Denuncian a los testigos de Jehová por la realización de juicios internos

“Nos ponemos en contacto con usted (…) porque ha mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por este motivo debemos citarle para una audiencia judicial, es nuestra responsabilidad teocrática”. Con estas palabras comienza la carta que la congregación francesa de los testigos de Jehová en Cardedeu (Barcelona) ha enviado a un hombre de 43 años que dejó de ser un miembro de esta comunidad hace “casi cinco años”, según informa Guillem Sànchez en El Periódico de Catalunya.

Los comités judiciales de la secta

Este documento, que confirma la existencia de juicios paralelos a los devotos de la confesión, es “extraño”, según Miguel García, porque el libro Pastoreen el Rebaño –de uso exclusivo para los ancianos que lideran las congregaciones– detalla cómo debe formarse un “comité judicial” y aclara que debe “citarse al acusado por vía oral”. Se añade también que si “un periodista o un abogado” pregunta por estos juicios no deben “proporcionar ninguna información ni confirmar su existencia”.

Este diario ha contactado con uno de los tres ancianos que han citado a Miguel García para un juicio previsto para ayer, 26 de septiembre. Tal como dicta el libro, de entrada, el anciano ha negado la mayor. “Primera noticia”, ha respondido. Después de saber que aparecía con su nombre y apellido firmando la carta de convocatoria, ha reconocido que el juicio sí existía. Esta sesión iba a celebrarse en el Salón del Reino de Cardedeu –su local– porque se trata de un “marco teocrático” que “infunde un mayor respeto en los presentes”.

Miguel García se separó de su mujer al dejar la confesión y cuatro años más tarde se divorció formalmente. Para “liberar” a su esposa, le escribió una carta en la que explicaba que tenía una nueva relación sentimental. De este modo, ella podría obtener el “divorcio bíblico” y casarse nuevamente. Sospecha García que el hecho de que actualmente tenga una relación homosexual ha motivado en el fondo esta llamada audiencia judicial por adulterio. Se trata, dice García, de una comunidad “homófoba”, y como prueba remite a un vídeo de producción interna.

Juicios sin validez… y legalmente punibles

Fuentes jurídicas subrayan que celebrar este tipo de juicios paralelos a la legislación vigente no tiene “ninguna validez”. Y que se trataría de algo “punible” si se demostrara que existen coacciones para obligar a someterse a estos juicios y cumplir los castigos que se impongan. Habitualmente, la pena es una reprimenda pública o directamente la expulsión de la confesión. Esto segundo resulta traumático cuando lo sufre un miembro de una familia del mismo credo porque a partir de entonces debe restringir la relación que tiene con el resto de parientes.

En mayo del 2014, la ministra de Justicia de Finlandia, Anna-Maija Henriksson, avisó de que “no había espacio” en el país “para dos sistemas judiciales”. Lo hizo después de que 18 ex miembros de testigos de Jehová denunciaran la existencia de estos comités judiciales con capacidad para condenar al “ostracismo” a los acusados.

Miguel García asegura que al dejar la organización hace casi cinco años fue “acosado” por sus excompañeros. “Terminé sufriendo un ataque de ansiedad, me ingresaron en el hospital y se presentaron allí. Tuve que pedir a las enfermeras que no les dejaran entrar”, recuerda.

El 19 de abril del 2014 les mandó un burofax para exigir que en cumplimiento de la ley de protección de datos de carácter personal borraran toda la información referente a él. Respondieron, afirma y documenta, que se quedarían con sus datos porque seguía constando en sus archivos como “miembro bautizado”.

Denuncia por acoso

Tras recibir la citación para ser juzgado, ha denunciado ante los Mossos a los testigos de Jehová por acoso, por negarse a borrar datos personales y por encubrir los abusos sexuales que sufrió en una congregación de Bélgica, y ha emprendido acciones legales por daños morales.

Aníbal Matos, portavoz de los testigos de Jehová en España, ha admitido la existencia de estos comités judiciales pero ha asegurado que “no son obligatorios” ni tampoco “se imponen castigos”. Se trata únicamente de intervenciones para “dar orientación bíblica” a los miembros de una congregación.

Abusos sexuales encubiertos

Miguel García nació siendo un testigo de Jehová. Dejó de serlo al cumplir los 38 años. O quiso dejar de serlo. Ahora tiene 43 y ha acudido a los Mossos para denunciar el acoso que ha padecido desde que tomó la decisión de abandonar esta confesión. En esta querella ha revelado otra cosa: que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de un miembro de esta comunidad.

Asegura que sucedieron cuando tenía 16 años, sobre 1990. Entonces pertenecía a una congregación de habla hispana que este credo tiene en Bruselas (Bélgica). El agresor era un hombre que mantenía “una buena relación” con su familia y con el que era “normal” que se quedara “a solas”. “Me hizo de todo, pero no hubo penetración”, ha explicado durante su entrevista con El Periódico.

A los 19 años, ya en España, relató a los ancianos de una congregación de Castellar del Vallès lo que había vivido. “Organizaron una audiencia judicial” y los tres ancianos le conminaron a dar “todos los detalles”. Al acabar, le prometieron que recibiría “apoyo espiritual” pero le pidieron que no lo denunciara, a pesar de que asegura que había dejado claro que existían más víctimas del mismo agresor sexual. “No traigamos oprobio a nuestra comunidad”, fueron las palabras que escuchó en 1993.

García está convencido de que los ancianos anotaron toda la información que facilitó en aquella sesión –sus datos personales, los del presunto pederasta y los abusos sexuales– y la introdujeron en un sobre. “Guardaron el original en el archivo de la congregación y mandaron una copia a la sede central de Madrid”, mantiene. También ha detallado a los Mossos que existen más informes como el suyo en otras congregaciones españolas que tampoco se han denunciado.

No es un caso aislado

Aníbal Matos, portavoz de los testigos de Jehová en España –una entidad con 8,5 millones de adeptos en todo el mundo, 115.000 en España y 32.000 solo en Catalunya–, ha negado tajantemente que esta comunidad haya autogestionado los casos de abusos sexuales que se hayan podido producir en el interior de esta organización religiosa.

“Los testigos respetamos la ley y en ningún momento hemos encubierto un abuso sexual a un menor ni amparado a ningún pederasta”, ha señalado. Matos también ha desmentido la existencia de un supuesto archivo que almacena los hipotéticos casos de pederastia. “No existe porque iría en contra de la ley de protección de datos de carácter personal”, ha remarcado.

El portavoz, que sí ha admitido la existencia de audiencias judiciales protagonizadas por tres ancianos de cada congregación (aunque ha remarcado que solo están para dar “orientación bíblica” a aquellos que la necesitan), ha querido remarcar que en ningún caso la acción de un tribunal interno “excluye” la acción de la justicia ordinaria. Deberían ser los propios ancianos “los que dieran el paso” de informar a las autoridades ante cada caso.

Un documento interno

Miguel García, durante su entrevista con este diario, ha aportado un supuesto documento interno que según él fue emitido desde la sede nacional de los testigos de Jehová en Madrid y que está fechado el 1 de agosto de 2016. El “asunto” que trata es la “protección de menores contra el abuso”.

El punto 20 de este documento, dirigido a los ancianos de cada congregación, dice que “los documentos relacionados con personas sobre las cuales pesa una acusación de abusos sexuales de menores (…) deben guardarse en un sobre con su nombre y con la anotación ‘No destruir’. El sobre se conservará indefinidamente en el archivo confidencial de la congregación”.

Prácticas oscuras

En un editorial titulado “Prácticas oscuras en los testigos de Jehová”, publicado también por El Periódico de Catalunya, leemos que los testigos de Jehová son una entidad religiosa que reúne los requisitos marcados por el Estado, está registrada desde 1970 y tiene el reconocimiento legal de Notorio Arraigo, otorgado por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, desde hace diez años.

No se puede hablar estrictamente, pues, de problemática sectaria en relación con sus actuaciones (afirma El Periódico), aunque lo cierto es que podemos albergar dudas razonables a partir de determinadas prácticas. Una de las más notorias es la prohibición a los adeptos de recibir transfusiones de sangre, un detalle que siempre es cuestionable y más aún cuando se trata de menores.

Otra, quizá menos conocida, es la existencia de tribunales paralelos a los estatales, unos comités judiciales internos que velan por el mantenimiento de las normas morales que rigen esta organización teocrática. La incidencia de este tipo de juicios –opacos, secretos e inquisitoriales– en las personas que los sufren supone para ellas una humillación personal que incluso llega hasta el desarraigo familiar.

Algunos casos recientes de corrupción y acusaciones de abusos; la disciplina y la estructura religioso-empresarial centralizada en una multinacional con sede en Nueva York; y ejemplos como el que publica El Periódico referidos a una presión casi sectaria, insistente, arcaica y con pinceladas de homofobia, deben ponernos en alerta contra toda conculcación de la libertad de los ciudadanos, sean o no creyentes.