Argentina: advierten de la vinculación de varios crímenes con sectas

Un investigador antropológico de Corrientes (Argentina) vinculó el fenómeno de las sectas con una serie de crímenes cometidos en los últimos años en esa provincia y en el Gran Buenos Aires y cuestionó a la Justicia por “negarse a identificar” el “posible rol instigador” de esos grupos, según informa el medio Corrientes Hoy.

Se trata del licenciado Humberto Miceli, titular del Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA) correntino, quien se refirió a casos que afectaron a niños de la zona, como el homicidio de Ramón González (de 12 años, cuyos restos se ven en la foto), conocido como “Ramoncito"; el de Romina Gutiérrez (de 11 años); y el de Priscila Leguiza (de 7 años); ocurridos entre 2006 y enero pasado.

“La provincia de Corrientes, ubicada en una triple frontera, al igual que otras provincias argentinas, está asistiendo a nuevas formas delictivas producto de una sociedad en constantes transformaciones y contactos culturales”, afirma el antropólogo.

Nuevas creencias que ocupan vacíos

“La provincia de Corrientes, ubicada en una triple frontera, al igual que otras provincias argentinas, está asistiendo a nuevas formas delictivas producto de una sociedad en constantes transformaciones y contactos culturales”, explicó a Télam el propio Miceli, quien realizó una investigación sobre el “Fenómeno Sectario y Criminalidad Ritual".

Según el investigador, “se incorporan y renuevan costumbres y aspectos ideacionales, religiosos o espirituales que vienen a ocupar los vacíos dejados por los sistemas religiosos tradicionales y por complejos factores socioculturales y económicos”.

“Algunos crímenes son realizados por grupos sectarios, otros por líderes unipersonales que, ostentando una investidura religiosa, construyen un universo esotérico personal que se configura como generador de conductas criminales”, afirmó el antropólogo.

En ese sentido, mencionó casos como “el de Ramoncito de Mercedes (descuartizado durante un ritual en 2006 en esa ciudad correntina), el de Romina de Empedrado (Romina Gutiérrez fue raptada, violada y estrangulada en 2007 en dicha localidad de la misma provincia)” y el de otros “niños abusados” en ese mismo medio “que han golpeado de lleno a la sociedad” local.

“Estos casos han motivado marchas de protesta pero también represiones y silencios forzados”, afirmó Miceli, quien también recordó lo ocurrido en 2013 en la isla de Apipé Grande, en Corrientes, donde “varias adolescentes que se manifestaron como poseídas y advertían de muertes próximas”.

Otros casos de abusos

También se refirió a hechos ocurridos en otros puntos del país como en el partido bonaerense de Quilmes donde el año pasado los investigadores de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Berazategui aseguraron haber desarticulado “una secta en la que se hacían rituales religiosos para seducir chicas, a quienes terminaban engañando con promesas de una mejor vida económica y espiritual”.

“Las víctimas son mayormente mujeres en situación de vulnerabilidad social, que encontraban en un pseudo sacerdote a un referente que las hacía sentir mejor”, señaló en aquella oportunidad el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI 1 de Berazategui. Por ese hecho, el “proxeneta religioso” quedó detenido e imputado de los delitos de “explotación sexual y tenencia ilegal de arma de fuego”, ya que en su poder se secuestró una pistola 9 milímetros.

Miceli se refirió, además, al triple crimen de Benavidez cometido en 2012, en esa localidad del norte del conurbano, donde tres mujeres de 6, 15 y 75 años fueron acuchilladas, y en el que “también tuvo como telón de fondo la participación del acusado y de su pareja en una secta de raíz afrobrasileña que no fue bien identificada”.

Respecto de la actuación de la Justicia en este tipo de casos, Miceli consideró que “el error no radica en impedir la utilización de estos argumentos como defensa o atenuante sino en negarse a identificar e investigar al grupo sectario y su posible rol instigador”. “Esto es algo que inevitablemente en todos los casos queda fuera del arco de interés de fiscales y policías”, se lamentó el titular del GIA.

Necesidad de intervención estatal

Por otra parte, Miceli dijo que el denominador común en estos casos es “la creencia en lo sobrenatural, el temor, el devenir milagroso e inmediato de poder/placer/fortuna, sostenidos en principios culturales e ideológicos que los orienta, los adapta y los transforma a medida”. En ese marco, el antropólogo señaló que el Estado “todavía no termina de aceptar su rol para dilucidar, reconocer y abordar estos casos con capacidad e idoneidad”.

“El caso de Priscila, la niña asesinada a golpes por su madre (a principios de enero) en Berazategui y la posterior aparición de un pastor que guiaba espiritualmente a la asesina pone otra vez de relevancia la necesidad de ampliar los criterios investigativos y no descartar a grupos y/o lideres unipersonales que podrían ejercer persuasión coercitiva sobre sus adeptos”, indicó.

En tanto, Miceli destacó que otros países y organizaciones han creado Comisiones de Estudios e Investigadoras de Sectas, como el caso del Parlamento Europeo, Uruguay, Chile y España. “En estas latitudes hay iniciativas aisladas y asistemáticas para empezar a abordar este tipo de fenómeno que, además de ser solitarias, todavía son resistidas y combatidas en los ámbitos institucionales”, opinó.

“El proceso debería invertirse: es el momento de institucionalizar el tema para su abordaje con personal capacitado y para cumplir con el rol más importante de todos que le cabe al Estado: evitar y prevenir la ocurrencia de estos crímenes“, concluyó Miceli.