(ACI Prensa/InfoCatólica) El representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal ha radicado en el Congreso de Colombia un proyecto de ley destinado a prohibir la gestación subrogada y a castigar penalmente a quienes la promuevan y se lucren con ella.
La iniciativa establece penas de prisión de 120 a 192 meses —es decir, de diez a dieciséis años— y multas de entre quinientos y mil quinientos salarios mínimos para quienes «promuevan, intermedien, financien u organicen» acuerdos de vientres de alquiler, con independencia de que sean remunerados o gratuitos. Las penas se agravan cuando en el caso concurre la situación de vulnerabilidad de la mujer gestante, precisamente el supuesto más frecuente.
Uno de los aspectos más relevantes del texto es que exime de responsabilidad penal a la mujer que gesta y da a luz. El proyecto no la trata como delincuente, sino como víctima del negocio, y establece además que «la mujer que gesta y da a luz» es la madre legal del niño para todos los efectos jurídicos.
Las cifras del negocio
La exposición de motivos aporta los datos que explican por qué Colombia se ha convertido en destino atractivo para este comercio. Los servicios de gestación subrogada en el país arrancan en unos 63.500 dólares en su modalidad más básica, alrededor de 215,9 millones de pesos colombianos al cambio actual. Las mujeres gestantes reciben entre veinticinco y cuarenta millones de pesos, de modo que —según el propio documento— «más del 85% de las ganancias» queda en manos de clínicas e intermediarios.
El proyecto cuenta con el respaldo de quince congresistas pertenecientes a formaciones muy distintas entre sí: Partido Liberal, Partido Conservador, Movimiento de Salvación Nacional, Centro Democrático, Pacto Histórico y Dignidad y Compromiso.
El niño, objeto del contrato
Hay dos elementos que merecen subrayarse en esta iniciativa. El primero es que acierta en el punto que casi siempre se esquiva: no persigue a la mujer, persigue el negocio que la explota. La gestación subrogada no es un acto de generosidad entre iguales, por más que así se presente en los reportajes complacientes. Es un contrato en el que una mujer pobre alquila su cuerpo durante nueve meses, se somete a tratamientos hormonales y a un parto, y entrega después a un niño que ha llevado dentro, mientras un intermediario se queda con más de ocho de cada diez dólares de la operación.
Y ahí está el fondo del asunto, que ningún eufemismo consigue tapar: el niño es el objeto del contrato. Se encarga, se paga y se entrega. Su vínculo con la mujer que lo gestó se extingue por cláusula, y su filiación se decide en un despacho antes incluso de que exista. Ninguna legislación que acepte ese punto de partida podrá después proteger seriamente su dignidad.
El segundo elemento digno de nota es el arco político que firma la iniciativa. Que aparezcan juntos el Pacto Histórico, en la izquierda, y el Centro Democrático, en la derecha, demuestra que la defensa de la mujer y del niño frente al mercado reproductivo no es patrimonio exclusivo de un bando ni una bandera confesional. En Hispanoamérica, donde la industria del llamado «turismo reproductivo» busca cuerpos baratos y regulación laxa, esa batalla legislativa se está librando ahora.
