(Notifam/InfoCatólica) A partir de fines de febrero, el gobierno brasileño ha comenzado a recibir denuncias de “homofobia” en su línea de emergencia Dial 100, que fue creado para facilitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos. El sistema fue anunciado junto con un nuevo programa de gobierno con el lema “Hacer del Brasil un país libre de homofobia”, que incluye un logo especial. Aunque la homofobia es utilizada en Brasil para referirse a los actos de violencia perpetrados contra los homosexuales, también es utilizada para condenar a aquéllos que objetan públicamente el comportamiento homosexual
“Si alguien dice ‘necesito ayuda’ en cualquier municipio de Brasil, es necesario actuar conjuntamente. No basta simplemente actuar con rapidez, sino que hemos de implementar el desarrollo de una política integrada para la protección de los ciudadanos”, dijo la Ministro brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario, durante la presentación del programa.
En un mensaje a sus partidarios, Lodi da Cruz llama al nuevo sistema un medio para “perseguir a los que desaprueban los vicios contra la naturaleza”. “Adviértase que, sin previo aviso legal, el ministro ahora quiere castigar a los que no consideran la conducta antinatural como natural. El que se queja no tiene que preocuparse, ya que está garantizado el anonimato de la fuente”, escribe el sacerdote. “Por lo tanto, al final del segundo mes de la administración Dilma, su gobierno ya ha establecido la persecución religiosa basada en las llamadas telefónicas gratuitas y anónimas”.
El Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff ha intentado en forma reiterada proscribir las críticas de la homosexualidad, pero los legisladores, teniendo en cuenta el rechazo de la población, en varias ocasiones han votado en contra del “proyecto de ley sobre la homofobia” del partido. Sin embargo, a pesar de la falta de respaldo legislativo para su agenda, los tribunales han tratado la legislación vigente como si ya estuviesen prohibidas dichas expresiones.
Lodi da Cruz ofrece algunos escenarios preocupantes que podrían derivarse del nuevo sistema:
“Se celebra la Santa Misa. Durante la homilía, el sacerdote hace alusión al primer capítulo de la Carta de san Pablo a los Romanos, que condena enérgicamente el homosexualismo, tanto femenino como masculino (Rm 1, 26-28). Él cita las palabras del Apóstol que afirman que entregarse a las “relaciones contra la naturaleza” (Rm 1, 26) es el castigo de los que “negocian la verdad de Dios por la mentira” (Rm 1, 25). En ese momento, alguien pasa frente a la iglesia y se siente incómodo con la predicación. Va a un teléfono público y denuncia al celebrante ‘homofóbico’”.
El sacerdote señala que los mismos problemas podrían surgir si un padre que rechaza la conducta homosexual decide no contratar a una lesbiana para cuidar a su hijo, o si se les pide a los homosexuales que se dedican a actos lascivos que se retiren de un establecimiento comercial.
“Si un homosexual es asesinado, el homicidio debe ser castigado. Pero es absurdo que la ley imponga una sanción especial por el hecho que la víctima sea homosexual”, escribe Lodi da Cruz. “Lo mismo podría decirse de alguien que golpea a un homosexual. No es justo que el culpable deba responder por un crimen peor que el daño físico que está tipificado en el Código Penal”.
El padre Lodi da Cruz, presidente de la organización Pro-Vida de Anápolis, ha sido víctima de las restricciones brasileñas a la libertad de expresión. En el año 2005 fue obligado a pagar una indemnización monetaria a la antropóloga pro-aborto Débora Diniz Rodrigues por llamarla “abortista”, porque el término “ofende gravemente su honor y dignidad personal”. La decisión fue confirmada por dos tribunales de apelación, y el Tribunal Supremo de la Nación se negó a oír el caso.
