(InfoCatólica) El estado de Illinois ha aceptado no aplicar su ley de suicidio asistido al Cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, a dos congregaciones religiosas dedicadas al cuidado de ancianos y enfermos y a un farmacéutico rural. Un juez federal dictó la orden con el acuerdo del propio estado apenas nueve días después de que los demandantes acudieran al tribunal, y justo el día en que la norma empezaba a exigir a los proveedores sanitarios que plantearan la opción del suicidio a las personas bajo su cuidado.
La resolución se dicta en el procedimiento Carmelite Sisters for the Aged and Infirm v. Prince, en el que el bufete Becket, especializado en libertad religiosa, solicitó la protección de los demandantes frente a la End-of-Life Options for Terminally Ill Patients Act (EOLOA). El efecto inmediato es que podrán seguir atendiendo a sus pacientes conforme a su fe, sin verse obligados a colaborar en suicidios ni sancionados por transmitir un mensaje favorable a la vida.
InfoCatólica informó el pasado 4 de septiembre de la presentación de esa demanda, en la que las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos y las Hermanitas de los Pobres sostenían que se verían forzadas a «abandonar sus creencias religiosas sobre el carácter sagrado de la vida o afrontar multas y sanciones significativas».
Qué exige la ley
La norma, firmada en diciembre de 2025 por el gobernador JB Pritzker, permite a los médicos del estado prescribir dosis letales de medicación a pacientes con enfermedad terminal para que pongan fin a su vida. Sus obligaciones para los objetores van, sin embargo, mucho más allá de la abstención.
Según el escrito de demanda, los proveedores sanitarios de Illinois, incluidas las religiosas a través de sus residencias, tienen que plantear de forma proactiva la «opción» del suicidio a las personas a su cargo y «permitir que los pacientes se suiciden en sus instalaciones». El profesional que objete sigue obligado a informar al paciente de su «derecho» a quitarse la vida, a ayudarle a cumplir los requisitos para acceder a los fármacos letales y a derivarlo a alguien dispuesto a facilitárselos. Los farmacéuticos deben dispensar recetas sabiendo que se destinan al suicidio o remitir al paciente a otra farmacia que sí lo haga.
Los ministerios sanitarios católicos llevan casi 175 años funcionando como refugio para enfermos, ancianos y moribundos en Illinois. Hoy ese trabajo incluye hospitales que atienden a millones de pacientes cada año, la labor asistencial de las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos y de las Hermanitas de los Pobres, y el trabajo de numerosos católicos empleados en el sector, como el farmacéutico Luke Vander Bleek, propietario de la farmacia Fitzgerald en la localidad de Morrison. Todos ellos atienden conforme a una fe que les llama a curar y proteger la vida humana, no a ponerle fin: no pueden prescribir ni dispensar fármacos letales, ni dirigir o derivar pacientes para que los obtengan, ni facilitar de ningún modo el suicidio de un paciente.
El argumento jurídico central de la demanda se apoya en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que, según los demandantes, prohíbe al estado exigir a cuidadores católicos que violen su fe participando en el régimen de suicidio.
La mordaza sobre los cuidadores
Junto a la obligación de colaborar, la ley amenaza la libertad de expresión de los profesionales religiosos. La definición de coacción e influencia indebida que maneja la EOLOA es tan amplia que podría llegar a sancionar a las religiosas y a otros sanitarios de la archidiócesis por decir a un paciente que sufre: «No te mates. Jesús te ama. Tu vida es preciosa».
No se trata ya de objeción de conciencia frente a un acto, sino de la prohibición de pronunciar un mensaje. La orden judicial permite a los demandantes continuar su atención a los más vulnerables conforme a su fe mientras Becket litiga para lograr una protección permanente.
«No se trata de imponer la doctrina católica»
El Cardenal Cupich celebró la suspensión de los preceptos impugnados: «Acojo con satisfacción esta decisión del tribunal, que suspende la aplicación de las disposiciones de la Ley de Opciones al Final de la Vida para Pacientes Terminales de Illinois (EOLOA) que exigen a los proveedores sanitarios, en contra de su conciencia, participar en el suicidio asistido obligándoles a informar a los pacientes de los "beneficios" del suicidio y de su "derecho" a quitarse la vida, así como a ayudarles a cumplir los requisitos para acceder a fármacos letales o a derivarlos a alguien dispuesto a ayudarles a obtenerlos. Estas obligaciones vulneran protecciones constitucionales esenciales de la libertad de expresión y de religión. La ley con estas disposiciones debe ser anulada de forma permanente. Que quede claro: la objeción de la Iglesia a esta norma no es un intento de imponer la enseñanza católica a los no católicos; es un esfuerzo para impedir que el Estado obligue a los proveedores sanitarios católicos a violar su conciencia».
La Madre Mary Rose Heery, O. Carm., priora general de las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, subrayó el alivio que supone el acuerdo para las religiosas, los residentes y sus familias: «Permite continuar nuestra vocación de mostrar el amor sin límites de Cristo a quienes más lo necesitan, un amor que perdura en toda circunstancia y a través de toda dificultad». Añadió que nada de la atención que ofrecen tendrá que cambiar.
En términos semejantes se expresó la Madre Julie Marie, madre provincial de la provincia de Chicago de las Hermanitas de los Pobres, cuya congregación no había tomado la palabra hasta ahora: «Como Hermanitas de los Pobres, somos llamadas por Dios a ofrecer sanación, esperanza y consuelo a los más vulnerables. Nunca traicionaremos esa llamada».
Vander Bleek resumió su posición en términos profesionales: solo quiere servir a sus vecinos como farmacéutico permaneciendo fiel a sus creencias católicas, algo que el acuerdo le permite seguir haciendo cuando la ley entre en vigor, sin verse obligado a dispensar fármacos para el suicidio.
Segunda retirada de Illinois en un mes
La de hoy no es la primera vez que el estado renuncia a defender la aplicación de su propia ley. En agosto, el Obispo de Springfield, Thomas Paprocki, se sumó a una residencia de ancianos luterana y a un grupo de médicos para demandar por la misma norma, con el argumento de que el régimen de suicidio de Illinois abandona «casi dos milenios de práctica médica» al tiempo que obliga a los objetores a participar en él. Semanas después, el estado aceptó una suspensión temporal que alcanzaba solo a los demandantes de aquel procedimiento.
El patrón se repite: bloqueo parcial, limitado a quienes litigan, sin pronunciamiento sobre el fondo. Illinois concede exenciones individuales mientras la ley permanece vigente para el resto de proveedores sanitarios del estado.
El frente judicial se extiende además fuera de Illinois. En julio, el Obispo de Rockville Centre, John Barres, se unió a varias comunidades de religiosas de Nueva York para demandar a ese estado por su propia ley de suicidio asistido, y también obtuvieron una suspensión temporal. Por otra parte, grupos de defensa de las personas con discapacidad han impugnado las leyes de suicidio asistido en Nueva York, Illinois, Colorado y Delaware, al considerar que discriminan a las personas con discapacidad: la contestación a estas normas no procede únicamente de instituciones confesionales.
Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal de los demandantes, consideró difícil imaginar «un ataque más flagrante a la libertad religiosa que obligar a unas religiosas católicas a ayudar a la gente a suicidarse». A su juicio, Illinois hizo bien en aceptar la orden del tribunal, y el objetivo del litigio es acabar definitivamente con el mandato y proteger el derecho de los pacientes a pasar sus últimos días con quienes les ofrezcan una atención compasiva y favorable a la vida.
