Ingeniería social: legislación divorcista

En un artículo anterior traté sobre la historia en España del matrimonio civil, el cual mantuvo la indisolubilidad como característica hasta el advenimiento de la Segunda república (1931).

En febrero de 1932 el parlamento aprobó el divorcio, por disenso de los cónyuges, o a petición de uno de ellos. Basado en el modelo francés (leyes de 1884, 1893, 1904 y 1908), fue un liberal progresista y masón el ministro de Justicia firmante de esta ley revolucionaria, Álvaro de Albornoz Liminiana, diputado de Izquierda republicana. En el debate en las cámaras, el diputado socialista masón Juan Simeón Vidarte fue el encargado de defender el proyecto. Calificó de “bello sueño” la unión indisoluble entre marido y mujer, afirmando que la mayoría de los matrimonios no necesitan una ley de divorcio, pero que los que viven desunidos ya se han acogido a lo que la Iglesia llama “divorcio imperfecto”, criticando que esta combata el divorcio y permita a la vez los abusos e imperfecciones de las causas de nulidad, y pidiendo para esos matrimonios una resolución adecuada. Llama la atención cómo el ponente, que refleja muy bien el pensamiento sobre el tema de la mayoría parlamentaria de la izquierda (tanto liberal como marxista), considera que el divorcio vincular puede incluso consolidar la unión de los matrimonios convivientes, y lo reserva para aquellos que ya se han roto, siendo partidario de la teoría “de la causalidad objetiva” como motivación de divorcio. También hay que registrar como se opone a los motivos clásicos de culpabilidad (adulterio, bigamia, crueldad), postulando la voluntad de uno de los cónyuges (“discrepancia objetiva”) como motivo suficiente de ruptura, y oponiéndose a los que consideraban que eso era romper un contrato matrimonial de forma unilateral, ya que consideraba que “el contrato matrimonial es de especie muy singular, no equiparable a otros contratos”. Vale la pena quedarse con esta afirmación del diputado socialista: “parece como si siguiéramos entendiendo que el divorcio es un mal, cuando en realidad, es el remedio de un mal”.

Esta concepción filosófica de la ruptura permite comprender cómo el divorcio se convierte en la contraposición de dos visiones opuestas sobre el matrimonio: en su respuesta a este proyecto, el diputado y canónigo Guallar se hace eco de la doctrina católica y afirma que la ley del divorcio no iba a solucionar ningún problema sino a dar “mayores facilidades para el estrago”, y concluye “al legislador le importa más la discordia definitiva que la reconstrucción del hogar”. Una auténtica revolución, no sólo política, sino social, y muy relacionada con el intento de acabar con la influencia de la Iglesia católica en la población, que no tenía en cuenta las consecuencias a largo plazo que esta ley podría acarrear.

La ley de septiembre de 1939, ya finalizada la guerra, derogó la ley de divorcio vincular de la Segunda República, estableciendo normas que anulaban algunos divorcios y regulaban la disolución de otros matrimonios, y restablecía la ley vigente anteriormente. Esta disposición produjo numerosos conflictos, siendo no poco frecuente el caso de personas que habían contraído matrimonio civil al amparo de la ley de 1932, divorciándose después y contrayendo posteriormente matrimonio canónico con una tercera persona, dándose bigamias formales. La abultada colección de sentencias sobre estos casos, que se prolongaron durante más de 30 años, determinó en general la validez legal del matrimonio civil “republicano”, aunque no se penó el matrimonio canónico posterior como delito de bigamia por falta de malicia.

Tras la muerte del general Franco y la apertura de un periodo constituyente, el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista propusieron en sus programas políticos para las elecciones de junio de 1977 la aprobación de una ley que permitiera la disolución del vínculo conyugal civil. La Constitución aprobada en 6 de diciembre de 1978 recogía en su artículo 32: “la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de disolución y separación, y sus efectos”.

Según una encuesta del CIS de 1979, citada por Inés Alberdi (Historia y sociología del divorcio en España, CIS, Madrid, 1979, pag 128), ese año el 55% de los españoles estaban a favor de legalizar el divorcio si concurrían circunstancias graves, el 37% se oponían en cualquier caso, y sólo el 8% de los que contestaron la encuesta aceptaban el divorcio por mutuo consenso.

Tras las elecciones de marzo de 1979, el democristiano Íñigo Cavero fue elegido por el presidente Adolfo Suárez para ocupar la cartera de Justicia y preparar el proyecto de ley de divorcio civil que había ofertado el partido triunfador (Unión de Centro Democrático) en su programa electoral. El proyecto de Cavero presentado a las Cortes el 13 de marzo de 1980 estipulaba la disolubilidad del vínculo por motivos graves en los casos de abandono injustificado del hogar, adulterio, conducta injuriosa o violación grave de los deberes conyugales o respecto a los hijos comunes, condena a prisión superior a 6 años de un cónyuge, toxicomanía, alcoholismo, o enfermedades mentales importantes. Se exigía un período de separación previo variable (hasta de 4 años), se impelía a los contrayentes a buscar la reconciliación, y se admitía que el juez podía denegar el divorcio cuando podía producir perjuicio grave al otro contrayente o, sobre todo, a los hijos.

No obstante, la convulsa situación provocada dentro del partido gobernante llevaría a la sustitución de Cavero en septiembre de 1980 por el socialdemócrata Francisco Fernández Ordoñez. El nuevo ministro de Justicia rehizo completamente el proyecto en un sentido netamente progresista, en cuyo preámbulo se especificaba que el propósito de la nueva legislación divorcista era la “ruptura” con el pasado, no se sabe si aludiendo a la dictadura del Movimiento Nacional franquista (del cual había sido secretario general el presidente de su partido) o de la Tradición católica. Básicamente se facilitaba la ruptura del vínculo: era suficiente la petición de una parte y consentimiento de la otra (no era necesario mutuo acuerdo), bastaba con haber transcurrido un año desde el matrimonio, con una separación de hecho de 2 años (en vez de 4), no se exigían las causas de “quiebra profunda e insuperable de la convivencia” que incluía el proyecto de Cavero, incluso podía tramitarse el divorcio a petición de una sola parte sin consentimiento de la otra si concurrían ciertas circunstancias (separación previa consentida, ausencia legal del otro cónyuge o resolución judicial firme). Una causa de divorcio unilateral llamativa era la demostración del cese efectivo de la convivencia durante 6 meses, si el otro cónyuge no solicitaba medidas previsorias ante el juzgado, aunque no hubiese consentido de ningún modo.

El nuevo proyecto fue presentado en el parlamento del 17 de marzo de 1981. En su discurso, Fernández Ordoñez aludió a los cambios profundos en la estructura de la familia, que había pasado de ser “unidad de producción a unidad de consumo”, dijo que la libertad sexual había sido una revolución comparable a la libertad de pensamiento, que las tasas de nupcialidad se habían desplomado, aumentando las parejas de hecho y los hijos extramatrimoniales. Afirmó que su proyecto se basaba en la aconfesionalidad del estado, y que el hecho de que hubiese una mayoría católica no podía esgrimirse como razón para “evitar el cambio”. Asimismo, consideraba que la crisis familiar no tendría su origen en esta ley sino en otras causas: “no tiene sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia. A la familia la ha deshecho mucho antes el desamor, el abandono, el adulterio, el desamparo”.

La ley, aprobada por el parlamento el 22 de junio de 1981 (siendo ya presidente Leopoldo Calvo Sotelo) con los votos de socialistas, comunistas y nacionalista junto a los socialdemócratas de UCD (y la ausencia deliberada de algunos dudosos), consagró por primera vez la disolución del vínculo conyugal sin causa objetiva, por simple voluntad de los cónyuges (es decir la que apoyaba el 8% de los españoles según la encuesta del CIS de 1979). Dos meses después, y a raíz de la polémica que se produjo dentro del propio partido de la UCD por el tema del divorcio (tanto la mayoría de sus electores como de sus diputados eran contrarios al modelo aprobado), Fernández Ordóñez saldría del mismo para engrosar las filas del partido socialista obrero.

En 1981 se tramitaron 9.487 divorcios (mas aproximadamente otros 7.000 tramitados con anterioridad y pendientes de la ley). En 1989, 23.063; en 1993, 28.857; en 1997, 34.147; en 2001, 39.242. Durante esos años el número de matrimonios civiles y canónicos osciló en torno a 200.000 por año. En 2004 se produjo un incremento del 20% con respecto a la tendencia anterior, al producirse ese año 51.000 divorcios.

Ese año accedió al poder el Partido Socialista Obrero (PSOE). En el debate de investidura, su secretario general y candidato, José Luis Rodríguez, citó como una de sus prioridades impulsar y facilitar el ejercicio del “derecho al divorcio”. El ministro de Justicia encargado de esta reforma fue Juan Fernando López Aguilar, por cierto hijo de un notorio masón, y él mismo masón en una logia canaria según el historiador Ricardo De la Cierva, que afirma basarse en el testimonio de Josep Corominas, gran maestre de la Logia de España. Al contrario que en el pasado, la ideología del ministro tiene una importancia solo relativa, pues el alma del proyecto es el propio presidente del gobierno. Pese a su titularidad socialista y obrera, el PSOE actual es un movimiento liberal progresista con algunos (cada vez menos) rasgos de socialdemocracia.

En la modificación del código civil en materia de divorcio, promulgada el 8 de julio de 2005, solo una semana después de la modificación de la nueva ley de matrimonio, se afirma expresamente que “la reforma que se acomete pretende que la libertad, como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio”, así como lamenta que la anterior ley, por el proceso judicial que disponía “hiciera patente la inutilidad de sacrificar la voluntad de los individuos demorando la disolución de la relación jurídica por razones inaprensibles a las personas a ella vinculadas”. En coherencia con las palabras del presidente del gobierno, la modificación afirma que “el ejercicio del derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud”. Este apriorismo conceptual de lo que es un matrimonio está en línea directa con la filosofía de la ley del 1 de julio de 2005 sobre la naturaleza del matrimonio, en el que este deja de ser una institución familiar para convertirse en la pura expresión de una voluntad de dos personas, sin compromiso perdurable ulterior alguno.

La modificación del código civil de 8 de julio de 2005 eliminó la obligatoriedad del período de separación, alegando motivos de ahorro económico y procesal, y poniendo fin así al tiempo de reflexión prudencial que la ley anterior daba a los cónyuges para recapacitar y buscar la reconciliación. Se eliminó la obligatoriedad de consentimiento mutuo, pudiendo uno de los cónyuges disolver el matrimonio por iniciativa propia, independientemente de la voluntad del otro. Es decir, se legalizó el repudio. Se estipuló que bastaban 3 meses de matrimonio para poder iniciar el proceso de divorcio (de hecho, se podía tramitar la demanda de divorcio antes si se denunciaba riesgo para la integridad del cónyuge denunciante o de alguno de los hijos- se presupone que tenidos antes del matrimonio, claro). Se aceptaban las medidas de conciliación judicial, pero no para recomponer el matrimonio, sino para decidir amistosamente los términos del divorcio.

Si la unión matrimonial es un puro ejercicio de voluntad de ambos contrayentes que se puede romper en cualquier momento por la voluntad de uno de ellos, el corolario lógico es preguntarse para qué es necesario contraer matrimonio en una relación de pareja. Probablemente, el sentido de las sucesivas leyes va en la dirección de desalentar a la población española de contraer vínculo matrimonial, para terminar a medio plazo con la institución estable que fundamenta la familia. Esta ley solo es un jalón en ese camino.

A partir de la ley de 2005, los divorcios se han multiplicado por 2.5. Ese mismo año la cifra de divorcios fue de 141.000 divorcios, de 122.000 en 2008 y de 106.000 en 2010. No olvidemos que la cifra de matrimonios ha descendido (pese al incremento de población, en 45 millones de habitantes actualmente) desde los 209.000 de 2005 hasta los 172.500 de 2010, por lo que el porcentaje de divorcios con respecto al de matrimonios no ha hecho sino aumentar. Es obvio que la modificación legal ha estimulado las rupturas matrimoniales. ¿Es eso algo bueno para la sociedad, dado que según el viejo adagio romano la ley debe buscar siempre el Bien Común?

La experiencia personal nos dice que no existe persona que haya pasado por un divorcio que no haya sufrido una herida, probablemente permanente, en su alma. Existen no obstante numerosos estudios realizados en todo el mundo que demuestran los daños personales (y consecuentemente sociales, tanto más profundos cuanto más extendida es la práctica) que provoca. Se ha demostrado que la experiencia vital de divorcio se asocia al riesgo de depresión (Zhong BL, Holroyd R), sobre todo en la ancianidad (Kaji T), e incrementa por 6 el riesgo de ideación suicida (Lee J), y por 3 las tentativas de suicidios en pacientes con patología psicótica (Nyer M). Trágicamente, la experiencia de divorcio se asocia a un mayor riesgo de asesinato del cónyuge mas suicidio (Dogan KH, Eliason S). También aumenta el ratio de bajas laborales por enfermedad en varones (Voss M) e incluso incrementa por entre 2 y 3 veces el riesgo de sufrir episodios de asma (Lietzén R).

Pero si el efecto sobre los cónyuges es objetivamente negativo, sobre los hijos, sobre todo menores de edad, es sencillamente devastador. Está demostrado que el divorcio parental se asocia a depresión y neurosis en los hijos (Roberts JE, Ronning JA), también junto a esquizofrenia (Rubino IA), a ansiedad (Melchior M), aumenta el riesgo de enfermedades mentales y autolesiones en la edad adulta (Sakilleadis EI), el incremento de consumo de medicamentos ansiolíticos (2 veces más), antidepresivos (3 veces más), antipsicóticos (10 veces más) y anti trastorno maníaco-depresivo (17 veces más) (Anda RF). Asimismo incrementa el riesgo de suicidio entre 2 y 5 veces más en hijos adolescentes (Dube SR), sobre todo mujeres (Lizardi D, Thompson RG), se le considera un factor independiente de aumento de riesgo de enfermedades mentales en adolescentes (Farbstein I) y se asocia a depresión mayor y trastornos del pánico (Young EA).

Aparte de las enfermedades mentales, esta demostrado que el divorcio paterno causa trastornos del comportamiento en los hijos (Holroyd R, Shaw DS), por ejemplo impulsividad, neurosis, desconfianza, rebeldía y personalidad antisocial (Zhang J). También se asocia a problemas en la adquisición de recursos emocionales (Yárnoz-Yaben S, Flouri E), a hiperactividad (Stadelmann S), y a alteraciones del comportamiento social en niñas de 5 a 9 años (Japel C). En la escuela se ha probado su asociación con el riesgo de absentismo y rechazo a la escuela (Knollmann M), a practicar el acoso escolar (Undheim AM), e incluso hay registrado un curioso caso de histeria colectiva en adolescentes hijas de padres divorciados, en 1979 (Small GW).

Una secuela ya ampliamente comprobada en los hijos de padres divorciados es el consumo más precoz, adictivo y elevado de sustancias tóxicas, como el tabaco, que se multiplica de 2 a 3 veces más que en la población normal (Anda RF), así como sus secuelas (Papadodima SA), como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es 2,5 veces más frecuente en personas adultas que han experimentado divorcio parental siendo niños o adolescentes (Anda RF). Mucho más demostrada está la relación en el caso del alcoholismo, pues los hijos de divorciados tienen un mayor riesgo de borracheras adolescentes (Tomcikova Z) y alcoholismo crónico, tanto en adolescencia (Staff J) como en la vida adulta (Huurre T), hasta un 30% más (Sartor CE). De hecho, hay una asociación demostrada entre divorcio parental y abuso de tabaco, alcohol, precocidad y promiscuidad sexual, enfermedades venéreas y embarazos adolescentes (Anda RF), así como de los cánceres derivados de esas prácticas (Hemminki K).

Hay estudios que demuestran que los hijos de padres divorciados han sufrido con frecuencia otras experiencias infantiles adversas, como negligencia parental, violencia doméstica, abuso de sustancias en un miembro de la familia (Dong M), y tienen más riesgo de sufrir abusos sexuales en la familia (Al-Fayez GA). El divorcio parental aumenta el estrés y la ansiedad en los hijos (como demuestra un interesante trabajo que mide el incremento del cortisol en saliva para verificarlo, Kraft AJ), y el riesgo de padecer de adulto enfermedades asociadas a estos padecimientos, como el colon irritable (Porsch U). En los países subdesarrollados la expectativa no es mucho mejor: un estudio demostró que en Bangla Desh el riesgo de muerte de hijos con padres divorciados se multiplicaba por 3.2 en la infancia y por 1.4 en la pubertad (Bhuiya A).

Casi todos los artículos citados han sido publicados en la última década, retratando un problema muy actual. Entre ellos, varios del Grupo de Estudios ACE del “Centro Nacional para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades Crónicas de Estados Unidos” (Atlanta, Georgia), el más importante del mundo a nivel de medicina preventiva, que emplea con regularidad muestras de más de 10.000 sujetos. Son sólo una parte representativa. El lector puede hallar muchos más artículos que prueban lo mismo en el buscador oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, el más empleado en el mundo. Basta con colocar el término “divorce” en el cajetín de búsqueda. No hallará ningún trabajo en el que se le considere positivo para los cónyuges o los hijos. Buena parte de los trabajos sobre divorcio y paternidad se orientan a buscar estrategias que puedan compensar en parte los efectos de la separación paterna. No existe forma cabal, razonable ni científica de considerar al divorcio como un bien social, a la vista de las pruebas que la experiencia y la investigación muestran. Mas bien como un mal que hay que evitar o paliar.

Toda esta problemática personal, sanitaria y social es la que favorece la legislación divorcista, en mayor medida cuanto más facilita el divorcio. Este es el resultado real del impulso a ese “derecho al divorcio” al que aludía en 2004 José Luis Rodríguez. Esta es la consecuencia de las leyes de 1932, 1981 y 2005, promulgadas en aras a una mayor libertad y progreso.

La enseñanza católica sobre el sacramento y la institución del matrimonio, que ya traté en otro artículo prevee que el camino de convivir y fundar una familia nunca es sencillo. Precisamente el periodo de noviazgo sirve para conocer mejor a la otra persona, poder detectar signos de trastorno mental, impulsividad incontrolable o toxicomanías que desaconsejen la unión; entablar una relación de amor y confianza en la que se establezcan juntos las bases de un proyecto de vida en común y paternidad en el que ambos se comprometan por igual, procurando que la pasión o el enamoramiento no cieguen la realidad que una unión de por vida impone, con sus momentos buenos y malos, con sus ventajas e inconvenientes. Para ello hace falta que cada uno de ambos contrayentes tenga una formación rectamente cristiana, y esté suficientemente maduro para adquirir el compromiso. La madurez no la proporciona el cumplimiento de una edad determinada (sea 16, 18 o 21 años). De hecho, la legislación civil actual en España impulsa un fenómeno social alentado por ciertas corrientes de pensamiento y no pocos medios de comunicación social y cultural: la de la inmadurez prolongada en el tiempo, incapacitada para adquirir ningún compromiso duradero. Las relaciones prematrimoniales “a prueba”, que estuvieron de moda en un tiempo, son así valoradas por Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio (1982): “la unión carnal sólo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la “prueba”. Exige un don total y definitivo de las personas entre sí”. El tiempo ha dado la razón al Santo Padre: en términos estadísticos, las relaciones prematrimoniales no han dado lugar a matrimonios más robustos, sino a más concubinatos, normalmente temporales.

Una vez llevado a cabo el sacramento, la invocación al patrocinio y ayuda de Dios entre los contrayentes es imprescindible para su buen funcionamiento, comprendiendo e integrando la indisolubilidad del vínculo como parte integrante del mismo. Como dice Erasmo de Rotterdam en su Encomium matrimonii “estando excluido el divorcio por decisión inapelable de Jesucristo mismo, había que tomar el matrimonio tal como existe, es decir, a veces mediano, a veces malo y hacerlo bueno a fuerza de buena voluntad”. Sobre las características del matrimonio cristiano se puede consultar el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 2360-2379).

El magisterio de la Iglesia, basándose en el mandato de Cristo (Mt 5, 31-32; Mt 19, 3-9; Mc 10, 9-12; Lc 16, 18; I Co 7, 10-11), y en la Ley natural que contempla el matrimonio perpetuo como la forma primera y preferente en todas las culturas, establece la indisolubilidad del vínculo sacramental. Esta doctrina ha sido reafirmada en las encíclicas Arcanum Divinae (León XIII, 1880), Casti Connubi (Pío XI, 1930), Mater et Magistra (Pío XII, 1942), y numerosos documentos de todos los papas modernos (Pablo VI en sus “Enseñanzas al Pueblo de Dios", Juan Pablo I en una entrevista a L´Osservatore Romano el 22 de septiembre de 1978, Juan Pablo II en numerosas ocasiones). Bástenos con el resumen del CIC (2382-2386), en el que se especifica que “el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte”. En su lugar, impele la Santa Madre Iglesia a que los cónyuges resuelvan sus diferencias con paciencia y benevolencia, en recuerdo del amor primero cuando este se hubiese debilitado, que practiquen el arrepentimiento, la misericordia y el perdón si un cónyuge ofendió al otro, incluso si fuere grave la ofensa. Se contempla la posibilidad de establecer una separación temporal de los esposos si la convivencia pudiera dañar los derechos legítimos o el cuidado de los hijos, pero siempre con vistas a una reconciliación ulterior. En ningún caso se podrá aceptar el recasamiento de uno de los separados, que incurrirá en pecado de concubinato y adulterio. Hay varias indicaciones sobre aspectos prácticos de los problemas conyugales en CIC 1646-1651.

Durante el debate de la ley de divorcio de 1981, todos los prelados católicos españoles, desde Vicente Enrique Tarancón hasta José Guerra Campos (cada uno en su estilo, matices y tiempos diversos) se manifestó a favor de la indisolubilidad del matrimonio civil, y advirtió de los males de una legislación divorcista del mismo. Vale la pena recordar la conclusión del mensaje de los obispos de Castilla y León a propósito de este tema, el 11 de febrero de 1977, que además de ser profética se puede suscribir plenamente hoy día: “Creemos que aun queriendo resolver situaciones lamentables por todos conocidas y que merecen también el respeto de todos, la ley del divorcio ocasionaría males muy graves e irreparables en la sociedad española: entre otros, se crearían situaciones irreversibles en ciertas uniones conyugales y serviría de incitación a matrimonios sin problemas, pero débiles, solicitados de una manera cada vez más avasalladora por la permisividad del medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que por parte del pueblo es fácil confundir lo legal con lo moral, cuando en realidad no todo lo permitido legalmente es ético”.

Ya en casa, de nuevo los discípulos le preguntaron acerca de esto y Jesús les dijo “quién se divorcie de su mujer, y se case con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, adultera”.
Mc 10, 10-12

También se puede leer:
José María Rives Gilabert, magistrado y profesor de Derecho Canónico.Historia de la legislación del matrimonio.
Pablo Martín de Santa Olalla Saludes. La ley de divorcio de junio de 1981 en perspectiva histórica.

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