Archivan la causa contra el gurú de "Casa Yoga" de Granada

El juez de Instrucción número 7 de Granada ha decretado el archivo provisional de la causa que se seguía contra el gurú hinduista que fue denunciado por la Fiscalía en 2010 por asociación ilícita y delitos contra la integridad moral. Dicha denuncia se produjo después de que varias de sus supuestas víctimas, antiguos miembros de la comunidad Vaidika Partisana Sangha, le acusaran de utilizar técnicas de persuasión colectivas coercitivas y de incluso imponer condiciones laborales que rozaban la esclavitud. Lo cuenta el diario El País, en un artículo firmado por Valme Cortés.

Pues bien, tras la investigación judicial realizada, el juez concluye que “no existen motivos objetivos ni serios que permitan estimar que el imputado —de iniciales A.J.R.P.— haya podido incurrir en los delitos denunciados”. La Fiscalía pidió hace unos meses el archivo del caso y puso en duda los testimonios de algunos denunciantes.

Éstos acusaban a A.J.R.P. de captar a los miembros de la comunidad para satisfacer intereses personales, limitar su alimentación y horas de sueño, utilizar incluso la violencia física y conseguir acceso sexual de algunas de las integrantes de la comunidad. Todo ello, según denunciaron, para obtener la disposición de los bienes que eran propiedad de las supuestas víctimas e integrarlos en su patrimonio personal.

El juez, por el contrario, señala que la entrada y salida de la secta era “totalmente libre y voluntaria”, aunque sí reconoce que había normas, “si se quiere estrictas”, que tenían que ser cumplidas por sus miembros, que llegaban a la conocida como Casa de Yoga, en Armilla, para practicar cursos de yoga o meditación. En cualquier caso, a todos se les exigía que fueran mayores de edad.

No ha quedado acreditado, por tanto, ni el maltrato psicológico, ni las coacciones, ni lesiones, ni el delito contra la libertad sexual o estafa que de forma genérica, según consta en el auto contra el que cabe recurso, atribuían las acusaciones popular y particular al imputado.

Recapitulación del caso

Tal como informábamos en Info-RIES en diciembre de 2011, fue el 5 de enero de aquel año cuando la Fiscalía llevó a los tribunales a Antonio Javier Ruiz Plazas como responsable de la comunidad, que lleva funcionando desde los años 80. Según indicaba en su denuncia, éste, “utilizando técnicas de persuasión coercitiva en el grupo, ha conseguido el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento forman y han formado parte integrante de la comunidad, ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos”.

Para el Ministerio Fiscal, el gurú había realizado actos tendentes a “anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad”, y todo ello “con la finalidad de obtener y obteniendo numerosos beneficios de carácter personal, sexual y económico”. Tras saltar la noticia, la secta compareció ante los medios para negar todas y cada una de las acusaciones. Sus responsables afirmaron que la orden está “avalada” por el Gobierno de la India y que “nunca” ha sido denunciada por nada, ya que cada miembro es libre para actuar y decidir cómo proceder dentro de la organización.

El testimonio más impactante que figuraba en la causa, tal como informaba en su día el medio Granada Hoy, fue el prestado precisamente por la presidenta de las supuestas víctimas, Teresa. Se le tomó declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo, mediante exhorto judicial. La mujer, que formó parte de la comunidad, aseguró que dormía “tres o cuatro horas al día”, que tenían “una actividad frenética” y que el imputado sí “les obligaba” a seguir una dieta lactovegetariana.

Contratos de esclavitud

Según sus palabras, ella y otras personas tenían “contratos de esclavitud, por los que se comprometían a estar 24 horas disponibles a las necesidades del maestro”. Había además -siempre según su relato- sesiones religiosas o de adoctrinamiento “que podían durar hasta 12 horas, en las que no se podían mover y debían permanecer sentados en el suelo aunque tuvieran dolores”. En su caso, afirmaba que sufrió “malos tratos psicológicos”, no físicos, pero sí “vejaciones”, ya que le llamaba “inútil” o “patética”.

Teresa, que aseguró que entregaba a la comunidad el dinero de la pensión que cobraba por invalidez, llegó incluso a montar un centro en Madrid para el imputado con el dinero que recibió de una herencia. Allí se impartían sus doctrinas y “el denunciado pasaba consultas psicológicas, practicaba masajes y acupuntura sin ninguna titulación y se denominaba médico ayurvédico (medicina india) y daba recetas de ese tipo de disciplina”. Al final, ella abandonó la comunidad y cerró el centro porque no podía seguir pagando tanto dinero. Pero en el grupo estuvo 14 años, durante los que dice que vivió en una situación “de terror y angustia”. Afirmaba que el imputado “la violó a ella y a las demás mujeres”, así como a su “hija”.

Cuando el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Granada, se unió al expediente un documento en el que el gurú, Antonio Javier Ruiz Plazas, daba a una de sus acólitas una serie de llamativas instrucciones sobre cómo debía de actuar y comportarse en la Casa Yoga de Armilla. En el manuscrito, que según las fuentes consultadas el imputado reconoció como suyo durante su declaración judicial, se establece un “protocolo de ocupación continua de 24 horas”, así como otros protocolos de tiempo, de permiso de acceso a las estancias y de modo de ausentarse.

Normas de comportamiento

El escrito fue definido por el gurú como “un recordatorio personal que realiza a una persona a la que se le concedió una beca personal”. La persona en cuestión es una mujer que colaboró con él “como si fuera una secretaria” y su beca consistió en sufragarle parte de los gastos de un viaje a la India. El imputado tildó así el documento de “un acuerdo excepcional con dicha persona para recordarle sus obligaciones respecto del declarante”. Dichas obligaciones consistían, por ejemplo, en que debía de conseguir su “sí” o “no” directamente de él. “No puede mi asistenta/ayudante/secretaria preguntarme por SMS-chat-Skype-teléfono u otro medio (incluyendo transmisión a través de persona alguna). Debe de preguntarme de viva voz y en persona”, agrega el texto.

En cuanto a la actuación de la referida mujer en la Casa Yoga, debía estar ocupada en lo que estimase el gurú o los demás superiores, y no podía ausentarse de la casa sin el permiso del imputado. “En caso de no poder comunicarse conmigo directamente, no podrá comunicarse por ningún otro medio y no podrá ausentarse”, añade el documento.

Para acceder al GD (el GD, por lo que se dice en el papel, parece que se trata de la estancia de la casa donde se encuentran el gurú y otros superiores de la organización) existía un código en el que se usaban pañuelos. “Podrás subir sin preguntar sólo cuando esté el pañuelo amarillo o blanco. Cuando esté el rojo, deberás de preguntar a algún miembro del GD”, explica el manuscrito. En cuanto a las tareas a realizar, el imputado señala en el documento que “cuando no te ocupe directamente (…) deberá de estar ocupada o directamente por el GD o por la GK o por sí misma en tareas de trabajo para mí, GD, GK, en este orden”.