¿Por qué oponernos los costarricenses a la Fecundación in vitro (FIV)? (I)

En primer lugar, nos proponemos mostrar que la oposición a la FIV brota del ámbito de la ética y de la biología y no del campo de la fe; al hacerlo, a la vez, expondremos las razones de nuestra oposición.

Con ese objetivo, hemos de tomar en cuenta las acciones que, en la historia reciente, han tomado organismos internacionales en relación a la legislación costarricense y el propio Estado, respecto a la defensa de la vida humana. Lo cual sería:

• El Decreto Presidencial del 3 de febrero de 1995 regulaba la práctica de la Fertilización in vitro (FIV). Dicha regulación estableció que la técnica fuera utilizada únicamente por matrimonios, obligaba a la implantación en el útero de la madre de la totalidad de los embriones y prohibía la producción de más de seis de ellos.
• Mediante sentencia del 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional declaró inconstitucional dicho decreto.
• En el 2002 y apoyados en esta la resolución, un grupo de costarricenses demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apelando la transgresión de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADD)  (también conocido como Pacto de San José)en relación a lo que han llamado su “derecho a la paternidad”.
• Acogida la demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia responsabilizando al Estado costarricense solicitándole, además, que permitiera acceder a la técnica.
• El Pacto de San José, establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Artículo 4)
• En franca oposición al Pacto de San José, la CIDH otorgó un nuevo estatuto jurídico al embrión al establecer que “la vida humana inicia con la implantación”. Fue así como despojó al embrión “pre-implantatorio” de su categoría de “persona” dejándolo desprotegido ante la ley. De ahí que, de practicarse la FIV en Costa Rica, se podrá experimentar, congelar y desechar embriones sin que lo impida la ley.
• Al día de hoy, de manera responsable, la Asamblea Legislativa discute la forma en que el país cumplirá con la sentencia de la CIDH.
• Debido a lo que aducen es “tardanza”, las parejas demandantes han solicitado recientemente a nuestro actual presidente, Luis Guillermo Solís, la práctica de la FIV mediante nuevo Decreto Presidencial lo cual, según declaraciones del mandatario, será tomado en consideración.  

La formulación de un nuevo decreto presidencial, por cumplir con la sentencia de la CIDH, tendría que ir en línea opuesta al de 1995, el que -al menos- procuraba la protección del embrión. 

De legalizarse mediante nuevo decreto implicaría no solamente expulsar del debate a nuestros representantes ante el Congreso sino apresurar la, por demás, innecesaria inmersión de nuestra legislación dentro la corriente ideológica que niega el valor a la vida humana antes de la implantación (uno de cuyos representantes es Peter Singer) por lo que entraríamos a directamente a promover la científicamente demostrada y también innecesaria experimentación con células madre embrionarias así como la selección y descarte de los embriones una vez pierdan utilidad. En pocos pasos estaríamos también legalizando el aborto ya que la técnica de la  FIV lo contempla.

“¿Por qué oponerse a la fecundación in vitro? ¿Por qué impedir que personas deseosas de ser padres o madres no puedan hacerlo? ¿Por qué oponerse al nacimiento de niños que son, probablemente, los más deseados en este mundo?” preguntaba, cargado de sentimientos, hace unos años un destacado abogado costarricense.

Nos oponemos debido a que, como hemos expuesto, existen razones éticas y biológicas para hacerlo.

De esta forma dejamos claro que la discusión acerca de la FIV no es una cuestión de fe sino de derechos humanos; por tanto, los defensores de la vida religiosos y no-religiosos reclamamos dentro del debate público el terreno ético y científico razón por la que exigimos al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se ajuste a lo que la razón y la lógica establecen. 

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