2013: diputados provida del PP no votarán los presupuestos si Rajoy no deroga la ley del aborto

Estamos en el otoño del 2013. Rajoy es presidente del gobierno tras haber ganado las pasadas elecciones generales (por mayoría absoluta o muy holgada). Llega la hora de presentar los presupuestos del Estado para el año 2014. Entonces un grupo pequeño de diputados populares piden reunirse con él. En el encuentro le plantean las cosas claras: “O cumples tu palabra de abolir la actual ley del aborto o no votaremos los presupuestos. Ya nos costó mucho que incluyeras esa promesa en el programa electoral como para que ahora nos olvidemos de su cumplimiento“.

¿Qué posibilidades hay de que ocurra algo así? Prácticamente ninguna, y no sólo porque veo complicado que Rajoy gane y pueda gobernar. Pero además de eso, ¿por qué es casi imposible ese escenario?:

1- Porque para empezar, va a ser muy complicado que en el programa del PP vaya incluida la abolición de la actual ley del aborto. Eso no es “centrista".

2- Porque aunque fuera incluida, en caso de que Rajoy se negara a abolirla, en el PP no había ni un solo diputado capaz de levantarse y negar su voto en una votación que resultara fundamental para un posible gobierno popular. Lo que hay en España es una partitocracia en la que la democracia interna de los partidos brilla por su ausencia.

En otras palabras, en España es impensable que se produzca lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, donde congresistas demócratas pro-vida han arrancado de Obama la firma de una orden por la que no podrán financiarse con dinero público los abortos. Sin ese compromiso por parte del presidente norteamericano, su ley estrella, la de la reforma sanitaria, habría sido derrotada. Se podrá discutir si con esa orden es suficiente o si es sólo una concesión temporal para salir del atolladero en el que se había metido Obama. Pero lo cierto es que el día anterior, la “católica” Pelosi -¿ahora se entiende que su obispo no la quiera dar la comunión?- había dicho que no habría concesiones a los provida y al final ha sido el mismísimo presidente quien ha tenido que ceder.

Eso demuestra varias cosas. Lo primero, que la democracia en EEUU es infinitamente más genuina que en España. Allí los congresistas, los senadores, los gobernadores, prácticamente todos los políticos le deben su cargo única y exclusivamente a sus electores y no a sus partidos. De tal manera que un demócrata puede votar en contra de una ley propuesta por un presidente demócrata y un republicano puede hacer lo mismo con una ley propuesta por un presidente republicano. Si a un diputado o senador español se le ocurre hacer algo así, sabe que le van a exigir que renuncie a su escaño y que no tiene posibilidad alguna de volver a ir en las listas electorales de su partido.

Lo segundo, demuestra que la causa provida sí tiene verdadera fuerza democrática en EEUU. Allí la gente vota teniendo muy en cuenta sus valores éticos y morales, en especial los relacionados con la dignidad de la vida humana y la institución familiar basada en la ley natural. Aquí en España eso es, a día de hoy, casi una quimera. Entre los partidos con representación parlamentaria la causa abortista tiene la guerra ganada, pues apenas hay matices entre las formaciones políticas. No olvidemos que la nueva ley del aborto sólo viene a ratificar lo que ya era un hecho: el aborto libre, consentido por el principal partido de centro-derecha de este país.

Por último, es evidente que si alguien quiere luchar de verdad contra la cultura de la muerte en este país llamado España, debe de hacer todo lo que esté en su mano para lograr que en el parlamento haya verdaderos votos provida y pro-familia, que no sólo exigirían una abolición de la actual ley, sino también de la anterior, de forma que el aborto pase a ser siempre lo que tiene que ser: un delito. Han de ser votos que no estén sujetos a la disciplina de los grandes partidos. Es obvio que el sistema electoral actual no favorece que tal cosa se lleve a cabo. Pero es igual de obvio que si no conseguimos eso, toda la labor de los movimientos cívicos se topará ante el muro de una realidad política que -por cierto, no sólo para estas cuestiones- parece concebida más como instrumento del mal que como herramienta para el bien común.

Luis Fernando Pérez

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