Cuando la política interfiere en el derecho a la vida
Mucho se ha hablado y escrito sobre la “imperiosamente” necesaria separación entre Iglesia y Estado, entre el ámbito de la fe y el de la acción política. En cuanto algunos católicos explicamos que la fe, de existir, configura cualquier tipo de acción del que la profesa, se nos tilda de fundamentalistas que deseamos para nuestro país una especie de legislación similar a la sharia islámica en versión “católica”. La verdad es que estamos en un caso claro de extremos que se tocan. Por una parte, el de un modelo que busca hacer de la ley civil y penal un mero trasunto de la religión religiosa y por otra, el de un modelo que desprecia por completo cualquier condicionamiento moral que venga dado por una tradición religiosa que ha conformado la civilización sobre la que se pretende aplicar dicho modelo.
Tenemos ejemplos de a qué conducen dichos extremos. En Italia un musulmán acaba de asesinar a su hija, ya mayor de edad, por haberle deshonrado al largarse a vivir con su novio “católico". Lo que en el país transalpino es un crimen, en muchos países musulmanes se vería como la cosa más normal del mundo. De hecho, la madre de la asesinada justifica lo que ha hecho su marido. Por otra parte, en España estamos a punto de que a las jóvenes entre 16 y 18 años se les permita abortar sin permiso paterno. Es decir, un modelo admite que un padre acabe con la vida de una hija rebelde y el otro anima a que las menores se pasen por el forro la autoridad paterna para asesinar a sus hijos.
Lo cierto es que los católicos no pretendemos que se cambien el código penal de nuestro país por el código de derecho canónico. Tampoco queremos que el Catecismo o su Compendio pasen a ocupar el lugar de nuestra constitución. Pero de ahí a que aceptemos que todas las barbaridades posibles sean aceptadas y legisladas como si tal cosa, pues no. Los católicos podemos estar en desacuerdo sobre si tal o cual política económica es mejor o peor para una nación, pero un católico de verdad jamás aceptará la legitimidad de un régimen que permita el aborto y la eutanasia. Un católico de verdad querrá políticas que ayuden a la familia a ser la célula esencial de la sociedad, y no que ayuden a su destrucción o a su desnaturalización. Un católico de verdad no puede admitir que un Estado laicista marque a los padres los valores en los que van a ser educados sus hijos ni que la autoridad paterna o del profesorado sea objeto de burla y cachondeo por parte de los menores.
Cuando la política interfiere en el derecho a la vida, es legítimo oponerse frontalmente a la misma. Antes que el derecho a votar está el derecho a vivir. De hecho, cualquier otro derecho humano está supeditado al derecho a la vida. Niéguese este y se negarán todos los demás. Partiendo de ese hecho, es mi opinión particular que cualquier sistema político que defienda la dignidad de la vida humana desde su concepción a la muerte natural es más legítimo, desde el punto de vista de la fe y moral católicas, a un sistema como el actual, que favorece el aborto y amenaza con la eutanasia.
Y quien quiera contradecirme, que haga el favor de usar las Escrituras, a los Padres y Doctores de la Iglesia o el Catecismo. No admito otros argumentos aparte de la Biblia, la Tradición y el Magisterio. Más que nada, porque por encima de todo soy, o pretendo ser, católico, apostólico y romano. Sólo después de eso viene mi condición de español y ciudadano.
Luis Fernando Pérez
