El padre de Mari Luz, ejemplo de cristianismo genuino en un país donde no hay justicia
Mari Luz era una chiquilla alegre de cinco años que tuvo la desgracia de vivir al lado de un miserable asesino que debería de estar en la cárcel por abusar de sus propias hijas. Ese ser despreciable puso fin a una vida inocente y también a la felicidad de toda una familia cristiana evangélica. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, es pastor de la iglesia de Filadelfia, que es la denominación particular de los evangélicos de raza gitana. Y a fe que Juan José Cortés está dando un ejemplo a toda España de lo que significa ser cristiano. Él ha pedido justicia y no venganza, e incluso ha dicho que ni siquiera deseaba al asesino de su hija que pasara por lo que él ha pasado.
Juan José cree que San Pablo tenía razón cuando afirmaba que los magistrados deben ser servidores “de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal” (Rom 13,4). Y es que donde no hay justicia, no hay civilización. Una nación que protege más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas, va camino hacia la auto-aniquilación, pues donde no existe una justicia que merezca el nombre de tal, acaba siendo sustituida por la venganza desbocada de quienes son doblemente pisoteados: por sus agresores y por las leyes o jueces que les dejan en total desamparo.
Nadie podrá devolver a Mari Luz a sus padres, pero si en este país queda un poco de decencia, el tipejo que la mató no puede volver a ver la libertad en lo que le quede de su puñetera vida. Es hora de plantear de una vez la pena de cadena perpetua para delitos escandalosos. El terrorismo, el asesinato, la violación y la pederastia deberían de estar castigados con esa pena. No puede ser que matar a una persona salga barato. Y barato es que un asesino salga a la calle tras pasar 20 ó 30 años en la cárcel. Siempre debe quedar un resquicio para la reinserción, pero no creo que la misma sea posible en los delitos que he señalado. De los violadores y pederastas es conocida su tendencia a la reincidencia. Por tanto, el que pone un violador o un pederasta en la calle, sea el legislador o sea el juez que no usa todos los mecanismos legales para retener a esa chusma, está siendo cómplice de las futuras acciones de esos personajes.