Chile: ¿Alguien se responsabiliza de las consecuencias sociales de las políticas públicas?

El final de 2010 nos trajo una interesante y trascendental polémica en las Cartas al Director de El Mercurio.

Abrió los fuegos Agustín Squella con la misiva “Discusiones y conservadores”. En ella, y a propósito de la reciente propuesta de los senadores Matthei y Rossi para despenalizar el aborto –en los casos cuando el embarazo ponga en riesgo a la madre o cuando se pruebe que es inviable el desarrollo del feto–, señalaba la existencia de una constante en el comportamiento histórico de los sectores conservadores del país. Tienen inicialmente una oposición férrea a las instituciones sociales nuevas –“ante las que pusieron invariablemente el grito en el cielo y pronosticaron las peores tinieblas morales para el país”–, pero luego las terminan aceptando.

La respuesta no se hizo esperar, y en las mismas páginas, al día siguiente, Hernán Corral tomó las banderas conservadoras. En su carta, y haciendo referencia a una serie de indicadores sociales, Corral cuestionó si los promotores de los cambios enumerados por Squella se hacen también responsables de “los resultados sociales de las políticas que ellos tan alegremente consideran inocuas, sino beneficiosas”.

Al cierre de esta edición de VivaChile ya son seis las cartas que se han publicado en El Mercurio de Squella y Corral, y el debate parece lejos de terminar. La pregunta sigue abierta: ¿quién se responsabiliza de las consecuencias sociales de las políticas públicas?

Lo invitamos a repasar la polémica completa en las líneas que siguen, a formarse su propia opinión y a reflexionar sobre si es importante o no responder esta pregunta.

Carta de Agustín Squella, 21 de diciembre de 2010
Señor Director:

Si uno pasa revista a algunos momentos relevantes de nuestra historia, se comprobará que los sectores conservadores del país se opusieron inicialmente a discutir, y ni qué decir a consentir, instituciones que luego acabaron aceptando: pasó en el siglo XIX con la inscripción civil de nacimientos y defunciones, con los cementerios laicos, con el matrimonio civil, con la planificación familiar de los 60 y el uso de dispositivos intrauterinos en el siglo XX, con los iguales derechos de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, con la ley de divorcio, con la publicidad del condón, con la no discriminación por motivos de inclinación sexual, y, últimamente, con los anticonceptivos de emergencia proporcionados por servicios públicos de salud.

Por cierto que se trata de materias distintas y provistas de un peso moral no similar, pero respecto de las cuales los sectores conservadores pusieron invariablemente el grito en el cielo y pronosticaron las peores tinieblas morales para el país, como consecuencia de los pasos que se fueron dando en todas esas direcciones.

Lo que cabe preguntar, entonces, es si ahora, ante un limitado proyecto de despenalización del aborto, no deberían tales sectores aprender de su propio pasado y abrirse a una discusión sobre el asunto, sin hacer sentir al país, una vez más, que si se toman decisiones en tales sentidos vamos a precipitarnos en las profundidades de un nuevo abismo moral.

Carta de Hernán Corral, 22 de diciembre de 2010
Señor Director:

Don Agustín Squella, en carta de ayer, llama a los que antes se han opuesto a las políticas de anticoncepción de los años 60 –incluidos el uso del DIU, la igualación jurídica de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, la ley de divorcio, la promoción del condón y de la píldora del día después, entre otras materias– a no poner el grito en el cielo por el proyecto de despenalización del aborto, pronosticando –una vez más– que el país sufrirá un grave daño social y se precipitará en las profundidades del abismo moral. Lo que no habría sucedido con ninguna de las anteriores medidas mencionadas.

Sugiere que los conservadores aprendan de su pasado y se abran a la discusión. Me parece que nadie se ha cerrado en este y ningún tema a su discusión. Pero lo que merecería discusión por parte de los liberales serían justamente los resultados sociales de las políticas que ellos tan alegremente consideran inocuas, sino beneficiosas.

Para abrir esa discusión, sería interesante que Squella se haga cargo de algunas cifras que muestran de modo descarnado esos resultados: el número de matrimonios ha bajado de 83 mil, en 1996, a 57.400, en 2009; la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por mil habitantes) disminuye de 5,8, en 1996, a 3,5 en 2006 (último dato proporcionado por el Compendio Estadístico del INE de 2009); el número de divorcios crece desde 10.119, en 2006, a 63.021, en 2009; primer año en que los divorcios fueron más que los matrimonios (57.836). El porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio ha llegado a niveles nunca vistos: era de 34,3% en 1990, sube a 53,4% en 2003, a 62,3% en 2007 y a 66,7% en 2009. A su vez, la tasa de fertilidad ha descendido de 2,6 hijos por mujer en edad fértil, en 1990, a 1,9 en 2008, inferior a la mínima para que la población se mantenga.

Carta de Agustín Squella, 25 de diciembre de 2010Señor Director:

Hernán Corral pide en carta del miércoles pasado que me haga cargo de ciertas cifras relativas a la disminución del número de matrimonios, aumento de divorcios, baja tasa de natalidad e incremento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, que él –a mi juicio erróneamente– interpreta como efectos sociales de políticas liberales (¿Cuándo Chile ha sido un país liberal?), en circunstancias de que tales cifras son el resultado de cambios culturales habidos en la sociedad chilena, como en tantísimas otras, los cuales responden no a la ideología liberal ni a la perversión de los gobernantes y parlamentarios que aprobaron leyes, como las de divorcio o de igualdad de derechos de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, sino a la creciente y feliz mayor autonomía moral de las personas que deciden sobre tales asuntos según sus propias convicciones.

Personas que deciden hoy hacer una vida en común sin contraer matrimonio, parejas que determinan el número de hijos que quieren (o pueden) tener, adultos que piden que un juez certifique que el vínculo matrimonial que los había unido se ha roto de manera irreparable (en vez de fingir como antes la hipocresía de una vida falsamente compartida o, peor aún, de protagonizar el fraude de las nulidades por incompetencia del oficial civil), actúan según su propio y libre entendimiento y no necesitan consultar con el Estado, ni con las políticas públicas ni con los liberales ni con ninguna institución que pretenda tutelar sus conciencias.

Ese, no otro, es el problema de fondo: cuánta autonomía moral reconocen los conservadores a las personas.

Y en un punto específico, la verdad es que resulta curioso que los conservadores del siglo XXI rasguen vestiduras por la disminución del número de matrimonios y que sus antepasados del siglo XIX (la tradición, con ellos dicen) hayan abominado del matrimonio civil y hecho lo imposible por impedir su aprobación legislativa.

Carta de Hernán Corral, 27 de diciembre de 2010
Señor Director:

Contesto la carta de don Agustín Squella (25 de diciembre), que había invitado a los conservadores a no oponerse a la despenalización del aborto, ya que todos sus anuncios de menoscabos sociales ante políticas como la promoción de la anticoncepción, la regulación de la filiación sin atender al matrimonio, la liberalización del divorcio y la distribución de la píldora del día después no se habrían cumplido.

Ante las cifras sobre la disminución de matrimonios, el aumento de los hijos fuera de matrimonio, el crecimiento de la tasa de divorcios y el descenso de la tasa de natalidad hasta niveles que impiden la mantención de la población, expuestas por el suscrito (22 de diciembre), sin desconocer ni las cifras ni los efectos sociales que ellas expresan, ahora sostiene que todo se explica por una supuesta autonomía moral que tales reformas habrían concedido a las personas. Supongo que lo mismo sostendrá respecto de la polémica del aborto que inició este intercambio de opiniones: aunque fuera dañoso debe aprobarse porque amplía la autonomía de la mujer embarazada.

Pero este punto sirve para desnudar la precariedad del argumento. Lo que está en discusión –y lo ha estado en todas las políticas anteriores– es si es legítimo que el orden jurídico otorgue una libertad a algunos en desmedro de la autonomía o el bienestar de otros. ¿O acaso el niño gestado no tiene también derecho a la vida y a poder –a su hora– decidir sobre ella? Se observa que la apelación a la “autonomía moral” no es más que un subterfugio retórico para imponer las doctrinas morales sostenidas por la ideología liberal, sin tener que soportar un escrutinio racional que demuestre que ellas son mejores que sus alternativas, ni en razón de principios ni de resultados sociales.

Carta de Agustín Squella, 28 de diciembre de 2010
Señor Director:

En réplica de ayer a mi carta del 25 de este mes, Hernán Corral vuelve a errar el punto cuando afirma que cambios culturales y legislativos habidos en Chile en materia de familia, matrimonio, sexualidad, anticoncepción y otros, provendrían, según mis planteamientos, de “una supuesta autonomía moral que tales reformas habrían concedido a las personas”.

Es obvio que la autonomía moral constituye un atributo de las personas, no una mera suposición, y que no es el resultado de una concesión del Estado ni del ordenamiento jurídico, aunque, como es evidente, ha habido que luchar por ella a lo largo de la historia frente a quienes recelan de dicha autonomía y quisieran subordinarla a sus propios códigos morales o a los que ha impuesto la tradición.

Es precisamente la distinta posición frente a dicha autonomía lo que divide a liberales y a conservadores en asuntos morales, puesto que mientras los segundos la temen, o la niegan, o la limitan fuertemente, o consideran que está subordinada a un orden moral inmutable impuesto por Dios o por la naturaleza, los primeros la celebran, la afirman, la expanden, y aceptan que las personas puedan profesar distintas ideas de lo que es una vida buena y ensayar diversos caminos para realizarla.

Resulta insólito, en fin, que mi contradictor sostenga que la autonomía moral es sólo “un subterfugio retórico para imponer las doctrinas morales sostenidas por la ideología liberal sin tener que soportar un escrutinio racional”, porque una afirmación como esa supone desconocer toda la filosofía moderna y contemporánea –desde luego a Kant– y, lo que es peor, supone despreciar a todas las personas que a diario toman decisiones morales en nombre de su autonomía, a veces con gran dificultad y luego de arduos procesos de deliberación, y que asumen la responsabilidad por tales decisiones, sin endosarla a un pretendido orden natural que hubiera resuelto anticipadamente todos los problemas éticos, de una vez para siempre, y del cual sólo determinados sujetos o instituciones poseerían evidencia plena y encargo divino de custodiarlo.

Carta de Hernán Corral, 31 de diciembre de 2010
Señor Director:

“Es precisamente la distinta posición frente a dicha autonomía lo que divide a liberales y a conservadores en asuntos morales”, asienta don Agustín Squella en carta del martes 28, considerando insólito que por mi parte haya sostenido que la “autonomía moral” es utilizada como un subterfugio retórico para imponer las doctrinas morales propiciadas por los ideólogos del liberalismo.

Nadie discute que la libertad es un derecho fundamental de las personas, pero la comunidad y el orden jurídico tienen el desafío de armonizarlo con el respeto de otros derechos tanto o más fundamentales, como la vida, la igualdad y la solidaridad, y con las exigencias del bien común. Para efectuar esta armonización es insoslayable recurrir a valoraciones de carácter ético, sobre las cuales ha de versar la deliberación racional. Eludir esta discusión es justamente lo que quería Squella cuando, en su primera carta, llamaba sencillamente a no oponerse a la propuesta de legalizar el aborto.

Los datos de los efectos sociales de las políticas públicas anti-familia y anti-vida son indesmentibles. Es superficial y riesgoso fundar reformas legales que atañen no sólo a los individuos, sino a toda la sociedad, en la mera idea de ampliar y proteger una autonomía egocéntrica que se desinteresa del bienestar social. Si fuera así, los únicos autorizados para imponer sus códigos morales a los demás, sin argumentar ni responder por el daño que causan, serían los liberales.

Publicado en VivaChile