La supresión de la Compañía de Jesús (1750.1773)- y 2ª parte

LA SUPRESIÓN EN ESPAÑA Y SUS COLONIAS

La Supresión en España, y sus cuasi-dependencias Nápoles y Parma, y en las colonias españolas fue llevada a cabo por medio de reyes y ministros autocráticos. Sus deliberaciones fueron llevadas en secreto, y ciñeron a sí mismos sus deliberaciones a propósito. Sólo hace pocos años que una pista ha conducido hasta Bernardo Tanucci, el anticlerical ministro de Nápoles, quien adquirió una gran influencia sobre Carlos III antes de que el rey pasase del trono de Nápoles al de España. En la correspondencia de este ministro se hallan todas las ideas que guiaron de vez en cuando la política española. Carlos, hombre de buen carácter moral, confió su gobierno al Conde de Aranda y a otros seguidores de Voltaire; y trajo de Italia a un ministro de finanzas, cuya nacionalidad hizo al gobierno impopular, mientras que sus exacciones dieron lugar en 1766 a disturbios y a la publicación de varios pasquines, sátiras y ataques a la administración.

Se convocó un consejo extraordinario para investigar la cuestión, y se declaró que gente tan sencilla como los amotinados nunca podría haber producido panfletos políticos. Procedieron a obtener información secreta, cuyo propósito no se conoce; pero los registros conservados muestran que en septiembre el consejo resolvió incriminar a la Compañía, y que el 29 de enero de 1767 se ejecutó su expulsión. Se enviaron a los magistrados de cada localidad en las que residían los Jesuitas órdenes secretas, que serían ejecutadas entre el 1 y el 2 de abril de 1767. El plan marchaba silenciosamente. Esa mañana, 6000 jesuitas fueron expulsados como convictos a la costa, donde fueron deportados, primero a los Estados Pontificios y finalmente a Córcega.

Tanucci llevó a cabo una política similar en Nápoles. El 3 de noviembre los religiosos, otra vez sin un juicio, y ahora incluso sin acusación, fueron expulsados a la frontera con los Estados Pontificios, y se les amenazó con la muerte si regresaban. Ha de indicarse que en estas expulsiones, cuanto más pequeño es el estado más grande es el desprecio de los ministros hacia cualquier clase de ley. El Ducado de Parma era la más pequeña de las llamadas cortes borbónicas, y tan agresiva en su anticlericalismo que Clemente XIII le dirigió (el 30 de enero de 1768) un monitorium, o advertencia, según el cual los excesos serían penalizables con censuras eclesiásticas. Llegado este momento, todos los partidarios de la “Familia Compacta” Borbón se enfurecieron con la Santa Sede, y solicitaron la destrucción completa de la Compañía. Como preámbulo, Parma expulsó a los Jesuitas de sus territorios confiscando sus posesiones, como era habitual.

Desde estos momentos hasta su muerte (2 de febrero de 1769), Clemente XIII fue acosado con grosería y violencia máximas. Partes de sus estados fueron incautados por la fuerza, fue insultado por los representantes borbones, y quedó patente que, como no cediese se originaría un cisma, tal y como en Portugal acababa de ocurrir. El cónclave subsiguiente duró desde el 15 de febrero a mayo de 1769. Las cortes borbónicas, por medio de los llamados “cardenales de la corona”, consiguieron excluir algunos partidos, apodados Zelanti, que hubiesen tomado una posición sólida en defensa de la orden, y finalmente eligieron a Lorenzo Ganganelli, que tomó el nombre de Clemente XIV. Cretineau-Joly (Clemente XIV, p. 260) afirmó que Ganganelli, antes de su elección, se comprometió con los cardenales de la corona, por medio de algún tipo de condición, a suprimir la Compañía, lo que habría implicado una infracción del juramento del cónclave.

Esto fue refutado mediante la declaración del agente español Azpuru, que fue especialmente designado para actuar con los cardenales de la corona. Escribió el 18 de mayo, justo antes de su elección: “ninguno de los cardenales ha llegado tan lejos como para proponer a alguien que la Supresión fuese asegurada por medio de un compromiso verbal o escrito”, y justo después del 25 de mayo escribió: “Ganganelli ni hizo una promesa ni la rechazó”. Por otra parte, parece que sí que escribió algunas palabras, que fueron tomadas por los cardenales de la corona como indicación de que los borbones se habrían salido con la suya con respecto a él (cartas de de Bernis del 28 de julio y 20 de noviembre de 1769).

Tan pronto como Clemente subió al trono la corte española, respaldada por los otros miembros de la “Familia Compacta”, renovó su arrolladora presión. El 2 de agosto de 1769, Choiseul escribió una severa carta solicitando la Supresión en dos meses, y el Papa hizo su primera promesa escrita garantizando dicha medida, pero declaró que necesitaba más tiempo. Luego comenzaron una serie de acciones, siendo algunas interpretadas de un modo natural como mecanismos de escape para retrasar el terrible acto destructivo hacia el que Clemente era empujado. Pasó más de dos años tratando con las cortes de Turín, Toscana, Milán, Génova, Bavaria, etc., que no consentían tan fácilmente los proyectos de los borbones. El mismo objetivo ulterior quizá pueda detectarse en algunas de las calumnias infligidas a la Compañía. En varios colegios, como los de Frascati, Ferrara, Bolonia y el Colegio Irlandés de Roma, después de un prolongado examen, los Jesuitas fueron expulsados con mucha hostilidad. Y hubo momentos, como por ejemplo después de la caída de Choiseul, en los que parecía como si la Compañía se hubiese salvado; pero siempre prevaleció la obstinación de Carlos III.

A mediados de 1772 Carlos situó un nuevo embajador en Roma, don José Moñino, luego Conde de Floridablanca, un hombre severo y duro, “lleno de artificio, sagacidad y disimulo, empeñado como nadie en la Supresión de los Jesuitas”. Hasta este momento las negociaciones habían estado en manos del inteligente diplomático Cardenal de Bernis, embajador francés del Papa. Moñino tomó la delantera y de Bernis se convirtió en partidario de imponer la aprobación de sus recomendaciones. Finalmente, el 6 de septiembre, Moñino entregó un estudio en el que sugería al Papa una línea a seguir, que en parte adoptó redactando el breve de la Supresión. En noviembre se vislumbraba el final, y en diciembre Clemente puso a Moñino en comunicación con un secretario; esbozaron juntos el documento, quedando lista el acta el 4 de enero de 1773. El 6 de febrero Moñino la recibió del Papa en una forma que pudiese ser transmitida a las cortes de los borbones, el 8 de junio se tuvieron en cuenta sus modificaciones y el acta se llevó a su forma final y fue firmada.

El Papa se demoró hasta que Moñino le forzó a imprimir las copias; como éstas tenían fecha, no había posibilidad de retraso tras esa fecha, que era la del 16 de agosto de 1773. Fue emitido un segundo breve que establecía la forma en que la Supresión sería llevada a cabo. Para mantener el secreto se introdujo una reglamentación que, en países extranjeros, dio lugar a algunos resultados inesperados. El breve no iba a ser publicado Urbi et Orbi sino solamente a cada colegio o ubicación por medio del obispo local. En Roma, el padre general fue recluido junto con sus asistentes, primero en el Colegio Inglés y luego en Castel S. Angelo. Los documentos de la Compañía fueron entregados a una comisión especial, junto con sus títulos de acciones y sus reservas de dinero, 40.000 scudi (más o menos 50.000 dólares), que casi completamente pertenecían a instituciones benéficas concretas. Comenzaron una investigación sobre los documentos, pero no dieron lugar a ningún resultado.

En el Breve de la Supresión, la característica más sorprendente era la larga lista de alegaciones contra la Compañía, sin mencionar lo que estaba a su favor; el tono general del breve era muy desfavorable. Por otra parte, los cargos fueron enumerados categóricamente; no fueron enunciados definitivamente como para ser probados. El objetivo era presentar a la orden como habiendo ocasionado conflictos perpetuos, contradicciones y problemas. Para lograr la paz la Compañía debía ser suprimida. Una explicación concluyente de estas y otras anomalías no ha sido aún aportada con certeza alguna. La principal razón es sin duda que la Supresión era una medida administrativa, no una sentencia judicial basada en investigaciones jurídicas. Se ve que la vía escogida evitó muchas dificultades, sobre todo la abierta contradicción con los papas precedentes, quienes muy a menudo alabaron y confirmaron a la Compañía. De nuevo, tales afirmaciones eran menos propensas a la controversia; hubo diferentes formas de interpretar el Breve que fueron respectivamente encargadas a Zelanti y a Bourbonici.

La última palabra sobre la cuestión es sin duda la de Alfonso de Ligorio: “¡Pobre Papa! ¿Qué podía hacer en su situación, con todos los soberanos conspirando para exigir la Supresión? En cuanto a nosotros, debemos guardar silencio, respetar el juicio de Dios, y mantenernos en paz”.