La ley de la muerte digna en Andalucía

“Andalucía obligará a los hospitales religiosos a aplicar la Ley de Muerte Digna. La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Muerte Digna. El objetivo, explican los socialistas, hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos. Cualquier hospital tendrá la obligación de cumplirlo, sea público, privado, incluso de orden religioso.

Este proyecto de ley, que recientemente superó la fase de remisión al Consejo Consultivo de Andalucía, tiene como misión principal el hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.

De esta forma, la futura ley solventa situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

No obstante, quedará fuera del paraguas legal del futuro texto normativo la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal.

Con todo, hará prevalecer los derechos del paciente que exprese su deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o filosóficas.

De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como la de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado.

De acuerdo con el proyecto de Ley, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

De igual modo, el texto regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.” (Varias agencias)

Como apunta la información no se recoge la eutanasia activa y el suicidio asistido, porque son competencia del gobierno central. Sin embargo, aparece clara la intromisión en el tramo final de la vida de los pacientes y obliga a los hospitales religiosos a cumplir esta ley llamada de la muerte digna.

Estamos de acuerdo que no debe haber encarnizamiento terapéutico, pero ¿no parece excesivo que los profesionales sanitarios tengan que ser estatuas mudas y no puedan dar una palabra de aliento al enfermo, sin imponer nada, para no “imponer sus opiniones personales, morales, religiosas y filósoficas". Sin embargo, los políticos ya están interviniendo con esta ley que rechazan todos los Colegios de Médicos de Andalucía.

Esta ley pretende que no ocurra el suceso de 2007, en el caso de Inmaculada Echavarría, que fue sacada del hospital de San Rafael, en Granada, regentado por los hermanos de San Juan de Dios, a otro hospital público y al desconectarla del aparato falleció.

La Organización Medica Colegial dijo en su momento lo siguiente:

“La Organización Médica Colegial de España (OME) ha mostrado su “rotundo rechazo” frente al anteproyecto de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, Ley de la Muerte Digna, propuesto desde la Consejería de Salud de Andalucía que consideran innecesaria porque ya hay legislación y porque incluye un duro contenido sancionador a los médicos que no acepten los dictados de la Junta, sanciones que pueden llegar a concretarse en multas de un millón de euros. Además condenan que el proyecto es inoportuno porque crea confusión en la sociedad hasta el punto de estar confundiéndose con una Ley de Eutanasia.

Según el presidente de la OME, el sevillano Isacio Sigueros, hay ya normas con la que regula las voluntades anticipadas o el testamento vital que aportan las garantías que necesitan los enfermos en estos asuntos. Podrían haberse desarrollado las normas que ya existen. Para Sigueros, la norma andaluza, sin precedentes en Europa, contiene un régimen sancionador para los médicos que, en su caso, aleguen para sus decisiones objeción de conciencia. Según el presidente de la OME, es poco razonable que un profesional de la medicina en un quirófano esté preocupado por la multa que le va a caer o la ruina que se va a buscar si contraríe los deseos de la Junta de Andalucía. En el proyecto de la Junta de Andalucía están previstas sanciones de hasta un millón de euros, algo inexistente en Europa."(Varias agencias).

Aquí tenemos una muestra más del respeto a la vida que tiene el régimen que gobierna en Andalucía y la legislación apisonadora que ahora pasa al parlamento regional. Sobre esto se legisla, pero crear puestos de trabajo para el casi millón de parados que tiene el Sur de España puede esperar.

Tomás de la Torre Lendínez