(InfoCatólica) El Reino Unido ha denegado la entrada al país a la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen, condenada en marzo de 2026 por el Tribunal Supremo de Finlandia por expresar sus convicciones cristianas sobre el matrimonio y la sexualidad humana en un folleto eclesial publicado en 2004. La diputada democristiana tenía previsto intervenir esta semana en una conferencia sobre libertad religiosa y libertad de expresión en Irlanda del Norte.
La autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation, ETA) de Räsänen fue inicialmente aprobada en junio, pero revocada en julio sin explicación detallada. Según informa ADF (Alliance Defending Freedom), la organización jurídica que representa a la parlamentaria, Räsänen solicitó entonces un visado completo y escribió personalmente a la secretaria de Interior británica, Shabana Mahmood, sin obtener respuesta. La diputada se verá obligada a participar en el evento de forma telemática.
Una condena por un folleto de 2004
El veto de entrada está vinculado a la condena dictada por el Tribunal Supremo finlandés en marzo de 2026. El tribunal declaró culpable a Räsänen, antigua ministra de Interior, médica y abuela de doce nietos, por pasajes de un folleto titulado Male and Female He Created Them, redactado en 2004 para su comunidad eclesial. Según recoge National Catholic Register, la sentencia consideró que expresiones que calificaban la homosexualidad como «aberración del desarrollo psicosexual» y «desviación sexual» resultaban denigrantes hacia las personas homosexuales como grupo.
La condena alcanzó también al obispo luterano Juhana Pohjola, coautor del folleto, y a la Fundación Lutero de Finlandia, que lo publicó. El tribunal impuso multas de varios miles de euros a cada uno y ordenó que los pasajes condenados fueran «retirados del acceso público y destruidos». El propio tribunal reconoció, no obstante, que el folleto «no contenía incitación a la violencia ni fomento de odio comparable a una amenaza».
En una causa separada, el Tribunal Supremo absolvió a Räsänen por un tuit de 2019 en el que citaba un versículo bíblico para criticar la participación de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia en el desfile del pride de Helsinki. Los tres condenados han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), representados por ADF.
Un patrón de exclusiones en Reino Unido
El caso de Räsänen no es aislado. El obispo Pohjola también vio denegada su ETA en junio. Como publica National Catholic Register, el Gobierno británico ha bloqueado en el último año la entrada de otras figuras públicas de perfil conservador: la activista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, el eurodiputado polaco Dominik Tarczyński, el parlamentario flamenco Filip Dewinter, el comentarista estadounidense Joey Mannarino y la influencer chileno-estadounidense Valentina Gómez, entre otros.
La legislación británica permite a la secretaria de Interior denegar la entrada a un ciudadano extranjero cuando considere que su admisión «no es conducente al bien público». Según National Catholic Register, esta potestad, concebida originalmente para casos de seguridad nacional, extremismo o delincuencia grave, puede aplicarse a «conductas inaceptables» en forma de discursos, publicaciones o posiciones de influencia que «fomenten el odio» y puedan provocar violencia intercomunitaria.
Reacciones: libertad religiosa y censura
Räsänen calificó la situación de «impactante»: «El Reino Unido me ha bloqueado a mí, una política democráticamente elegida de un Estado europeo aliado. Fui condenada por expresar pacíficamente mis convicciones cristianas. Aunque esta condena injusta está recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Reino Unido me castiga por ejercer mis derechos humanos fundamentales».
El obispo Pohjola, por su parte, denunció una «realidad orwelliana»: «Que un clérigo luterano sea sancionado penalmente en un país europeo y vetado en otro por publicar un folleto eclesial que expresaba pacíficamente posiciones que el Estado rechaza es extremadamente alarmante. Muestra hasta qué punto nuestra civilización se ha alejado no solo de sus raíces cristianas, sino del respeto a los derechos humanos básicos de libertad de expresión y libertad religiosa».
Lorcán Price, abogado de ADF ante el TEDH, señaló que «esta tendencia es otro ejemplo de la grave y creciente crisis de censura en Gran Bretaña» y advirtió de que «el Estado británico está intensificando la presión sobre los derechos de los cristianos en el Reino Unido: cristianos han sido procesados por rezar en silencio, por ofrecer conversación, por predicar públicamente su fe, y ahora se les impide entrar en el país por expresar sus convicciones».
La Iglesia católica, entre el silencio y la denuncia
El sacerdote británico Benedict Kiely, fundador de la organización Nasarean.org de apoyo a cristianos perseguidos, declaró a National Catholic Register que la decisión del Gobierno «es escandalosa. Parece que solo los cristianos y los conservadores no son bienvenidos en Gran Bretaña. La Iglesia debería alzar la voz sobre la erosión de la libertad de expresión. Por el momento, parece muy silenciosa».
La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, consultada por National Catholic Register, declinó pronunciarse y remitió a la Iglesia luterana. La oficina del arzobispo de Westminster, Richard Moth, no respondió antes del cierre de edición.
En su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en enero, el Papa León XIV advirtió sobre estas restricciones: «Es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para una genuina libertad de expresión se reduce rápidamente». El pontífice señaló que «un nuevo lenguaje de estilo orwelliano, que intenta ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se conforman con las ideologías que lo alimentan», y lamentó que esto «restringe derechos humanos fundamentales, empezando por la libertad de conciencia».
La condena de Räsänen fue observada con preocupación por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que antes de la sentencia afirmó que «en una democracia, nadie debería enfrentarse a un juicio por compartir pacíficamente sus creencias». Tras la condena, la Embajada de Estados Unidos en Finlandia calificó el fallo de «preocupante para la libertad religiosa y la libertad de expresión» y advirtió de que «la imposición de responsabilidad penal por expresión religiosa no violenta sienta un precedente inquietante».
