(ACI Prensa/InfoCatólica) La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó el 20 de agosto una ley que tipifica como delito la «interferencia» con los servicios «reproductivos» o de «afirmación de género», una norma que sus críticos consideran una amenaza directa contra la libertad de expresión y la libertad religiosa.
El texto criminaliza infligir «daño emocional» a quienes buscan o prestan «servicios de salud reproductiva», fórmula con la que se designa el aborto. Prohíbe además grabar y difundir vídeos dentro de un radio de cien pies, unos treinta metros, de una clínica abortista. La ley faculta igualmente a los agentes de la autoridad para «ordenar la disolución inmediata de una concentración que impida sustancialmente el acceso o la salida por una entrada o un acceso rodado a un centro de salud reproductiva o de afirmación de género durante el horario de apertura del centro».
Se trata de una ley de las llamadas de «burbuja», que crean zonas de exclusión alrededor de los abortorios en cuyo interior la libertad de expresión queda restringida por vía penal. Las infracciones pueden castigarse con hasta dieciocho meses de prisión, una multa de diez mil dólares, o ambas cosas a la vez.
«Un serio peligro para la libertad de expresión»
Marie Tasy, directora ejecutiva de New Jersey Right to Life, calificó las disposiciones de la norma de «intrínsecamente subjetivas» y la ley en su conjunto de «un serio peligro para la libertad de expresión». Y explicó con precisión dónde está el problema: «El consejo pacífico en la acera, la oración, sostener carteles o simplemente ofrecer ayuda y alternativas fuera de un centro pueden etiquetarse fácilmente como “intimidación”» por parte de quienes aleguen sentirse amenazados, lo que dejaría a los provida expuestos a cargos penales.
El mecanismo está a la vista y no requiere ninguna interpretación forzada. Cuando una ley castiga el «daño emocional» y la «intimidación» sin definir en qué consisten, el delito deja de fijarlo el legislador y pasa a fijarlo quien se declara ofendido. Basta con que una persona manifieste haberse sentido intimidada por un hombre que reza el rosario en la acera para que ese hombre quede a un paso de los dieciocho meses de cárcel. No hace falta que grite, ni que se acerque, ni que obstruya nada: basta con que su presencia resulte molesta.
Un modelo importado de Europa
El precedente no es nuevo. Es el modelo que el Reino Unido y varios países europeos llevan años ensayando, con católicos detenidos e interrogados por rezar en su fuero interno ante una clínica, sin decir una palabra ni exhibir cartel alguno. Ahora ese modelo se importa a un estado norteamericano y se le añade una novedad de calado: la protección se extiende también a los llamados «cuidados de afirmación de género», es decir, a la mutilación química y quirúrgica de menores, blindada por la misma vía penal.
Conviene señalar además lo que la ley no protege, porque ahí se ve su verdadera finalidad. El acceso físico a las clínicas ya estaba protegido por la legislación vigente; bloquear una puerta ya era ilegal antes de esta norma. Lo que se persigue con ella es otra cosa: la presencia visible de quien recuerda públicamente que en ese edificio se mata a un niño. Y la primera víctima de esa persecución, una vez más, es la libertad religiosa de quienes se limitan a rezar.
