(Efe/InfoCatólica) Con la norma, promulgada dos semanas después de su aprobación en el Congreso y que este martes previsiblemente saldrá publicada en el boletín oficial El Peruano, el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas y, según García, todas ellas gozarán en igualdad de condiciones de los beneficios y exoneraciones aprobados por ley.
Los evangélicos, que representan un 12% de la población, aseguran sin embargo que la ley «ratifica la desigualdad» entre confesiones.
Cooperación del Estado con todos
Según la nueva ley, el Estado, a través de las autoridades públicas, puede prestar cooperación técnica para la conservación del patrimonio artístico y puede suscribir convenios de cooperación con instituciones que hayan adquirido notorio arraigo.
Igualmente, la norma garantiza que cualquier persona pueda recibir asistencia religiosa en la prisión, hospitales y cuarteles, así como recibir sepultura según los ritos de su religión.
Objeción de conciencia
También se podrá ejercer la objeción de conciencia, cuando alguien esté impedido de cumplir un mandato legal por imperativo moral, según la confesión a la que pertenezca. Asimismo, la ley facilitará a trabajadores y estudiantes conmemorar las festividades y guardar el día que se considera sagrado en su religión.
En opinión del mandatario, la norma eliminó “cualquier residuo de intolerancia” respecto a todos los credos que se profesan en el país.
Los evangélicos, en contra
Pese a las afirmaciones de García, la directora ejecutiva de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú (UNICEP), Raquel Gago, dijo a Efe que tanto su organización como el Concilio Nacional Evangélico (CONEP) están “absolutamente en contra” de la ley porque “ratifica la desigualdad y resalta los privilegios de la Iglesia Católica”.
En concreto, Gago objetó la persistencia del Concordato con la Iglesia Católica y que la ley no recoja el principio de laicidad del Estado ni el derecho a educación religiosa igual para cada niño (se sustituye por la exoneración del curso de religión católica).
Gago anunció que Unicep y Conep promueven la recogida de 5.000 firmas para iniciar un proceso de inconstitucionalidad de la nueva norma.
