Romanones y la eutanasia legal

Sobre leyes y reglamentos

En la historia española, el prototipo de políticastro liberal marrullero, caciquil y siempre dispuesto a cambiar de bando para mantenerse en el poder (fue presidente del congreso, del consejo de ministros, ministro y alcalde de Madrid en varias ocasiones) fue Álvaro Figueroa, conde de Romanones, que vivió a caballo de los siglos XIX y XX. A pesar de sus trapacerías, sus contemporáneos celebraron siempre su desvergonzado ingenio; se conservan numerosas anécdotas sobre el clientelismo que implantó en sus circunscripciones electorales, así como muchas frases célebres y chascarrillos de su autoría o a él atribuidas, principalmente sobre el ejercicio del poder. Hoy quiero rescatar una que me parece particularmente acertada, que dirigió a los diputados cuando era ministro: “Que ellos hagan las leyes, que yo haré el reglamento”.

Efectivamente, como cualquier burócrata sabe, los parlamentos y autoridades elaboran leyes llenas de principios generosos, abstractos derechos y soberbias mejoras, las más de las veces envueltas, cuando no principalmente basadas, en palabrería bien sonante, y escasa concreción de cómo llevar a cabo tan benéficos designios. Y ahí es donde entra el funcionario, ese que nadie elige, y al que pocos conocen, pero que es el que acaba plasmando la ley en un mandato técnico concreto, sujeto a las disposiciones de los códigos legales. En ese tránsito, leyes revolucionarias concebidas para otorgar la felicidad a los súbditos, se van viendo despojadas de su lirismo, podadas de sus extremos más audaces, y constreñidas en suma, a la rígida camisa de lo legal y lo posible. Con frecuencia, cuando la ley ya ha concluido su paso a reglamento, no la conoce ni el parlamento que la parió.

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La ley autonómica valenciana sobre cuidados al final de la vida

Me vino a la mente la frase del conde de Romanones cuando estudié la ley autonómica valenciana sobre los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de la vida de 2018. Dicha ley se puede leer completa en esta dirección.

Es similar en lo fundamental a otras leyes autonómicas, y se basa principalmente en la ley nacional de 14 de noviembre de 2002 sobre derechos del paciente. En su preámbulo hace una declaración sobre el concepto sobre la muerte que el legislador establece como definitoria

Muchas personas en nuestra comunidad llegan al proceso de fin de vida con miedo al sufrimiento, al dolor y a la muerte y muchas aún mueren sin asistencia adecuada. Desde la convicción de que la muerte constituye una etapa más de la vida [n.a: expresión absurda, puesto que la muerte es la cesación, lo opuesto a la vida, no una parte de ella], el ordenamiento jurídico, que debe proteger la dignidad del ser humano, no puede ser ajeno a extrapolar esta responsabilidad en el tramo último de la existencia. En síntesis, una vida digna requiere una atención digna previa a la muerte. Facilitar la posibilidad de morir con el menor sufrimiento posible y en paz a quien así lo haya decidido en el ejercicio de su libertad individual es, sin duda, un requisito irrenunciable. (capítulo III).

El articulado repasa diversos aspectos: atención sanitaria, confort, intimidad, información al paciente y allegados, obligaciones del personal sanitario, cuidados paliativos, etcétera. La ley explicita que su objeto es el final inminente de la vida:

un número creciente de personas con enfermedades degenerativas o incurables lleguen a una situación terminal. Este estado conlleva a su vez un intenso sufrimiento en pacientes y familiares ligado a un pronóstico limitado de vida. (capítulo II).

A lo largo de todo el articulado de la ley, se insiste una y otra vez en que esta se aplica al final de la vida, o situación terminal.

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Concepto legal de final de la vida

A continuación describe lo que el legislador entiende como “final de la vida”:

proceso avanzado de enfermedad, progresivo e incurable por los medios existentes, sin posibilidades evidenciables de respuesta al tratamiento específico y con presencia de sintomatología multifactorial y cambiante, que condiciona una inestabilidad en su evolución, así como un pronóstico de vida limitado (Título I, artículo 5.10).

Fárrago prolijo para describir lo que siempre se entendió como agonía, y que se define de forma bastante exacta en el artículo 5.19:

Fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días.

Y a continuación aún se añade otro término más, el de “situación terminal”, descrito como

estado en el que la persona no responde a los tratamientos aplicados y evoluciona hacia el fallecimiento.

Este último en realidad se emplea para definir el momento en el que se pasa de “intentar curar a cuidar”. En realidad, tal momento no existe: ni se contraponen ambos términos (ambos son simultáneos y propios del acto médico), ni el momento de dejar de intentar curar tiene porqué estar cerca del final efectivo de la vida.

Este batiburrillo de términos superpuestos, y la adición de numerosos condicionantes para el final de la vida, lejos de limitar el concepto, lo amplían a procesos crónicos e incurables pero en los que el horizonte vital no se ve amenazado inmediatamente. Se han creado para deslizar un nuevo objetivo para la ley, que ya no tratará exclusivamente de “el final de la vida”, pese a todas sus repeticiones.

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Autonomía del paciente en la ley sobre el final de la vida

La parte que nos interesa es aquella relativa a la toma de decisiones en los momentos más críticos, esto es ante la aparición de eventos adversos en una situación de muerte irreversible más o menos cercana, cuando una actitud u otra puede provocar un acortamiento o alargamiento del proceso natural. Siguiendo la tendencia de la bioética actual, se prima la autonomía del paciente (al que queda subordinado el concepto de dignidad) en la toma de decisiones sobre su salud y enfermedad (a fin de cuentas, coherente con la cultura postmoderna occidental, que exalta la autodeterminación del individuo), siempre limitada por la correcta ars médica y el derecho de objeción de los facultativos que le asisten, si consideran que la decisión del paciente va contra su propia ética. Véase “la autonomía personal ha quedado configurada ya como un derecho personal subjetivo de la ciudadanía” en el capítulo II, entre otras muchas alusiones tanto en el preámbulo como en toda la ley.

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La valoración de las actuaciones médicas

La ley introduce una aseveración que no responde a la realidad de la observación médica:

Los cuidados en la atención de las personas al final de la vida no acortan ni prolongan la vida, sino que adecúan el tratamiento al objetivo primero y principal de aliviar su sufrimiento (capítulo IV).

Dos objeciones hay que hacer a esta frase. Como ya he tratado en otros artículos sobre eutanasia, el sufrimiento es algo plenamente subjetivo (el dolor, el hambre, el frío, la incapacidad funcional, sí son objetivos). Asimismo, por supuesto que algunas actuaciones médicas (dado que a eso se refieren con “los cuidados”, como veremos) pueden acortar o alargar la vida, aunque no sea su objetivo primario.

Al introducir la primacía de la evitación del sufrimiento sobre otras consideraciones, indirectamente se está abriendo la puerta a actuaciones cuando aún el final de la vida está lejos, pues no todos los sufrimientos permanentes por enfermedad lo son en los pacientes agónicos. Es obvio que con estas erradas premisas, se está intentando construir el edificio de la eutanasia. Máxime cuando los medios de comunicación de masas llevan años con campañas a la población en las que determinadas terapias médicas ordinarias son presentadas como fuente de sufrimiento, sin que las autoridades sanitarias las desmientan públicamente. Así, el miedo no a la enfermedad o la muerte, sino incluso a los tratamientos, se emplea como herramienta para inducir al enfermo a solicitar la eutanasia.

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La calidad de vida en la ley

También se introduce el concepto de “calidad de vida”:

La satisfacción individual de las necesidades vitales, ante las condiciones objetivas de vida, desde los valores y las creencias personales. Incluye aspectos psicológicos, socioeconómicos y espirituales. (Título I, artículo 5.2)

Nótese cómo las condiciones de la calidad vida se subordinan a la “satisfacción individual” (con lo cual dejan de ser objetivas), estableciéndose tácitamente la autonomía de la voluntad del paciente como la que, finalmente, toma la decisión sobre el final de la vida.

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El concepto de dignidad del final de la vida y la obstinación terapéutica

En la definición de la ley sobre la dignidad “al final de la vida” (Título I, artículo 5.5) se lee:

Derecho a recibir un cuidado integral al final de la vida, con alivio del sufrimiento físico, psicológico y espiritual, manteniendo su autonomía para evitar la obstinación terapéutica.

En este punto se da por supuesto, y se induce al paciente, a emplear su autonomía únicamente paraevitar que se tomen medidas que puedan prolongar su vida, pero no para evitar que la acorten. Nótese cómo sutilmente se inclina el fiel de la balanza, que debería marcar el justo medio de la terminación de la vida de forma natural, empujándolo hacia su adelantamiento.

¿Qué se entiende por obstinación terapéutica? Mientras la bioética clásica lo asimiló al concepto de “encarnizamiento terapéutico”, es decir, la aplicación de tratamientos para prolongar inútilmente la vida, cuando la muerte ya es inevitable, la ley valenciana lo define como

situación en la que a una persona que se encuentra en situación terminal o de agonía, por causa de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen tratamientos de soporte vital u otras intervenciones que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación. (Título I, artículo 5.10)

Por tanto, incluye no solamente los tratamientos activos más o menos dudosos, sino también aquellos ordinarios y seguros para complicaciones leves y, específicamente (lo cual es muy significativo), las medidas de soporte vital, es decir, respiración/oxigenación, hidratación o nutrición. Por tanto, considera “obstinación terapéutica” medidas que no se niegan a ninguna persona enferma. Y además, obliga al personal médico a evitarla (Artículo 22.1). Modificando palabras, cambiando términos, manipulando el lenguaje, en suma, se modifica el pensamiento.

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Sobre la sedación en pacientes incurables

La ley va a ir centrando su objetivo al tratar aspectos controvertidos, entre ellos la sedación en pacientes sin posibilidades de curación a la luz de los conocimientos médicos actuales.

En los apartados 5.15 y 5.16 del Título I, se definen dos conceptos importantes para distinguir cuidado paliativo por un lado

sedación paliativa. Administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la consciencia de una persona con enfermedad avanzada o terminal, para aliviar uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito o por representación.

Y la eutanasia por otro

sedación terminal. Administración deliberada de fármacos para producir una disminución profunda, continuada y previsiblemente irreversible de la consciencia de una persona cuya muerte se prevé muy próxima, con la intención del alivio de un sufrimiento físico o psicológico inalcanzable con otras medidas, y con el consentimiento explícito, o por representación.

Si uno lee ambos conceptos, inmediatamente nota que ambos parecen tener el mismo principio (administración de fármacos para reducir la consciencia), e idéntico fin (aliviar sufrimientos refractarios a otros métodos). ¿Qué les diferencia? Obviamente la muletilla de “previsiblemente irreversible”. Si eliminamos las partes comunes, lo que nos queda es que la sedación terminal no es más que un invento creado para justificar la administración de sedantes para provocar la muerte del paciente. La “dulce muerte”. La eutanasia activa.

La confusión, sin embargo, no termina aquí: hacia el final de la ley, en el artículo 21.5, se regulan las disposiciones, información, garantía de meditación y voluntariedad para aceptar la… sedación paliativa. Es decir, aquella que en principio no tiene un objetivo inmediato de poner fin a la vida del paciente, sino ahorrarle la consciencia ante un padecimiento intratable.

Es muy llamativo que semejante artículo garantista no se halle para regular la llamada “sedación terminal”, que es lisa y llanamente eutanasia activa. O bien se trata de una confusión de términos entre ambas, impensable en un documento que ha pasado por comisiones técnicas y parlamentarias varias, y (teóricamente) ha sido leído por todos los diputados que lo votaron, o lisa y llanamente aquí se ha colado la legalización de la eutanasia activa como prerrogativa del equipo médico (a fin de cuentas, los técnicos que administran la medicación sedante), tras obtener el consentimiento del paciente o su representante legal para una sedación meramente terapéutica, y no homicida.

En mi experiencia, tengo para mi que la expresión confusa es un arma muy empleada por la potestad del legislador contemporáneo para ejercer sus decisiones sin hallar una oposición clara. Por el mismo motivo, esta ley es impugnable judicialmente: si se ha separado explícitamente en el texto la sedación paliativa de la sedación terminal, no se entiende porqué únicamente se establece una aplicación garantista en una de ellas; la menos conflictiva desde el punto de vista ético, de hecho. ¿Qué ocurre, según la ley, para la “sedación terminal”?

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Valoración final de la ley de dignidad en el final de la vida

La ley de “muerte digna” valenciana tiene tres grandes defectos: la profusión de términos para algo que era evidente y claro en el lenguaje médico previo (enfermedad incurable, estado terminal cuando el paciente está abocado a la muerte, y agonía cuando el óbito es previsible en las siguientes horas); la catalogación del soporte vital básico como “obstinación terapéutica”, con lo cual entra de lleno, no en la legalización de la eutanasia pasiva, sino incluso en su obligatoriedad (puesto que considera mala praxis dicha “obstinación terapéutica”), y la confusión interesada en la aplicación de la sedación paliativa y la terminal, de modo que se están mezclando dos actuaciones contrapuestas, los cuidados paliativos y la eutanasia, con el objeto de que parezcan lo mismo.

Si la sociedad y la costumbre se rigieran por los mandamientos de Dios enseñados por la Santa Madre Iglesia, o aún por la ley natural, cual ha hecho Occidente desde su nacimiento como civilización hasta hace apenas medio siglo, no necesitaría una legislación que solamente sirve para crear confusión en algo que ya está claro, la sacralidad de la vida desde su concepción hasta la muerte natural.

Pero en un estado formalmente ateo, en el que la soberana voluntad (alejada de códigos morales superiores a ella, o incluso privada de la mera razón) se erige en tirano de la propia existencia (la famosa “real gana”), esta ley farragosa, y plagada de ambigüedades nada inocentes, es necesaria para intentar poner a la voluntad los límites que la realidad exige. Y también, como hemos visto, y aún veremos más, para dirigir esa voluntad personal de consuno con la voluntad del legislador.

No obstante, dada la situación actual de ofensiva generalizada contra la vida débil o no productiva, incluyendo agencias oficiales, se pueden también sacar algunos aspectos positivos de esta ley: se implanta la obligatoriedad de los cuidados paliativos (magnífico avance de la medicina moderna que, en manos moralmente responsables, es un gran bien para los moribundos); se regula la relación entre paciente y facultativo, protegiendo a ambos de los excesos del otro; se generaliza el uso del consentimiento informado (esto ya estaba implantado para la mayoría de actuación terapéuticas complejas); se incluye la obligatoriedad de que el paciente reciba cuanta información pida; se incluye específicamente la asistencia espiritual si el paciente la solicita (aunque se especifique, no se sabe a cuento de qué, que la espiritualidad “no es patrimonio de ninguna religión”, extremos filosóficos en los que el documento no entra en otras definiciones); en el artículo 26.2 se protege la decisión del paciente sobre su tratamiento de las arbitrariedades del médico (hoy en día, básicamente, de que no le apliquen la eutanasia sin informarle, estilo doctor Montes, un héroe de la clase médica progresista, por cierto); se establece la objeción de conciencia, amén de las formalidades jurídicas de la confidencialidad del tratamiento de datos, etcétera.

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El documento de voluntades anticipadas

Acerca de la eutanasia, tanto pasiva como activa, he escrito numerosos artículos en esta misma bitácora. En este voy a tratar un punto que se ha convertido hoy en día en la clave para valorar la controversia ética sobre la muerte provocada, en los casos en los que el paciente no puede expresar su voluntad. En efecto, si la voluntad del paciente es ley sobre la que ninguna otra rige, ¿qué hacemos cuando llega el momento de duda y este no puede expresarla? Conocer la voluntad antecedente del paciente (“¿qué quiere usted que se haga llegado este caso?”) es el recurso más práctico. Y aquí es donde entra el documento de voluntades anticipadas o DVA (antiguamente conocido como “testamento vital”). Su inexistencia hace que unos terceros (familiares, médicos que le atienden, juez, o todos ellos), tomen la decisión por él.

En la ley valenciana del final de la vida, el DVA se recoge en los títulos II (artículo 11), III (artículo 20) y el VII. En resumen, la ley establece que el documento recoge las intenciones del paciente sobre las actuaciones médicas y de otro tipo a realizar (o no) sobre él en el final de su vida, caso de que no pueda manifestar su voluntad. Designa un representante que interprete sus voluntades si se presenta una situación no explícitamente contemplada en el documento, y garantiza que el personal sanitario debe conocer y respetar dichas voluntades; establece asimismo el derecho del paciente a revisarlas o anularlas posteriormente, así como los mecanismos para registrarlo: bien directamente en las oficinas de la administración sanitaria, ante dos testigos y por un precio moderado, bien ante notario por un coste más elevado.

Y es aquí, en el momento en que la ley emitida abandona las cortes valencianas para entrar en el reino de los burócratas del reglamento que debe aplicarla, donde aparece el conde de Romanones. Porque si la ley, como hemos visto, es ambigua y presenta agujeros, el documento es muy claro, y en el sentido peor posible. O sea, el que interesa a la Potestad (concepto que desde luego va más allá de un gobierno de turno).

El DVA del gobierno autonómico valenciano (los del resto de comunidades autónomas que disponen de él son similares en lo sustancial) se puede consultar en esta dirección. Consta de 3 caras de folio en dos copias iguales (una para el paciente y otra para el registro autonómico, vinculado al nacional) y bilingüe castellano-valenciano. Invito al lector a echarle un vistazo, porque, como decimos en España, “tiene miga”.

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La contemplación de situaciones concretas

Tras los datos administrativos, y la legislación sobre la que se apoya dicho documento, la declaración de intenciones comienza así “si en un futuro está incapacitado para tomar o manifestar decisiones sobre su cuidado médico como consecuencia de su deterioro físico y/o mental por alguna de las situaciones que se indican a continuación”. Y aquí viene la primera trampa del Romanones de turno: si la ley establece que su ámbito de actuación es “el final de la vida”, y dado que este viene por infinidad de causas ¿qué sentido tiene hacer una enumeración de patologías que “activarán” el DVA, puesto que la ley no contempla las causas, sino el efecto?.

Así, se especifican:

cáncer diseminado avanzado, enfermedad degenerativa del sistema nervioso o muscular con limitación de mi movilidad y falta de respuesta, daño cerebral severo e irreversible, demencia severa, enfermedades inmunodeficientes en fase avanzada, daño encefálico severo (coma irreversible, estado vegetativo persistente y prolongado), enfermedad inmunodeficiente en fase avanzada, enfermedades o situaciones de gravedad comparable.

Incluso, como muletilla final, añade “en cualquier otra similar”, epígrafe que, por si mismo, haría innecesario toda la lista anterior, puesto que el objeto de la ley, y no se ha cansado de repetirlo en numerosos apartados, es “la atención al paciente en el final de la vida”. ¿Por qué entonces toda esta lista tan minuciosa, y a la vez tan corta, puesto que la agonía puede provenir de cualquier causa?

Nótese que el listado de enfermedades presuntamente objeto del DVA está en casi todos los casos adjetivada por términos que se repiten: “fase avanzada”, “irreversible”, “severo”, “persistente”… pero ninguno de ellos es “terminal”. Tratan de dar fuerza y justificar a algo evidente: que lo que la ley denominaba “final de la vida”, el reglamento en forma de DVA transforma en enfermedades graves o crónicas. Su presunta “fase avanzada” justificaría la aplicación del DVA incluso cuando el paciente aún está lejos de la muerte. Bienvenidos a la eutanasia legal de los comas prolongados, las enfermedades neurodegenerativas, o incluso las “demencias severas” (¿hay algún anciano que, si vive lo suficiente, no acabe presentando una demencia más o menos severa?).

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Las voluntades del DVA oficial: la eutanasia legal

Hecha la exposición de causas, comienzan las aseveraciones:

teniendo en cuenta que para su proyecto vital es muy importante la calidad de vida, es su deseo que su vida no se prolongue por si misma, cuando la situación ya es irreversible.

Dos comentarios a este párrafo: la calidad de vida se tilda de “muy importante”, pero no citándose otro condicionante, se convierte de facto en “la más importante”. Así pues, la vida en sí pasa a ser un valor relativo, subordinado a su calidad. Pensamiento postmodernista donde los haya, ya insinuado claramente en la ley. Y en segundo lugar, se autoriza su aplicación cuando la situación sea “irreversible”, lo cual, recuerdo, es distinto de “terminal”. Hay enfermedades “irreversibles” (o sea, sin posibilidad de curación) que no abocan a la muerte en un plazo breve.

A continuación se exponen las voluntades propiamente dichas:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los criterios señalados, es su voluntad que, si a juicio de los médicos que entonces le atiendan (siendo por lo menos uno de ellos especialista) no hay expectativas de recuperación sin que se sigan secuelas que impidan una vida digna según lo entiende, su voluntad es que: 1- No sean aplicadas –o bien que se retiren si ya han empezado a aplicarse– medidas de soporte vital o cualquier otra que intenten prolongar su supervivencia. 2- Se instauren las medidas que sean necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda ser causa de dolor, o sufrimiento. 3- Se le preste una asistencia necesaria para proporcionarle un digno final de su vida, con el máximo alivio del dolor, siempre y cuando no resulten contrarias a la buena práctica clínica. 4- No se le administren tratamientos complementarios y terapias no contrastadas, que no demuestren su efectividad para su recuperación y prolonguen fútilmente su vida.

Como se ve, es un documento cerrado, sin posibilidades físicas de que se enmiende o modifique nada. La supuesta libertad del paciente para decidir sobre el final de su vida queda delegada completamente en el redactor. Es una declaración ideológica oficial de lo que la Potestad considera que debe ser doctrina social sobre el final de la vida, por obra del Romanones de turno. No muy distinta de un credo religioso, de esos que tanto horror público generan en los mismos progresistas que han redactado esto. Quédenos claro a todos de una vez: los enemigos de la Iglesia no la odian por amor al libre pensamiento, sino porque quieren quitar la razón cristiana para imponer la sinrazón humanista.

En cuanto a las voluntades expresadas por el DVA, anotemos: ya no sólo se solicitan en caso de “final de la vida”, ni siquiera cuando el cuadro es “irreversible”, ahora, incluso vamos más allá: pedimos la muerte si “no hay expectativas de recuperación sin que se sigan secuelas que impidan una vida digna“. Hemos ido un paso más allá, ahora incluso podemos pedir que no nos apliquen tratamientos, incluso aunque estos fuesen efectivos, si nos van a dejar secuelas “que impidan una vida digna”. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Las personas que sufren secuelas similares de nacimiento, por enfermedades o por tratamientos ya no llevan “una vida digna”? A poco que uno analiza este documento con cierta atención, entran escalofríos, porque aquí ya entramos en el campo de la eugenesia pura y dura.

El propio lenguaje ambiguo del DVA, que permite diversas interpretaciones (aunque es evidente que el ambiente social irá en la dirección que a la Potestad interese) es un arma más para facilitar la aceptación de este nuevo cambio social (uno más entre muchos) en la dirección de descristianizar las costumbres. En este caso las del vivir y morir con taras, sufrimiento o “secuelas”.

Los puntos 2 y 3 de las voluntades no merecen mayor comentario: están hace mucho establecidos en los protocolos médicos, y son de obligado cumplimiento para el profesional sanitario por el código deontológico, incluso aunque el paciente no lo solicitase, ya que no tienen ninguna contraindicación ética. El punto 4 merece comentario: algunos “tratamientos no contrastados” entran dentro del campo de las terapias experimentales, que pueden tener su espacio en una situación de paciente en estado terminal, por la remota posibilidad de curación que tendrían. Hay que sopesar los pros y los contras, ya que en ocasiones pueden estar justificadas por el bien que se espera alcanzar, pero en otras, efectivamente, caen dentro del encarnizamiento terapéutico. Lo usual y más correcto es debatirlas entre el equipo médico y con el paciente o su representante adecuadamente informados de los beneficios y riesgos, y tomar una decisión personalizada para cada caso. El documento las rechaza taxativamente y eso creo que es un error.

Pero el meollo está en ese punto 1, en el que se prohíbe aplicar, o se manda retirar si ya están instauradas, las medidas de soporte vital. Como he comentado en otros artículos, dentro de ese epígrafe están incluidas terapias básicas en absoluto desproporcionadas, y que no se niegan a ningún paciente, como nutrición, hidratación, fisioterapia pasiva o asistencia respiratoria (no precisamente la ventilación mecánica, que merecería asimismo una valoración caso por caso). Es decir, lo que este epígrafe ordena es suspender toda actividad médica sobre el paciente, y dejar a la naturaleza seguir su curso, lo que resulta incoherente con el objetivo de aliviar sufrimientos, puesto que eso, precisamente, es lo que hacen las medidas de soporte vital. Sin duda, esta disposición está concorde con la aplicación de la “sedación terminal”, que en este caso sí sería compasiva, puesto que es preferible la muerte dulce de las drogas a la muerte horrible del hambre, la sed o la asfixia. Pero, claro, aquí nos obligan a elegir entre dos males, cuando el bien es perfectamente posible.

Más aún, el soporte vital forma parte de los cuidados paliativos que la ley se supone quiere implantar y extender. Pero al igual que en el aborto, una disposición ideológica que mata inocentes por orden de sus madre, se implanta en medio (y contra) toda una batería de recientes leyes que se supone quieren proteger a la infancia, a la hora de imponer la eutanasia ideológica, esta orilla a los cuidados paliativos que supuestamente la misma ley impulsa. Porque por mucho que pretendan confundir los defensores de la cultura de la muerte, cuidados paliativos y eutanasia son incompatibles y opuestos: donde hay unos, no existe la otra, y viceversa. Más aún, la eutanasia pasiva (cesar toda acción para que el paciente terminal o gravemente enfermo muera del mismo modo que si no existiese ciencia médica) nos lleva por si misma, por pura lógica, a la eutanasia activa: mejor que te maten rápido a que lo hagan poco a poco y degradándote. No se negará que el mecanismo satánico de nuestro anónimo (pero no por ello desconocido) Romanones sea ingenioso: acabaremos nosotros mismo pidiendo el tiro de gracia.

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La supuesta libertad de elección del paciente en el DVA

En la última página del DVA aparecen varios epígrafes que rellena el propio paciente, pero su libertad está limitada a elegir si quiere donar órganos o su cuerpo a la ciencia, si quiere morir en casa o en una institución, o si desea asistencia espiritual. No es que sean malos estos epígrafes, pero resulta significativo que la administración pública te permita munificentemente pedir un sacerdote para que te administre los últimos sacramentos, pero no afrontar el final de tu vida conforme a tus valores cristianos (principalmente aceptando el sufrimiento si es inevitable, o esperando a la muerte natural, y no por medio de “sedaciones” que son inyecciones letales).

Naturalmente, los ateo-escépticos dirán que el documento es muy generoso con los creyentes, al dejarles una línea (literalmente) para poder solicitar ayuda espiritual. Y pronto dirán que eso hay que quitarlo, porque es un signo de confesionalidad que va contra la laicidad del estado, o porque la ciencia ha demostrado que el espíritu no existe. Y se lo creerán. Y la mayoría de los católicos acomplejados también. Eso sí, antes unos y otros se habrán tragado sin bicarbonato el sapo de un DVA que impone la eutanasia y la eliminación de los moribundos del modo más cruel. Un DVA que permite, literalmente, dejar morir de hambre y sed a una persona con demencia severa. Supongo que los colegios de médicos no habrán tenido nada que decir, y que a los comités de bioética esto les parecerá fenomenal. A mi me repugna.

Al final, y antes de las firmas, existe ciertamente un apartado para escribir donde dice vagamente “otros”. Teóricamente uno podría tachar del documento cuanto le pareciera mal, y escribir en este “otros” las disposiciones que sí quiere (no estaría haciendo otra cosa que aplicar el espíritu de la ley). Pero la realidad es que no se infiere claramente que este apartado sea para esto. Y, seamos realistas, si alguien con formación en bioética como yo tiene sus dudas en este punto, imagínese qué hará el ciudadano de a pie, que poco o nada sabe de estas cosas, que le aterra la muerte y le aterra sufrir. No hace falta ser Romanones para saber que casi todos, si no todos, firmarán el documento como se les presenta, y como mucho pondrán en ese “otros” que quieren que se incinere su cuerpo, o que en la cabecera o el ataúd le pongan la bufanda de su equipo favorito.

Así hemos llegado desde una ley cuyo preámbulo está lleno de espíritu de elección, de primacía de la voluntad del paciente, de cuidados paliativos universales y garantizados, de “muerte digna”, a un articulado donde ya se comienza a llamar obstinación terapéutica al mero soporte vital, o ladinamente se multiplican innecesariamente los términos para acabar justificando una “sedación terminal” (la inyección letal de los ejecutados), hasta terminar haciendo firmar al paciente un DVA donde autoriza a que le retiren la comida, el agua o el aire si tiene una enfermedad grave e incurable y no puede manifestarse. Tal cual. Si esto no es manipulación ideológica; si esto no es ingeniería social, baje Dios y lo vea.

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Una experiencia práctica

Decidí no hace mucho realizar mi DVA por lo que pudiera pasar. Como se puede suponer, ni en sueños se me ocurriría firmar el engendro de la consejería de sanidad valenciana, y por ello me dirigí a un notario para poder registrar mi propio documento, una modificación principalmente basada en el modelo proporcionado en su día por la Conferencia episcopal española, aunque más minucioso en los detalles, dado que como médico me conozco el percal, de modo que fuese atendido en los últimos momentos de mi vida de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, principalmente recogida en los documentos Iura et Bona (1980) y Evangelium Vitae (1995). Por supuesto, de acuerdo con la Lex Artis médica y la legislación (que todavía permite, no sabemos por cuanto tiempo, morir cristianamente), y naturalmente escogí con cuidado a quienes serían mis representantes para interpretar mi voluntad fielmente si se diera un caso dudoso.

Mi desagradable sorpresa fue que el colegio de notarios de Valencia se había limitado a transcribir a formato de escritura pública el mismo DVA gubernamental. Más aún, llamé por teléfono a dos notarías para solicitar que me permitiesen modificarlo a mi gusto. En la primera lo que dije les sonó a chino, y directamente me dijeron (¡contra lo que explícitamente dice la ley!) que no había opción a que yo escogiera el tipo de disposiciones, y que únicamente podía firmar el documento. En la segunda me pidieron que les enviara las modificaciones que quería realizar, para que las estudiara el notario. Así lo hice, y jamás me contestaron. Por lo visto, eran muchas, y mucho el trabajo que tenía que tomarse el fedatario público para comprobar su legalidad, para el poco beneficio que dicho registro le aportaba (y eso que en mi provincia la inscripción cuesta unos 90 euros, aproximadamente 100 dólares). Era evidente que los notarios no tenían gente preparada para andar en estas cuestiones, y que esperaban que simplemente se tratase de leerle el documento al cliente y firmar. Cualquier complicación superior a esa suponía en la práctica que la persona fuese educadamente ignorada, y quedase de ese modo sin poder ejercer su derecho a redactar sus voluntades anticipadas como recoge la ley.

Diga el lector si no es endiabladamente astuto el mecanismo: o bien acatas unas DVA cerradas a gusto del gobernante, o bien debes acudir a un oficial público pero que actúa como despacho privado, y que va a ponerte todas las trabas posibles para que modifiques dichas voluntades. Romanones ha triunfado otra vez: si la ley ya era coja en cuanto a su supuesta intención de que cada persona escogiese las circunstancias del final de su vida (a pesar de toda la verborrea repetitiva del preámbulo de la ley que insiste una y otra vez en ello), el reglamento ha conseguido que en la práctica dicha “libertad de elección” desaparezca. Si quieres dejar tu testamento vital, harás el que quiera la Potestad (ni siquiera el parlamento autonómico, sino directamente la consejería sanitaria del gobierno), o te enfrentarás a tal cúmulo de impedimentos disimulados que acabarás por cansarte y tirar la toalla.

La historia termina bien: a la tercera fue la vencida y hallé un notario, un buen hombre, al que conocí personalmente, y que se tomó interés. Leyó conmigo el documento, y fió en mis conocimientos médicos (a fin de cuentas, él sólo tiene que certificar que yo estoy en plena posesión de mis facultades cuando emito el documento, igual que en el caso de un testamento patrimonial), y de ese modo pude al fin registrar mi DVA para poder morir cristianamente en caso de que no pueda expresar mi voluntad.

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Conclusiones

Pero yo soy la anomalía que el sistema se puede permitir. Apenas el 1% de los valencianos ha registrado sus voluntades anticipadas, y en el resto de España será similar. De los que lo hagan a partir de ahora, ¿cuántos comprenderán verdaderamente a lo que autoriza el documento? ¿Cuántos, si lo comprenden, tendrán conocimientos suficientes o voluntad para modificarlo? ¿Cuántos, en fin, arrostrarán las dificultades de todo tipo que se presentan para llevar esas modificaciones a efecto? Una cifra insignificante del total.

Tolerable para el ingeniero social: a la vuelta de 15-20 años como mucho, la eutanasia pasiva (o quizá ya la activa) será “la moral social para morir” aceptada por todos, por la que todos han pasado sin quejarse, y quien quiera otra cosa será mirado como anormal, como excéntrico, como antisocial, y sufrirá por ello el peso de la presión de lo políticamente correcto (probablemente incluyendo a la mayoría de católicos). Los cristianos ya lo hemos conocido anteriormente con la fornicación, el adulterio, el amancebamiento, el divorcio, el aborto, la fecundación artificial o la expulsión de símbolos religiosos de la vida pública. Todos ellos comenzaron como polémicas, pero la legislación favorable les ha ido dando asentamiento “respetable” con el tiempo. Y una pequeña ayuda de los medios de comunicación de masas (casi todos ellos en manos o influenciados por la Potestad) en forma de campañas constantes.

Añádase que ni el arzobispado de Valencia ni la Conferencia episcopal española ha “contraprogramado” estos DVA con otros actualizados, pues en su página en red siguen empleando el antiguo que yo usé como base, ni publicitan el obsoleto, ni han habilitado herramientas para facilitar la modificación y el registro (es evidente que si una parte sustancial de la población comenzase a emplear un DVA alternativo y común, pronto los notarios agilizarían su tramitación, y sería cosa sencilla hacerlo, por no hablar de la contestación social a la eutanasia que por sí mismas supondrían). Pero en realidad nuestros pastores ni siquiera hablan de ello en los púlpitos. Esta ley no ha sido respondida de ningún modo, ni el DVA eutanasista ha hallado oposición audible.

Resulta de hecho risible que los partidos más revolucionarios propongan en sus programas una “ley de la eutanasia”, cuando esta ya existe, y bien clara en sus propósitos.

Vivimos tiempos recios, y hemos de asumir que cualquier modificación legal, sobre todo si se publicita mucho por partidos políticos y mass-media, va a ser en un sentido anticristiano. Tras haber desvelado el modo en que opera el Enemigo (en realidad el que lleva empleando décadas, sino siglos) para imponer sus planes, sólo ruego a mis lectores dos cosas: uno, háganse ustedes un DVA, no es una mala idea, pero procuren que no sea el que le ofrezca la administración española; y dos, jamás dejen que les engañen con milongas sobre la voluntad de la mayoría, esto de la eutanasia es un proyecto de ingeniería social. Desde Gramsci y Goebbels, la manipulación de masas desde el mundo de la información y el poder político ha sido la principal palanca para crear opinión pública. Toca resistir. Toca contrarrevolución. Como siempre.