(EWTN/InfoCatólica) Dos congregaciones de religiosas dedicadas al cuidado de ancianos y enfermos se han unido al Cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, para demandar al estado de Illinois y evitar que se les aplique la ley de suicidio asistido que entró en vigor recientemente. Los demandantes sostienen que, a partir del 12 de septiembre, se verán obligados a ofrecer activamente el suicidio a las personas a las que cuidan o a afrontar multas y sanciones.
La norma, firmada en diciembre de 2025 por el gobernador JB Pritzker, permite a los médicos del estado prescribir dosis letales de medicación a pacientes para que pongan fin a su vida. Entre otros requisitos, el paciente debe padecer una enfermedad terminal para acceder a esa asistencia. La ley ha recibido duras críticas de los obispos del estado desde su aprobación.
Una demanda ante el tribunal federal
El 3 de septiembre, el bufete especializado en libertad religiosa Becket anunció que Cupich y dos órdenes religiosas habían presentado una demanda contra el estado para impedir la aplicación de la ley a los demandantes católicos.
El escrito, presentado ante un tribunal federal de distrito, sostiene que las religiosas, pertenecientes a las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos y a las Hermanitas de los Pobres, se verán forzadas a «abandonar sus creencias religiosas sobre el carácter sagrado de la vida o afrontar multas y sanciones significativas» si se niegan a participar en el régimen de suicidio.
La demanda precisa que, antes del 12 de septiembre, los proveedores sanitarios de Illinois, incluidas las religiosas a través de sus residencias, tendrán que plantear de forma proactiva la «opción» del suicidio a las personas bajo su cuidado. Los cuidadores también tendrán que «permitir que los pacientes se suiciden en sus instalaciones», según el texto de la demanda.
El argumento jurídico central se apoya en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que, según los demandantes, prohíbe al estado exigir a cuidadores católicos que violen su fe participando en el régimen de suicidio.
«No pueden pedirnos que sustituyamos esa promesa»
En la declaración con la que se anunció la presentación de la demanda, Cupich afirmó que la Iglesia católica «se opone a los esfuerzos por socavar la dignidad humana empujando a nuestros hermanos y hermanas hacia el suicidio».
«Rezamos para que los tribunales protejan nuestra libertad de seguir defendiendo y cuidando a los enfermos y moribundos como exige nuestra fe», añadió.
La Madre Mary Rose Heery, O. Carm., priora general de las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, explicó que los pacientes acuden a ellas «en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas» y que las religiosas tienen la vocación «de dar testimonio ante ellos, en todo lo que hacemos, de que sus vidas siguen siendo preciosas y de que nunca serán abandonados».
«Illinois no puede pedirnos que sustituyamos esa promesa por ayudarles a terminar con su vida», señaló.
Mark Rienzi, presidente de Becket, calificó de «espantosas» las disposiciones de la ley. «El estado debería dejar de intentar que unas religiosas ayuden a sus pacientes a suicidarse», afirmó, y sostuvo que los enfermos «merecen la libertad de buscar curación, esperanza y acompañamiento sin que el gobierno introduzca el suicidio a la fuerza en la conversación».
Un frente judicial que se amplía
No es la primera demanda contra una ley estatal de suicidio asistido, ni siquiera la primera en Illinois.
En agosto, el Obispo de Springfield, Thomas Paprocki, se sumó a una residencia de ancianos luterana y a un grupo de médicos para demandar al estado por la misma norma. Aquella coalición argumentó que el régimen de suicidio del estado abandona «casi dos milenios de práctica médica» al tiempo que obliga a los objetores a participar en él. Semanas después, el estado aceptó una suspensión temporal de la ley, aunque el bloqueo solo alcanzaba a los demandantes de ese procedimiento.
En julio, el Obispo de Rockville Centre, John Barres, se unió a varias comunidades de religiosas de Nueva York para demandar a ese estado por su propia ley de suicidio asistido. Aquellos demandantes también obtuvieron una suspensión temporal de la norma.
Por otra parte, grupos de defensa de las personas con discapacidad han presentado demandas contra las leyes de suicidio asistido en Nueva York e Illinois, así como en Colorado y Delaware, al considerar que discriminan a las personas con discapacidad.
