(InfoCatólica) A la misma organización han acudido en busca de consuelo algunas víctimas de ETA y, según denuncian, varios de los terroristas condenados por asesinar a sus familiares. La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha remitido un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, en el que cuestiona la participación de miembros de la banda en sus programas de acción social, entre ellos la exjefa de la organización terrorista Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y el etarra Igor Solana.
La asociación, que preside Daniel Portero, sostiene que esas actividades sirven a los presos como mérito para acceder a regímenes de semilibertad y que su presencia en programas que también atienden a víctimas choca con la legislación vigente. La carta ha sido difundida por varios medios de comunicación sin, todavía, una respuesta de Cáritas.
La Ley de Voluntariado, en el centro de la denuncia
DyJ invoca el artículo 8.5 de la Ley 45/2015 de Voluntariado, que impide ser voluntarias a las personas con antecedentes penales no cancelados por delitos de terrorismo, entre otros, «en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos».
La propia norma permite a las entidades desarrollar programas de voluntariado destinados a la reinserción de personas con antecedentes penales, aunque precisa que esa posibilidad se aplica «sin perjuicio» de las restricciones de los apartados 4 y 5 del mismo artículo. La asociación de víctimas defiende que la actividad de los presos de ETA debe examinarse a la luz de esos límites.
El artículo 100.2 como vía hacia la semilibertad
El escrito pone el foco en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a los presos clasificados en segundo grado disfrutar de buena parte de las condiciones del tercer grado si siguen un programa individualizado de reinserción. Según el diario El Mundo, la facilidad con que el Gobierno vasco concede esta medida la ha convertido en un atajo para que condenados a penas elevadas alcancen antes la semilibertad.
DyJ señala en su carta que, entre las iniciativas que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la consejería competente del Ejecutivo vasco consideran positivas para acreditar el cumplimiento de un plan de reinserción, «se encuentra la asistencia frecuente a una ONG como Cáritas España».
El caso de Anboto
Según la asociación, Cáritas ha acogido a «muchos» miembros de ETA. Entre ellos cita a Iparraguirre, condenada por una decena de asesinatos, quien, según el escrito, «se ha dedicado a cuidar la huerta y los jardines parroquiales y a la atención de personas con riesgo de exclusión social como mérito para conseguir el acceso al artículo 100.2». La Gaceta concreta que el voluntariado se desarrolla en un huerto parroquial de Oñati.
El Gobierno vasco volvió a concederle el 100.2 a comienzos de septiembre, después de que la Audiencia Nacional revocara meses antes una decisión similar. El pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esa nueva concesión. Sostiene que estas actividades de voluntariado «no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental que exige el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario», que no se han producido cambios relevantes que justifiquen modificar el criterio judicial anterior y que las salidas previstas, ocho horas diarias cinco días a la semana, se aproximan en la práctica a un tercer grado.
Igor Solana y la ausencia de control
El segundo caso citado es el de Igor Solana, condenado por los asesinatos del teniente coronel Antonio Muñoz Cariñanos, del concejal del PP José María Martín Carpena y del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, padre del presidente de DyJ. «Ha participado igualmente en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas con el fin de acceder también a los mencionados beneficios penitenciarios», afirma Daniel Portero.
La asociación denuncia además que en los «expedientes penitenciarios no consta un control sobre las actividades que realizan estos miembros de la organización terrorista, que a propósito no están arrepentidos, ni han pedido perdón a sus víctimas».
«Doble atención»
DyJ recuerda que a Cáritas «han acudido con finalidad asistencial víctimas de estos mismos terroristas, que han buscado consuelo en la organización no gubernamental». A su juicio, «esta doble atención a quienes han sufrido las acciones criminales de ETA y a aquellos que las han provocado con sus propias manos colisiona con la regulación vigente».
Por ello, la asociación pide a Cáritas que «tome partido en esta dicotomía y decida si opta por atender a las víctimas o se decanta por los victimarios con el fin de cumplir con la Ley».
