Aborto: Rick Perry versus Ruiz Gallardón

En Texas hay un gobernador dispuesto a poner las cosas difíciles a los que se dedican al negocio del aborto. Quiere que se apruebe una ley que obligue a las clínicas abortistas a tener capacidad de admitir ingresos hospitalarios para las pacientes que van a las mismas a matar a sus hijos no nacidos. La medida busca garantizar la protección de la salud de esas mujeres ante cualquier posible complicación de la operación, pero de paso servirá para que haya menos centros en los que se practique ese acto infame de deshacerse del ser humano que crece en el seno de la madre que lo quiere muerto.

De las 42 clínicas de la muerte que hay en dicho estado, 37 tendrán que cerrar sus puertas. Y, como no podía ser de otra manera, los proabortistas no están dispuestos a que se les cierre el negocio. Los demócratas tejanos han hecho todo lo que estaba en sus manos para impedir que la ley saliera adelante durante el periodo normal de sesiones de la cámara legislativa del estado. Eso incluyó un discurso de once horas de una senadora, que no buscaba convencer a los republicanos sino dilatar la hora de la votación para evitar que la misma se hiciera antes de la medianoche. Wendy Davis logró su objetivo, pero el gobernador Rick Perry ha hecho uso de sus atribuciones para convocar un periodo extraordinario legislativo que servirá, esta vez sí, para que se apruebe la ley.

Eso significa que cuando un político quiere hacer algo para intentar limitar la lacra del aborto, si se empeña, puede. Rick Perry no tiene capacidad para ilegalizar el aborto en su estado mientras siga vigente la sentencia del Supremo de los EE.UU que permite matar a los no nacidos. Pero sin duda puede, y lo hace, poner las cosas más difíciles a quienes se ganan la vida con el negocio más infame que pueda existir en el mundo. Porque si infame es ganar dinero mediante la trata de blancas, la prostitución y la esclavitud, ni les cuento lo que es ganarlo matando a los seres más indefensos.

Mientras en Texas se libra la batalla por la vida, en España seguimos esperando que este gobierno tenga la decencia de hacer algo con la ley que ha convertido en un derecho el delito del aborto. Pero no hay ningún Perry entre los ministros de Rajoy. Desde luego Ruiz Gallardón, responsable del negociado encargado de cambiar las leyes, no tiene ni las prisas ni las ganas que sí ha demostrado el gobernador tejano. De hecho, sabemos bien que la futura ley volverá a dejar las cosas como estaban antes de Zapatero. Es decir, con un aborto libre de facto.

Imagínense por un momento que el ministerio de Salud en España pidiera a las clínicas abortistas las mismas condiciones que se les va a exigir en Texas. ¿Cuántas tendrían que cerrar? Sin duda la inmensa mayoría. Y sin embargo, como ya se ha encargado de decir la doctora Gádor Joya en diversos medios de comunicación, no es inhabitual que mujeres españolas que acaban de abortar lleguen a los hospitales públicos con perforaciones de útero u otro tipo de complicaciones provocadas por haberse sometido a un aborto en esas clínicas.

Conclusión. Quien estando en el gobierno quiere proteger el derecho a la vida, lo hace de verdad. Y si no lo hace, que tenga al menos la decencia de no hablar de ese derecho o de, como ocurrió con la presidenta del PP en el País Vasco, asegurar que tiene “matices”.

Luis Fernando Pérez Bustamante