Las universidades jesuitas españolas y le regeneración democrática

Las universidades jesuitas de España (unijes) han hecho público un comunicado titulado “Por la regeneración democrática de la vida pública en España”. Lo primero que hacen es explicar la razón de la publicación de dicho comunicado:

UNIJES, que agrupa todos los centros universitarios de la Compañía de Jesús en España, quiere ofrecer una reflexión y expresar unas palabras sobre la necesaria y urgente regeneración de nuestra vida política. Nos han movido a ello dos razones: la situación de crisis económica y de deterioro político por la que atraviesa nuestro país, y nuestra propia responsabilidad como centros universitarios.

La idea, desde luego, es buena. Se trata de ofrecer el parecer de una parte importante de la Iglesia acerca de la realidad que vivimos en España. Y es loable que inmediatamente hagan autocrítica:

Como centros vinculados a la Compañía de Jesús e inspirados en un humanismo cristiano pero abierto a otras sensibilidades distintas a la nuestra, queremos comenzar reconociendo que no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias, aunque solo fuese por omisión o por descuido, lo cual nos exige una revisión autocrítica compartida con todo el sector universitario.

Lo de estar abierto a otras sensibilidades puede interpretarse de diversas maneras, pero no pienso dedicar tiempo a sacarle punta a todo lo que aparece en este texto. Recomiendo la lectura de los puntos 3 al 10 para comprender cuál es el análisis de la situación que hacen los universitarios jesuitas. Prefiero centrarme en sus propuestas, que aparecen a partir del punto 12. Iré punto por punto:

12. Urge una separación de los poderes públicos más efectiva y real. La independencia del poder judicial es un asunto de la mayor importancia, por lo que se debe evitar la politización partidista o corporativa de los órganos de gobierno de la judicatura, renunciar al sistema de cuotas, establecer procedimientos que garanticen la profesionalidad y la pluralidad, y dotar el estamento judicial de los recursos necesarios y de los propios sistemas de accountability.

Cien por cien de acuerdo. La politización de la justicia en España, que se da sobre todo en las instancias superiores del poder judicial y no tanto en los tribunales ordinarios, es un lastre absoluto para la calidad de la democracia en este país. Si a eso se une un funcionamiento muy lento de los procesos judiciales, provocado por la falta de recursos o de la optimización de los existentes, el panorama no es precisamente alentador.

13. El compromiso para una mayor transparencia de todos los actores es fundamental para la regeneración de la vida pública. Si las instituciones, los partidos políticos y todos los poderes públicos se someten a una regulación clara y exigente de la transparencia, con buenas prácticas de control y rendición pública de cuentas y evaluación, toda la sociedad habrá ganado en un área especialmente sensible para la regeneración democrática. De este modo, se avanzará significativamente en la vivencia de unos valores sociales compartidos.

Está de moda la palabra transparencia. Pero el problema no está tanto en la regulación como en la honestidad de los que deben rendir cuentas. Si la mentira, si la ocultación o la manipulación tuvieran consecuencias penales, lo mismo esos “actores” se pensaban dos veces las cosas antes que contarnos milongas o esconder la realidad. Pero ya hemos visto lo poco que gusta a determinados “actores” (p.e, sindicatos) que se les exija claridad en sus cuentas. Lo cual es intolerable. Cuando se recibe dinero público, tiene que quedar muy claro a qué se dedica.

14. Los partidos políticos −expresión constitucionalizada de nuestro pluralismo político, pero tan solo un medio al servicio de ese pluralismo− son actores esenciales de la vida política y han hecho posible gran parte del desarrollo social y político que hoy disfrutamos. Es necesario que actúen no subordinando el bien común a los intereses de partido. También es urgente que imperen los criterios de claridad y transparencia en la forma y en el control de su financiación. El excesivo peso de la partitocracia debe ser reequilibrado; a ello ayudaría una reforma electoral que reforzara la participación ciudadana, redujera el poder de los aparatos de los partidos y confiriera mayor protagonismo a la vida parlamentaria.

Es quizás el punto que más me gusta, aunque adolece del mismo problema que observo en el resto del documento. A saber, que generaliza mucho sin hacer proposiciones concretas. Efectivamente, la democracia en España está afectada del cáncer de la partitocracia. El poder de los aparatos es sencilla y llanamente asfixiante y poco compatible con la democracia interna de los partidos. Con esto no digo que deba imperar la anarquía en el funcionamiento interno de los mismos. Pero un sistema electoral de listas abiertas ayudaría mucho a liberarnos de ese cáncer. Y creo que la ley debería obligar a los partidos a realizar primarias en la elección de sus dirigentes e incluso a la hora de preparar las listas electorales.

15. Para unos y para otros, la ordenación territorial del Estado es fuente de decepción continua y de tensión. Desde la afirmación serena, pero consistente, de una realidad plural de España y de una Constitución abierta a las reformas necesarias, hemos de recuperar los consensos prácticos –también el consenso constitucional– que hagan viable un sistema que, sin llegar a ser perfecto, obtenga un mayor grado de aceptación que el actual y que garantice los grados deseables de cohesión y de solidaridad. Para ello, si queremos ser una sociedad democráticamente avanzada y respetuosa de los derechos humanos de todos, el diálogo es necesario y ha de ser responsablemente promovido y cuidado por todos los actores sociales y políticos.

Aquí entramos en terreno pantanoso. Es difícil buscar el consenso cuando una de las partes anda amenazando con la secesión. Y no son pocos los españoles que piensan que una reforma constitucional debe ir en la línea de retirar competencias a las autonomías, para garantizar que el estado tenga un poder real y efectivo a la hora cohesionar la nación. En otras palabras, muchos creemos que el estado autonómico ha sido fallido.

Es bueno que los jesuitas pidan un grado deseable de cohesión y solidaridad. Una nación que no tenga esas característica está en claro peligro de desaparición. La cuestión es como reformar la situación para garantizar esas cualidades. El consenso, repito, parece utópico en estos momentos.

16. Los países se vertebran con una administración pública de calidad y transparente. La regeneración de la vida pública no será posible sin el fortalecimiento y la profesionalización de la administración. Hay que garantizar la aplicación de los principios constitucionales de mérito y capacidad en la gestión del empleo público, así como la evaluación del trabajo, la integridad de los comportamientos, la justa retribución y el refuerzo de la consideración social de los servidores públicos. La condición de servidor público requiere ser especialmente exigentes en el control y en la eventual sanción de los comportamientos injustos y éticamente reprobables. Todas estas medidas deberían armonizarse con una reforma de las administraciones públicas orientada a ganar eficacia y eficiencia en el quehacer público.

Hablando en plata, fin al enchufismo. Fin a colocar a los amigotes, familiares y camaradas de partido allá donde debe primar la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos. Y si de paso se controla que el servidor público haga bien su trabajo, tanto mejor.

17. En la normativa reguladora de la contratación del sector público, son imprescindibles la estabilidad y la transparencia. Cuando se producen supuestos de corrupción relacionados con la contratación pública, estos no son principalmente el resultado de una regulación deficiente de la misma, sino de debilidades en su aplicación. La objetividad y la transparencia solo pueden garantizarse con una adecuada función inspectora e interventora a cargo de poderes públicos independientes.

Volvemos a la cuestión de la transparencia. Gran parte de la corrupción en España viene dada por las comisiones que se llevan los particulares y los partidos de las empresas que realizan obra pública. Dada la condición humana, es imposible que no haya algún grado de corrupción. Se pueden hacer mejores leyes para controlar las adjudicaciones, pero como bien dice el texto, el problema no es tanto la regulación como que la misma no se ponga en práctica por quienes tienen encomendada esa función. Si el mecanismo es bueno y no se usa, es como si no existiera.

18. Por sus repetidas y evidentes conexiones con gran parte de los escándalos de corrupción política, la llamada “economía sumergida” debe salir a la luz, aunque la problemática sea más amplia. Esta es una condición necesaria y urgente para prevenir y combatir efectivamente la corrupción, y para promover la justicia fiscal y la financiación equitativa de las cargas públicas.

La economía sumergida es la tabla de salvación de un número muy importante de personas en este país. Pero supone un fraude para quienes se ajustan a las leyes a la hora de llevar a cabo una actividad económica. Entre las causas de que exista ese tipo de economía figura una presión fiscal excesiva, pero no podemos ser tan ingenuos como para creer que eso lo explica todo. Incluso en tiempos de bonanza econónima, los niveles de economía sumergida en España eran muy altos. Hay gente que, simple y llanamente, trabaja en “negro” por razones de competitividad fraudulenta o para tener un margen de beneficios mayor. Y eso ha de acabar.

19. Debe reformarse el sistema fiscal para que esté efectivamente al servicio de todos, con equidad en el reparto de las cargas mediante una progresividad adecuada, y evitando las posibilidades o los incentivos a la evasión, a la opacidad o al descontrol. El fraude fiscal no solo daña la vida común, sino que además incentiva la corrupción política. La existencia de paraísos fiscales, sin intercambio automático de información, resulta inadmisible. Todo ello ayudaría a encarar también la financiación irregular de los partidos políticos. Necesitamos un mayor consenso cívico para combatir el fraude y para fomentar los valores del comportamiento cívico y de la solidaridad.

En un país donde a partir de determinado sueldo el Estado se lleva más de la mitad de los ingresos del dinero que se ganan, conviene tener mucho cuidado a la hora de hablar de progresividad fiscal adecuada. Que hay que reformar la fiscalidad en España es evidente. Tanto como que hay que redefinir la cuestión del gasto público. El estado -gobierno central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, etc- gasta mucho en partidas que no son para nada necesarias. Antes que pensar en la regulación de los impuestos hay que abordar la cuestión de en qué se gasta el dinero. O mejor dicho, en qué no se debe gastar. El actual estado de bienestar va camino de ser inviable. Y eso no va a cambiar subiendo impuestos. Hemos de salvar partidas dedicadas al gasto social, pero tenemos que tener bien claro que suponen el trozo mayor del pastel. Así que habrá que ir pensando en sistemas nuevos que garanticen prestaciones tan elementales como un nivel decente de pensiones.

20. La libertad de expresión y la libertad de información han de ejercerse responsablemente. Los propios medios han de impulsar un sistema de autocontrol que responda a buenas prácticas aceptadas y a comités de ética informativa, encargados de proteger y vigilar tanto la libertad de expresión como la veracidad de las informaciones y la debida utilización de las mismas, y que evite su uso oportunista o partidista, como sucede tantas veces hoy en día. Los medios de comunicación públicos y privados son instrumentos clave para la democracia y para la tutela del valor de la auténtica política, y han de recuperar de manera nítida su función de servicio social. Es deseable, además, una transparencia en su gestión, financiación y control.

A estas alturas de la película me parece un brindis al sol pedir autorregulación a los medios de comunicación. Y no digamos nada el reclamarles que no hagan un uso oportunista y partidista de la información. Los medios tienen una línea editorial que marca, lo queramos o no, el uso de la información. La opinión forma parte de la libertad de expresión. Una misma noticia es presentada de forma muy diferente dependiendo del medio que la dé. Ciertamente debe combatirse la mentira y la manipulación vergonzante, sobre todo cuando hace daño a personas e instituciones, pero para eso están los tribunales y, no lo olvidemos, el “consumidor", que debería tener la honestidad intelectual y ética suficiente como para dejar de leer determinados periódicos, ciertas emisoras de radio y algunas televisiones, si se da cuenta de que le están manipulando o tomando el pelo.

El documento acaba con una serie de consideraciones sobre el papel de la universidad en la formación de ciudadanos responsables. Y finaliza convocando a un pacto cívico-social:

Si, como presumimos, muchos otros actores sociales están en sintonía con esta declaración, cabe impulsar un gran pacto cívico que nos reanime y nos vincule a todos en un proyecto de alcance para mejorar nuestra vida política y nuestra convivencia.

Creo que hay elementos positivos en esta declaración que pueden ser asumidos por amplias capas de la sociedad española. Ahora bien, no puedo por menos que hacer una crítica de fondo a una gran ausencia en el documento de las universidades jesuitas. No puede ser que unas universidades católicas obvien totalmente la situación creada en España por una serie de leyes infames que llevan a que en este país no puedan nacer más de cien mil seres humano cada año y que están destruyendo la institución familiar.

Es penoso, lamentable e incluso imperdonable que a la hora de hablar de la regeneración democrática en este país, las universidades jesuitas ignoren por completo los principios irrenunciables marcados por el magisterio pontificio a la hora de regular la acción política de cualquier católico. En un país donde algo tan elemental como el derecho a la vida es pisoteado, cualquier pronunciamiento católico debe tener como elemento esencial la exigencia de que dicho derecho vuelva a estar garantizado.

Luis Fernando Pérez Bustamante