su ideología autodeterminista, presentó varias enmiendas destinadas, literalmente a “configurar una regulación integral del derecho a la disposición de la propia vida”, y trasladarlo en esos términos al articulado; esto es, a considerar la propia vida una propiedad particular sobre la que uno dispone libremente. O eso cree. Las enmiendas 115 y subsiguientes sustituyen abiertamente el término eutanasia o auxilio al suicidio por “disponer de la propia vida” en el sentido único de acabar con ella antes de tiempo. O sea, que sería más correcto hablar del derecho a disponer de su propia muerte. También para recibir la atención sanitaria adecuada, o los cuidados paliativos, pero eso ya está presente en la legislación previa, por lo que en ese sentido esta ley sería innecesaria, y lo suyo sería implementar reglamentaria y prácticamente lo dispuesto en aquella. Por tanto, es el “derecho a la eutanasia” lo que realmente guía la iniciativa de este grupo político, aunque se vista con otros ropajes. Como el resto de proponentes de la eutanasia, en el punto 11 de la enmienda 117, se consideran medidas terapéuticas a retirar, para evitar la obstinación terapéutica, la asistencia respiratoria no invasiva o la nutrición artificial. Naturalmente, el único “derecho” de esa presunta disposición absoluta sobre la propia vida, es a quitársela antes de tiempo. Y como ya he comentado, los proponentes libertarianos no parecen darse cuenta de que si el estado está obligado a ayudar a morir a una persona que lo desea, porque esta tiene ese derecho, no se entiende porqué esa obligación solo debe existir cuando esté afecto de enfermedad grave, y no en cualquier circunstancia. ¿Y si esa enfermedad grave es mental, y por tanto nubla su juicio y la presunta autonomía derivada de él?

El resto de las numerosas enmiendas del grupo Ciudadanos (parece más bien una redacción nueva de la ley, una enmienda a la totalidad encubierta) van encaminadas a la regulación garantista y, como casi todos los otros grupos parciales, a facilitar de todos modos la solicitud de muerte a base de constreñir y apremiar a los médicos o comités encargados de cursarla.

Por su parte, los grupos parlamentarios que forman el gobierno, PSOE (socialdemócratas y liberales progresistas) y Podemos (socialistas, comunistas y algunos socialdemócratas), presentaron algunas enmiendas técnicas (correcciones jurídicas para adaptarse a la norma vigente) de poco calado. Lo mismo hizo el grupo de Esquerra republicana (nacionalistas catalanes liberal-progresistas y socialdemócratas), que había pactado previamente con el gobierno las modificaciones a la ley a cambio de su apoyo.

Por cierto, que varios grupos solicitaron que se especificara que la muerte por eutanasia es considerada muerte natural a todos los efectos legales. O sea, violentar la práctica médica más básica para proteger en todo extremo a los que maten a sus pacientes por compasión.

Todas las enmiendas se inmiscuyen de modo invasivo en la relación médico-paciente, regulándola hasta extremos asfixiantes, quitando al médico una parte de su autoridad como consejero de salud del paciente, y relegándolo a informador de los datos clínicos y facilitador de sus demandas. Asimismo, el paciente dispondrá de todos los mecanismos de recurso administrativo contencioso judiciales por vía urgente para conseguir que le maten, incluso contra el parecer en contra de su médico, de otro consultor y del comité de bioética correspondiente. Y eso que estos no pueden hacer otra cosa sino cumplir esta ley. O sea, la puerta gatera para el suicidio asistido universal, pese a cuantos garantismos prevea el proyecto. Al final, el médico queda reducido, formalmente, a mero espectador, pues se prima la autonomía del paciente sobre cualquier otra consideración profesional del mismo. Las ley del péndulo desde el paternalismo médico hasta que el profesional sanitario no tenga ni voto ni apenas voz.

Por supuesto, ninguna enmienda de los grupos citados se plantea que la legalización de la eutanasia violenta abiertamente lo dispuesto en el código deontológico de la Organización Médica Colegial vigente. El desprecio de la partitocracia por las disposiciones corporativas legales en su campo de acción legítimo no es nuevo, pero sí cada vez más descarado (véase como ejemplo cercano el desprecio continuo por el masculino genérico en el articulado y la inmensa mayoría de enmiendas, pese a la recomendación en contra de la Real Academia de la Lengua).

Y me llama nuevamente la atención de que ningún grupo haga alusión o se pregunte acerca de la conveniencia o peligro de proporcionar a un paciente que solicita la eutanasia un medicamento letal para que se lo lleve a su domicilio sin control del uso que va a hacer de él. Es evidente que pocos médicos han participado en las enmiendas, como lo han hecho en la ley. La vaguísima propuesta de “Ciudadanos” (enmienda 149), y la del proyecto final, es que el facultativo responsable “mantendrá la debida tarea de observación y apoyo [al paciente solicitante] hasta el momento de su fallecimiento”. Dado que el paciente es libre de autoadministrarse el combinado letal cuando quiera (ahí está la autonomía radical de la voluntad), o incluso de no hacerlo, ¿va su médico a irse a vivir a su domicilio con él para ver qué hace con la sustancia? O, si está institucionalizado, ¿algún profesional sanitario autorizado se sentará junto al paciente para comprobar que no vende, dona o administra un veneno letal a otra persona?

Ningún grupo tomó en consideración el informe que el Comité de bioética de España había confeccionado específicamente con ese fin.

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Tramitación parlamentaria y votación

Finalmente, la comisión del congreso aceptó las enmiendas pactadas con los grupos que apoyaban al gobierno (lo que se llama “transacción” en lenguaje técnico), y tramitó el texto definitivo el 17 de diciembre de 2020, que se puede consultar aquí. Básicamente corrige algunos defectos formales, precisa algunas definiciones (haciendo más farragosa aún la definición de los padecimientos graves que entrarían dentro del “contexto eutanásico” en el artículo 3b y 3c) y modifica algunas garantías (especificando más la de la libertad de decisión), facilitando en general la solicitud de auxilio para morir (por ejemplo facultando a cualquier persona o al propio médico la presentación si el paciente no puede realizarla en los artículos 5.2 y 6, o acortando los plazos burocráticos en los artículo 8 y 10). Se añade la disposición adicional primera, por la que la muerte provocada se considerará siempre natural, como habían pedido varios grupos. Se trata de una injerencia intolerable en la práctica médica, puesto que el dictamen de la causa de la muerte corresponde al facultativo, y no a la legislación. La muerte natural siempre fue producto de la evolución propia de una enfermedad letal, circunstancia que no concurre en este caso. Nuevamente la jurisprudencia creativa modelando el lenguaje a su antojo, como cuando el asesinato del nasciturus se pasó a llamar “interrupción del embarazo”. La disposición adicional quinta, por ejemplo, incluye el derecho a pedir ayuda para morir dentro de los derechos fundamentales del ser humano, nada menos. Una cosa que ni se cita en la Constitución española y que, de hecho, es probable que la trasgreda si se hace una interpretación leal de sus principios.

Ese mismo día, a las 12:55 horas, comenzó el debate sobre esta ley. Se puede consultar en esta dirección. La defensa de enmiendas, la presentación de posiciones, la tramitación y las diversas votaciones concluyeron a las 15:31 minutos. 2 horas y 36 minutos es lo que dedicó la llamada cámara baja (más que nunca), la decisiva, del parlamento español, a discutir y votar acerca de la eliminación de seres humanos enfermos o sufrientes a (presunta) petición propia.

Como todas las enmiendas y propuestas llegaban ya atadas (como es habitual), los votos de cada grupo decididos (como también es habitual) y el debate se limitó a parlamentos dedicados a los medios de comunicación y electores, y no propiamente a tratar de convencer a otros diputados (como es constante), me limitaré a entresacar las frases más definitorias o sobresalientes de cada participante y partido. Y a hacer breves comentarios.

Diputado Rego Candamil (BNG, nacionalistas marxistas gallegos):

“Hoy damos un paso decisivo para tener una ley que regule la eutanasia, un paso que lamentablemente se ha hecho esperar demasiado tiempo, provocando un sufrimiento innecesario, porque hay que recordar que detrás de este texto hay décadas de lucha por la dignidad humana también en el momento final […] El BNG presentó diversas enmiendas con el objetivo de […] que ningún organismo tuviera la última palabra sobre si la persona reúne o no las condiciones para poder ejercer ese derecho, que entendemos que es personal e intransferible […] Presentamos enmiendas también para que […] ningún profesional pueda negarse a ello alegando objeción de conciencia. Y también para garantizar este derecho con carácter universal, sin excluir a nadie: inmigrantes en situación irregular, pensionistas residentes en otros países, trabajadores transfronterizos, etcétera.”

Posicionamiento de autonomismo volitivo radical que ya hemos comentado anteriormente. El profesional médico es completamente degradado: no solo no tiene nada que decir sobre la solicitud de auxilio a la muerte, sino que tampoco puede negarse a matar a quien se lo solicita. Es más, siguiendo la lógica de BNG, ni hace falta un médico para esto. Un matarife bien entrenado bastaría para conseguir la “muerte sin sufrimiento”.

D. Errejón Galván (Más País, socialistas marxistas):

“Hoy es un día para estar profundamente orgullosos de ser españoles, y algunos de los que nombran permanentemente nuestro país hoy están enfurruñados, hoy precisamente, en que ser españoles es sinónimo de avances sociales y de avances en libertad […] Primero dicen que es una barbaridad y no se puede hacer, después se aprueba, después lo usan y después ustedes nos quieren convencer de que siempre estuvieron a favor, y entonces es cuando nosotros vamos por más.”

La libertad de morir antes de tiempo. Cada uno se define por sí mismos. Sus acusaciones a los liberales son, no obstante, ciertas en su mayor parte.

D. Miquel i Valentí (JxCat, nacionalistas catalanes liberal-progresistas):

“No hemos escuchado a lo largo de todo este proceso por parte de aquellos que son contrarios a esta iniciativa argumentos médicos o científicos en contra de la ley. Hemos hablado mucho de moral y de fe, y la moral y la fe, señorías, son cosas a defender, son cosas a defender hasta el final, pero nunca son cosas a imponer. No es una buena idea imponer la moral y la fe a los ciudadanos, por lo menos, no lo es en una democracia, no lo es en una sociedad avanzada y no lo es en un Estado aconfesional. Creo firmemente que la moral y la fe de unos cuantos, aunque estos cuantos sean mayoría, no se pueden imponer al resto […] Termino, presidenta, con el agradecimiento a todos aquellos que han hecho que esta ley llegue hoy aquí; más allá de los grupos parlamentarios, a la gente que, desde la calle, lleva décadas y décadas luchando para que esto sea una realidad. Estoy pensando, sobre todo, en la gente de DMD [Derecho a morir dignamente, una asociación eutanasista] de Catalunya”.

Llama la atención que el único que habla de fe y moral, sea para criticar la de los demás, y repetir el mantra liberal de que la moral no se puede imponer, mientras las ideologías a-morales se imponen continuamente desde los parlamentos como este. Por cierto, que su alegato confirma que un estado confesional es la única forma de evitar que grupos de presión como DMD, del cual este diputado es portavoz, puedan imponer sus tesis eugenesistas sobre una mínima noción de bien, y sobre todo de muerte digna: la que proviene de una vida digna, no la de una ejecución.

D. Aguirretxea Aurresti (PNV, nacionalistas vascos liberales de todas las tendencias):

“tenemos la obligación de legislar más allá del código ético de cada uno, dando cobertura legal a quien por su forma de entender la vida y la muerte no piensa igual […] la regulación legal de la eutanasia ha provocado discusión tanto por la delimitación de los posibles escenarios para su práctica como por las obligaciones que inevitablemente conllevará para los y las profesionales de la salud por el temor a que frene un desarrollo de los cuidados paliativos, en especial en algunos grupos frágiles con grave riesgo de exclusión social […] Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, como responsables políticos y también representantes de un partido democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance en la calidad de la vida […] Seamos empáticos, seamos misericordiosos, seamos compasivos con el sufrimiento y el dolor.”

El PNV, ex-partido jesuítico, incidió en remarcar en la ley que se garantizaran los cuidados paliativos, asunto loable, y evitó hablar de autonomía de la voluntad, centrándose en la compasión hacia el que sufre. Ciertamente, hay que compadecer al que sufre, aliviando su sufrimiento, y no dejando en manos de un médico su ejecución. Por cierto, me llama la atención la enorme comprensión que tienen todos los grupos proeutanasia hacia lo que decida el paciente con plena libertad (porque su forma de entender la vida y la muerte no sea igual), pero únicamente en el sentido de acabar con su vida antes de tiempo, nunca para pedir que se la prolonguen más de lo razonable (o sea, según algunos, prolongar su sufrimiento). Pese a que la lex artis médica considere igual de ilícito el encarnizamiento terapéutico que la eutanasia. Seguro que no tiene nada que ver con que la primera opción sea mucho más barata que la segunda.

Da. Valluguera Balañà (ERC):

“Somos dueños de nuestras vidas y también lo debemos ser de nuestras muertes. Nadie tiene derecho a decirnos cómo debemos morir, igual que nadie lo tiene a decirnos cómo debemos vivir. Hasta ahora, las leyes de este Estado condenaban a vivir a las personas que padecían un sufrimiento inhumano, insoportable e irreversible y, por suerte, esto está a punto de terminar […] castigando con pena de prisión a quienes en un acto de compasión y de amor ayudaban a morir a una persona cuando esta lo había pedido libremente porque estaba sometida a un sufrimiento insoportable e irreversible […] quiero volver a reivindicar el gran trabajo de la associació Dret a Morir Dignament de Catalunya”.

No hay mucho más que añadir a lo dicho por esta defensora desbocada del autonomismo volitivo radical. Llama amor y compasión matar alguien, cuando el “sufrimiento inhumano” es imposible de catalogar razonablemente. Señora diputada, ¿cómo puede pedir libremente morir alguien que está sometida a un “sufrimiento insoportable”? ¿Dónde está la libertad en esas circunstancias? ¿De verdad que se ha hecho todo por aliviar ese sufrimiento? Médicamente lo dudo, espiritualmente estoy seguro de que no. Por cierto, otro peón confeso de los lobbies eutanasistas.

D. Echániz Salgado (PP):

“Estamos aquí para tratar una ley vital, orgánica, que afecta a derechos fundamentales y que ha sido tramitada como proposición de ley, no como proyecto de ley, y por tanto sin un solo informe esencial del Consejo de Estado y del Consejo Español de Bioética —creado en 2007 precisamente para estos casos—, sin informes técnicos ni jurídicos ni médicos ni bioéticos, sin audiencia pública, sin demanda social alguna salvo la del lobby de la eutanasia, sin ningún estudio demoscópico público, reciente, serio e informado, con las preguntas reales y adecuadas y sin permitir comparecencias de expertos de todo tipo. Por qué, si en los pocos países que lo han experimentado esta experiencia ha sido muy negativa; si se han difuminado los límites; si se han regateado las garantías legales y se ha situado fuera de control; si se ha pasado de los terminales a los crónicos, de los enfermos físicos y los discapacitados e imposibilitados a los enfermos mentales, de la voluntaria a la involuntaria, incluso a niños, por ejemplo, con espina bífida, que en España se operan con éxito. Por qué, si es una ley contra la que están la doctrina del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la Asociación Médica Mundial, la Organización Médica Colegial y la de enfermería, el Comité Español de Bioética —creado por ustedes, señorías—, que lo ha dictaminado por unanimidad, todas las confesiones religiosas —católicas, cristianas, judías, musulmanas, budistas, todas—, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, la Asociación Española de Derecho Sanitario, los catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y los académicos de legislación y jurisprudencia —160 expertos que han dicho que es inconstitucional […] Ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera. Por eso, señorías, es más importante que nunca decir alto y claro a la sociedad española que hay una alternativa a esta ley injusta con los más vulnerables […] Señorías, frente a la eutanasia y al suicidio asistido, defendemos los cuidados paliativos, el tratamiento profundo del dolor, la sedación paliativa, el testamento vital […] Señorías, sin universalizar los cuidados paliativos no hay posibilidad de elección, no hay libertad de elección, solo se ofrece la puerta de la eutanasia. Nuestra alternativa tiene razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales. Está basada en la evidencia científica y se fundamenta en diferenciar entre morir y ser muerto, porque la muerte no es, créanme, una terapia. Nuestra alternativa es la medicina avanzada al final de la vida, que busca aliviar el sufrimiento, eliminar el dolor y el resto de los síntomas físicos, psíquicos y buscar la confianza de la relación médico-paciente y no lo contrario […] El valor moral y social de una sociedad se mide por cómo trata a sus enfermos y a las personas más necesitadas y desvalidas; la manera en la que los protege y los cuida es el exponente de su grado de civilización […] Una derrota para todos, un fracaso de nuestro sistema sanitario y de nuestra sociedad. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse y dar cuidados, compañía, consuelo, amor y esperanza”.

Es un buen resumen de muchas de las objeciones que se puede hacer a este proyecto de ley, y una puesta en positivo del verdadero auxilio a los que sufren. No obstante, no va al fondo de la cuestión, el de la falsedad de la autonomía de la voluntad y la verdad de la sacralidad de la vida, reincidiendo en el error democratista de que la mayoría (tan fácilmente manipulable hoy en día) puede decidir qué es lo correcto sobre asuntos de bienes morales fundamentales.

D. García Adanero (Unión del Pueblo Navarro, liberal-conservadores regionalistas navarros):

“preferir la muerte a la vida no puede dejar satisfecho a nadie y no deja de ser un fracaso de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, disfruten del momento, pero yo creo que en el fondo saben que es un fracaso de la sociedad. Este no es un problema de libertad y derechos, como decía el señor Errejón; si fuera así, si fuera ampliar unos derechos y unas libertades que se entiende que hay que ampliar, valdría con un artículo, es decir, artículo 1: todos los mayores de dieciocho años en España tienen derecho a acabar con su vida cuando estimen conveniente y precisar la ayuda médica si fuera necesario por parte de la Administración […] Es mucho más sencillo decir que acabamos con la vida, que poner en todos los centros hospitalarios de España los cuidados paliativos necesarios para mitigar el dolor de las personas que están enfermas […] ¿Cuántos casos hay de personas que han pedido la dependencia y que llevan años sin que nadie les reciba, sin que nadie les atienda? Es que eso cuesta dinero y esto no cuesta dinero, es mucho más sencillo”.

La retórica del señor García Adanero no es la más pulida, y sin embargo pone el dedo en la llaga con dos argumentos: primero desenmascarando la falsedad del principio de autonomía de la voluntad, ya que su aplicación genuina, como bien dice el diputado navarro, haría innecesaria toda la ley, que quedaría reducida al único artículo de que cualquier mayor de edad que solicite auxilio a la administración para matarse, tiene derecho a recibirlo. El segundo, que detrás de todas las loas a la libertad y los derechos se esconde el argumento economicista de que es más barato matar al que sufre que atenderle debidamente, y por muchas garantías que establezca la ley, y esto lo afirmo yo, a medio plazo la eutanasia se ofrecerá regularmente como primera solución a los pacientes desahuciados.

D. Botran Pahissa (CUP, nacionalistas pancatalanistas marxistas):

“Estamos satisfechos de que se apruebe esta ley, pero aun así queda camino, y así lo han señalado las enmiendas que se mantienen vivas. Queda camino en cuanto al control previo, queda camino en cuanto a considerar las enfermedades mentales como una hipótesis para pedir el suicidio asistido, queda camino en cuanto al cansancio vital como una de las condiciones y queda camino también por el hecho de que, aunque hoy se apruebe esta ley, sabemos que luego la aplicación cuenta con presiones contrarias. Sin ir más lejos, la tarea de asesoramiento que están dando entidades como Derecho a Morir Dignamente, Dret a Morir Dignament”.

Este diputado no aporta argumento nuevo con respecto a otros partidos nacionalistas catalanes (sean liberales o marxistas), y solo lamenta que no haya más motivos legales para pedir el auxilio al suicidio, como ese peculiar “cansancio vital”, que nos lleva nuevamente a considerar la contradicción de una ley que quiere poner límites a lo que se supone que es un derecho de todo mayor de edad. Al menos no dice nada de limitar el derecho a objeción de conciencia de los médicos devenidos en matarifes. Otro partido que reconoce su vinculación con la asociación eugenesista DMD, ya van tres; mas los que no lo hayan reconocido abiertamente.

D. Ruiz de Pinedo Undiano (Bildu):

“Aprobar esta ley hoy es una obligación social urgente que se debería haber realizado hace ya muchos años […] También tengo que decir que esta propuesta nos llega con limitaciones, aunque en el debate se han mejorado muchos aspectos […] a nuestro entender, esta ley debería haber recogido la despenalización completa del auxilio al suicidio asistido, debería haberse eliminado el delito de cooperación al suicidio […] echamos en falta la carencia de reconocimiento de la soberanía de la persona sobre su vida. La justificación de la asistencia médica a morir no debe estar basada únicamente en la compasión, aunque sea este y un elemento de empatía importante y necesario. El reconocimiento de este derecho debe fundamentarse en la consideración de que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido […] sus recusaciones, que no reparos o críticas, están basadas en argumentos irracionales y en una estrategia manipuladora con el objetivo de desorientar, crear alarmismos falsos, achacando a esta ley unas consecuencias que son inventadas y falsas, y eso porque no disponen de argumentos basados en hechos reales. Es la misma táctica que ya han usado antes oponiéndose a la legalización del divorcio, del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Siempre ha sido, es y será la misma historia. Estén seguros de que la ley va a contribuir a dejar atrás concepciones del mundo ancladas en viejos e inútiles dogmas que impiden a las personas ser soberanas de sus propias vidas.”

Como se ve, todos los partidos marxistas emplean el mismo argumento libertariano de la autodeterminación de la voluntad (aquí le llama soberanía sobre la propia vida). Todos piden ampliar más o menos la posibilidad de recibir ayuda para suicidarse (recordemos que ninguna ley prohíbe quitarse la propia vida), pero ninguno pretende desarrollarla hasta su punto coherente: que el estado me ayude a matarme cuando yo lo quiera sin más discusión. La soberanía para exigir al estado la prolongación de la propia vida más allá de su punto natural, no aparece por ninguna parte.

Da. Arrimadas García (Ciudadanos, liberales libertarios):

“Reconozco que para mí es emocionante participar en este debate y que es un honor ser diputada en el Congreso los Diputados porque, entre tanta pelea estéril que no lleva en ningún caso a nada, yo creo que hoy podemos centrarnos en algo que sí que une a una mayoría de españoles y que sí que nos hace avanzar en nuestra libertad. A nadie le va a sorprender que un partido liberal esté a favor de la libertad, esté a favor de la dignidad y que, por tanto, por supuesto estemos a favor de regular la eutanasia, pero a nadie le va a sorprender tampoco que un partido responsable y sensato haya trabajado para que la regulación de la eutanasia en nuestro país sea a través de un modelo y de un procedimiento garantista. Hoy no hablamos de imponer creencias ni de imponer decisiones; hoy hablamos de que cada uno respete las decisiones y las creencias individuales, así como del derecho a poder vivir nuestras vidas hasta el último momento de nuestras vidas o del derecho a poner fin a nuestra vida según nuestras propias convicciones individuales. No podemos mirar hacia otro lado, porque en nuestro país y en todo el mundo hay personas que llevan años padeciendo una enfermedad y un sufrimiento absolutamente intolerables y que les produce un menoscabo irreversible de su vida […] No nos sorprende que los conservadores o los ultraconservadores no estén de acuerdo, ya que no estuvieron de acuerdo con el aborto, no estuvieron de acuerdo con el matrimonio igualitario y no están de acuerdo, ni lo estuvieron, con que los homosexuales pudieran adoptar hijos. No me sorprende que hoy no estén de acuerdo, pero solo les pido respeto y que no caricaturicen lo que estamos haciendo, porque está de acuerdo más del 80 % de la sociedad española.”

Como se ve, el cóctel de tópicos habitual: cuando alguien sufre de forma “intolerable” hay que respetar su voluntad de matarse. Pero nadie dice que esta ley implica que el estado facilite medios y personas para ese propósito, con lo cual la libertad de cada uno interfiere con la libertad de otros, y la libertad de todos. Asimismo el democratismo de “lo que quiere una mayoría”, mayoría no formada en asuntos de cuidados paliativos, y basándose en encuestas privadas (no auditadas externamente), y no en un plebiscito formal, que jamás se ha realizado.

Da. Medel Pérez (Podemos, socialistas de diversas tendencias y algunos socialdemócratas):

“El derecho a una muerte digna siempre ha existido. Tiene derecho a una muerte digna quien puede pagarla. Los que tienen dinero acceden con facilidad a médicos privados que les hacen el favor. Todos lo sabemos. ¿Quién con dinero no tiene un amigo médico de confianza al que decirle: oye, por favor, que mi padre o mi madre está en esta situación? ¿Quién no lo tiene? Van a clínicas privadas donde se lo hacen o, sencillamente, hasta pueden viajar a Suiza y pagar el derecho a una muerte digna. Las señorías del PP, de VOX y sus familiares recurrirán a cualquier medio o, al menos, dispondrán de cualquier medio para morir dignamente. Si deciden no hacerlo por sus creencias —o por cualquier motivo— y quieren sufrir esa agonía, lo harán en uso de su libertad personal, por ejercicio de su voluntad, y me parece bien. El problema es que niegan esa libertad y ese ejercicio de la voluntad a los que no tienen dinero o a los que no piensan como ellos. Las señorías del PP y de VOX no quieren que cualquiera, salvo ellos y aquellos a quienes representan, tengan derechos […] A la pregunta realizada por Metroscopia en 2019: ¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a pedir a los médicos que le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor?, el 87 % de los encuestados respondió que sí. Quiero darle la enhorabuena a toda la buena gente”.

No trascribo más, porque esta es suficiente prueba de la mala educación y la miseria moral de esta diputada, y de sus compañeros, ya que aplaudieron su intervención. Es bien sabido que la demagogia y la calumnia son armas aceptables para el poscomunismo, como lo fueron para el comunismo clásico, del que son aprendices. Eso sí, es interesante remarcar el desprecio que hace a la medicina en su conjunto. Por lo visto, para esta señora, lo único que puede hacer la medicina del siglo XXI por los que sufren dolor o enfermedad incurable es matarlos. Nada más lejos de la realidad, el control de síntomas refractarios es mejor hoy en día de lo que jamás ha sido. Como guinda, una encuesta manipulada en la que se liga al encuestado, de forma completamente alejada de la realidad, el concepto de morir sin dolor a que le maten a uno antes de tiempo, como si esto fuese la Edad de Piedra.

Da. Méndez Monasterio (Vox, liberal conservadores, demócrata cristianos, nacionalistas españoles):

“Es un honor para mí comparecer, en nombre de mi grupo parlamentario, para defender la vida, el más excelso de los bienes del hombre […] Hoy, aplaudirán y se reirán, al tiempo que firman sentencias de muerte para los más débiles; sentencias de muerte que, quizá, abarquen algún día a alguno de ustedes, cuando se encuentre solo, sufriendo, sin una mano que apretar y sin un Estado que le proteja cuando sufra y que tan solo desee su muerte. Hoy, levantarán su copa, señorías, por su conquista, por haber quebrantado el fundamento principal y la esencia del orden social y democrático: el derecho a la vida. Hoy lo deben celebrar, según ustedes, todos los enfermos crónicos, graves e imposibilitados, y que tienen un dolor insoportable, porque, aunque no han conseguido que se materialice el derecho a que les cuiden, a que palíen su dolor, a humanizar el momento de su muerte, este Gobierno ha conseguido el derecho a que el Estado los mate. Es más fácil, es más cómodo y, además, es mucho más económico. Hoy es un día para celebrar; es su derecho y, además, dirán que han muerto de muerte natural […] Cuando a un enfermo se le cuida y se le acompaña ninguno quiere morir, pero ustedes solo le ofrecerán la muerte. Si lo que dicen fuera verdad, señorías, hubieran utilizado la fórmula de la despenalización cuando quisieran eliminar al enfermo antes que su dolor, pero, nunca, nunca se hubiera configurado como un derecho obligando al Estado a matar. Lo justifican diciendo que el enfermo debe ser libre y decidir su propia muerte. Y mienten, siguen mintiendo, porque solo será el enfermo que ustedes señalen: el más débil y vulnerable, el que no puede defender por sí solo sus derechos, el que padece dolor o se considera una carga, el que se sentirá coaccionado para emitir su consentimiento. Es el mayor ataque a las personas con discapacidad que hubiéramos podido imaginar. Se les lanza el mensaje de que no es bueno que existan, que su pésima calidad de vida hace que su vida no sea digna de ser vivida. ¿Les suena? Y todo el sistema les presionará para que pidan morir; precisamente a esas personas a la que el Estado más debiera proteger. Y mienten porque lo extienden a las personas imposibilitadas e incapaces […] lo que esta ley produce es la destrucción de las bases y fundamentos de una sociedad que precisó incluir en las constituciones el derecho a la vida, después de los desmanes ocurridos en el siglo XX por los regímenes nacionalsocialista y comunista […] Pero, ustedes, ustedes, como ellos, llevan en la sangre el materialismo y el nihilismo, y cuando alguien no les sirve, deciden que su vida no es digna y debe morir. Se legaliza el homicidio de personas incapaces, porque es una ley radical eugenésica y criminal […] Esta ley traerá consecuencias aterradoras, quebrará la necesaria confianza entre el médico y el enfermo, deteriorará las relaciones sociales y familiares hasta el punto de que tu hijo se puede convertir en tu amenaza. Es un ataque a nuestro sistema asistencial, es una tragedia para España y para los españoles […] cuando el mundo celebra el nacimiento del hijo de Dios, ustedes eligen este preciso momento para lanzar un mensaje inequívoco e implacable: la destrucción de nuestra cultura, cultura que tiene raíces cristianas, la que más progreso ha traído a la humanidad en la historia, para sustituirla por la cultura de la muerte, y lo hacen de una forma totalitaria, sin debate social alguno porque saben que no lo resiste y que no están legitimados para ello. Mientras exista la obligación del Estado de proteger la vida, no cabe defender el deber contrario […] Los cincuenta y dos diputados de VOX recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional porque es una ley contraria a su doctrina actual […] Frente a su cultura de la muerte, señorías, frente a esta agenda globalista que desprecia la dignidad de toda vida, siempre encontrarán nuestro firme compromiso con los más débiles. Y porque amamos la libertad y la dignidad, derogaremos esta ley inicua, no les quepa la más mínima duda […] Señorías, esto no es un tema de fe, estos argumentos que ustedes dicen repugnan a la razón; repugnan a la razón.”

Dejando de lado el lenguaje exaltado y beligerante (también hace alusiones personales que mejor se hubiese ahorrado), esta diputada es la única que plantea toda una lista de riesgos reales que puede producir la ley de eutanasia. Algunos más o menos posibles, pero otros (como la amenaza a la confianza de la relación médico-paciente, o la coacción a los más desvalidos para que por el bien social soliciten la muerte si sufren) bien reales, como se ha demostrado en lo ocurrido en otros países donde se ha legalizado la eutanasia. La única también que defiende abiertamente la cultura cristiana, basada en la sacralidad de la vida y el cuidado al más vulnerable, desde la tribuna del congreso de los diputados.

Da. Carcedo Roces (PSOE):

“Hoy es un día muy importante para las personas que sufren, que sufrieron o para los familiares que padecieron impotentemente como una gran frustración el dolor de sus familiares. Eso es lo que vamos a aprobar en el día de hoy […] es una ley cuya demanda de regulación respaldaron con su firma y su DNI un millón de personas recientemente […] La segunda razón, también segunda gran evidencia, es que es una ley que piensa en la condición humana, porque la condición humana es vida, pero también es enfermedad, es padecimiento y es muerte. Por eso esta ley piensa en esa circunstancia y en esa condición humana. Por esa misma razón nadie puede obligar a otra persona a alargar la vida con sufrimiento […] Esta ley regula las condiciones y los procedimientos por los que se puede acceder a esta solicitud de ayuda para morir […] En los discursos que aquí hemos oído parece que el Estado impone, que el Estado obliga; no, es la persona. Cómo les cuesta tanto digerir una ley, una Ley de autonomía del paciente —señora Pastor, se lo tengo que reconocer— que expone con claridad y con rotundidad que es la persona la que decide, que es el paciente el que decide, y aquí se ratifica eso y se le da esa forma para una situación de sufrimiento extremo […] también quiero citar a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, porque siempre fue la voz amiga que estaba ahí escuchando estas insatisfacciones.”

La portavoz del socialdemócrata y liberal progresista PSOE, aunque cita la autonomía del paciente (que nadie ha puesto en duda), evita el argumento libertario de la autonomía volitiva, y se centra más en el argumento compasivo del sufrimiento extremo. Resulta sumamente revelador que aluda al padecimiento de los familiares de los que solicitaron la eutanasia, porque es más que probable que esa fuera una de las causas de la solicitud: las personas normales cuando su enfermedad no tiene remedio, prefieren morir que ver sufrir por ellos a sus seres queridos. Por supuesto, los eutanasistas no se plantean si ese sufrimiento se podría haber aliviado de otra manera. No, la muerte es siempre la respuesta.

Por cierto, cuarto partido (y este es el más votado) que reconoce abiertamente en la cámara el asesoramiento y colaboración recibido de DMD.

La breve intervención posterior del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSOE), no aporta nada relevante o diferente a lo que ya hace el preámbulo de la ley.

Posteriormente se pasó a votar las enmiendas y tras una hora y cuarto para comer, se finiquitó la tramitación de la ley aprobándola con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. Apenas en medio día se liquidó la tramitación del estado cooperando legalmente con la muerte anticipada. Otro atentado legal al derecho a la vida.

El proyecto fue aprobado en el senado (la cámara parlamentaria más inútil de la historia), como era esperable, el día 10 de marzo, y la previsión es que la ley entre en vigor unos meses después de su aprobación, esto es, debería estar a punto a lo largo de la primavera que va a comenzar.