El absurdo comunicado del PP
El comunicado emitido por el PP donde, supuestamente, define su postura ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha sido una demostración fehaciente del grado de corrupción moral que atenaza a este partido.
Con la EpC o se está de acuerdo o no se está. No cabe otra. Todo lo demás son pamplinas. Paparruchas.
El PP, con dicho comunicado ha pretendido poner una vela a Dios y otra al diablo, ser del Sevilla y del Betis a la vez.
Si el primer punto se queda en la perogrullada, además de lo absurdo ya que el derecho de los padres a educar a sus hijos es un derecho natural, originario primario e inalienable, el segundo es totalmente absurdo, ya que nos informan a los ciudadanos que el PP apoya tanto a los que objetan como a los que no. Sin embargo, los que tienen los problemas son los objetores, no el que no objeta. Éste último cumple la ley, ¿qué apoyo necesita?
Por otro lado, en el punto 3 se nos informa que los populares están en contra de la implantación de EpC. ¿Y? ¿Qué van a hacer? Muy fácil, pedir al Tribunal Supremo que unifique doctrina, ¿para qué? Si el Tribunal Supremo dice que hay que cursar la asignatura, ¿qué hará el PP? ¿cumplir con la legislación?
Además, ¿por qué hay que consensuar, tal como dice el punto quinto, con el Gobierno el contenido de la asignatura? ¿Es necesaria la misma?
Como siempre, el problema se encuentra en que no se atreven a decir que la asignatura es inmoral, y por ende, hay que quitarla. No admite componendas.
El PP, como siempre, está preso de sus complejos.
Allá ellos.
8 comentarios
Qué curioso. En su opinión, ¿debe el PP incumplir la ley para ser congruente? ¿Usted le ha descerrajado un tiro en el cráneo a algún médico abortista para ser congruente con su defensa de la vida del no nacido? Y, puestos a ser congruentes, si de lo que se trata es de no cumplir la ley, ¿por qué no llama usted a la ciudadanía a la sedición en vez de andarse con medias tintas?
1. La vida y la educación en valores son dos derechos individuales e inalienables.
2. En el caso de menores, estos derechos son tuteladas por sus padres o tutores legales.
3. El Estado no es ni el padre ni el tutor legal de aquellos menores que ya dispongan de un padre o tutor legalmente reconocido. Por tanto, indicando qué hay que pensar o dejar de pensar acerca de cuestiones de moral está invadiendo la intimidad de los ciudadanos.
4. El contenido exacto del currículo de EpC se establece en los Decretos de las Consejerías de Educación de las respectivas Comunidades Autónomas. Las faltas contra la implantación del diseño curricular son administrativas, igual que las multas de estacionamiento.
5. Las faltas administrativas no constituyen delito de sedición. La incitación al asesinato con el objetivo de crear desórdenes para obtener un fin político, si. Está tipificado como terrorismo.
2.- Lo que usted pregunta aquí es absurdo, ridículo, grosero y una impertinencia. Eso sí, el único que mata aquí es el médico abortista.
3.- Se trata de que la ley ampare derechos fundamentales, inalienables, no que los lesione. Además, la Constitución garantiza la objeción de conciencia.
«(…) cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos.» (Evangelium vitae 73)
Si el asunto del aborto, que atenta contra la misma vida humana, es así de complejo ya tendrá usted una idea de como será la cosa con la educación para la ciudadanía. En caso de que el Tribunal Supremo unifique doctrina y no admita la objeción, ¿cree que la Iglesia instará a los católicos a no cumplir la legislación o, una vez manifestada su oposición y desacuerdo con esa ley, ofrecerá «su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley». Por ejemplo, ¿han sido los católicos mexicanos en general tibios por no desobedecer formal y abiertamente lo que disponían las masónicas leyes de su país en materia de educación? Yo, antes de invitar sin más a no cumplir la legislación, como hace el blogger, me lo pensaría mucho y matizaría bastante las cosas. A día de hoy tenemos una opción: objetar. Pero si el Supremo terminara no reconociéndonos ese derecho, ¿qué tendríamos que hacer?
1.- Si mañana el Estado decide, porque le da la gana, por ley que hay que quitarle todas sus posesiones y meterlo en la cárcel,…
Desde luego, Miguel plantea las cuestiones con bastante más tino que usted. El tema de su post es algo más complejo. No obstante, ¿hizo usted algo en contra de la expropiación de Rumasa y de los bienes de Ruiz Mateos? Ya, no colaboró pero, ante el atraco perpetrado, ¿instó usted a que se desobedecieran las sentencias? Y si no vivió esa etapa, ¿cree que los católicos y las gentes de buena voluntad deberían haberse lanzado a la calle para que no se ejecutara lo que dictaban los tribunales? ¿O tendrían que haber dejado de pagar sus impuestos ante semejante injusticia?
2.- Lo que usted pregunta aquí es absurdo, ridículo, grosero y una impertinencia.
Le pido disculpas por mi grosería, me temo que me he dejado influir demasiado por el tono de su post. Pero lo que planteo no es otra cosa que la forma de proceder de los católicos ante las leyes injustas. Tal vez no me haya explicado bien, pero tampoco usted ha estado muy fino. Si el Supremo no reconociera el derecho a la objeción, ¿qué propone usted? ¿Deben los colegios que hoy facilitan la objeción comunicar a la administración su indisposición a cumplir la ley o impartir esa asignatura limitando sus daños? La misma cuestión se debe plantear un partido que hoy por hoy está en la oposición ¿No le parece algo simple su post?
3.- Se trata de que la ley ampare derechos fundamentales, inalienables, no que los lesione. Además, la Constitución garantiza la objeción de conciencia.
Pues claro que la ley debe amparar los derechos fundamentales y la actual EpC atenta contra ellos pero, insisto, si ni el Supremo ni el Constitucional reconocieran el derecho a objetar ante la EpC, ¿qué deberíamos hacer?
Eduardo, lamento estropearle el paisaje. De veras.
1º.- Simplemente expongo las incongruencias de un partido que intenta tomar el pelo a sus electores.
2º.- Lo de Rumasa fue un robo a mano armada. Yo por edad, no pude hacer nada, pero lo que sí le puedo decir es que de esos polvos, estos lodos. Eso fue un despropósito que atentó contra el derecho fundamental de una persona.
3º.- Mire, el modo de proceder de los católicos ante leyes injustas está muy claro, desde nuestros primeros hermanos en Roma, pasando por Santo Tomás Moro y llegando a casos más recientes como el padre del escritor Joachim Fest. Yo no añado nada nuevo. Si usted quiere saber más, consulte la doctrina católica sobre la conciencia. Desde San Pablo hasta Newman.
3º.- Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y usted?
Por último: el PSOE se cargó la democracia, no se hizo nada. Se instauró el GAL, no se hizo nada, para vergüenza de una derecha con encefalograma plano (por cierto, ¿sabe usted la inmoralidad en la que se incurrió? El Estado decidiendo a quién había que matar). Se cambió el sistema educativo, perjudicando sensiblemente a los más pobres y tampoco se hizo nada. Eso sí, las panzas llenas.
Usted verá.
Un partido debe servir para defender, entre otras cosas, un modelo de sociedad. Si sólo busca el quedar bien delante de todos siendo tibio en asuntos fundamentales, se convierte en algo inútil y hay que desecharlo.
Eso está pasando con el PP.
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