(InfoCatólica) Los padres biológicos de un bebé nacido mediante gestación subrogada en Estados Unidos han demandado a la madre gestante por negarse a abortar tras el diagnóstico de una cardiopatía congénita grave, reclamándole más de 100.000 dólares por presunto incumplimiento del contrato de subrogación. El caso ha desatado un intenso debate sobre los límites éticos y legales de los contratos de gestación subrogada e involucra ya a tribunales y autoridades de tres estados.
Nausheen Gilkar y Omar Ahmed, los padres biológicos, presentaron la demanda contra McKenna West, enfermera de 28 años residente en Alaska, semanas antes de que esta diera a luz el pasado 12 de agosto en Texas, casi tres semanas antes de la fecha prevista del 2 de septiembre. Según el documento judicial, obtenido por el portal TMZ, la pareja pagó a West 60.000 dólares por sus servicios como gestante y alega que la joven se comprometió contractualmente a interrumpir el embarazo si ellos lo solicitaban.
BREAKING: Surrogate mother McKenna, responsible for saving baby Gabriel’s life, is being sued $100K by the buyers for violating the contract by refusing to abort.
— Lila Rose (@LilaGraceRose) August 19, 2026
They are now planning to keep baby Gabriel.
All while suing the mother who saved his life. pic.twitter.com/OP79aKlvux
La cláusula de aborto
El contrato de gestación subrogada incluía una estipulación explícita: «La gestante se compromete a interrumpir el embarazo si así lo solicitan los padres intencionales por escrito». El mismo documento añadía que West había «considerado cuidadosamente la cuestión de la interrupción del embarazo, la ha discutido con el psicólogo en su evaluación psicológica, y su intención de acatar la solicitud de los padres intencionales es clara y consciente». El contrato preveía que el incumplimiento de esta cláusula constituiría «un incumplimiento material del acuerdo» y que cesaría toda responsabilidad económica de los padres intencionales hacia la gestante.
Hacia la semana 20 de gestación, el bebé fue diagnosticado con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (hypoplastic left heart syndrome, HLHS), una cardiopatía congénita grave y potencialmente mortal que, sin embargo, presenta una tasa de supervivencia del 70% hasta los cinco años si se interviene quirúrgicamente poco después del nacimiento. Tras conocer el diagnóstico, Gilkar y Ahmed solicitaron a West que abortara. Ella se negó.
«Es horrífico pensar que los llamados padres intencionales, cuando descubrieron que su bebé tenía síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, le dijeron a la madre gestante que querían que abortara a ese niño», declaró Amy O'Donnell, directora ejecutiva de Texas Alliance for Life, en una entrevista con EWTN News Nightly. «Es terrorífico en cualquier fase querer abortar a un niño simplemente por una discapacidad o un diagnóstico, pero a partir de las 20 semanas lo es aún más», añadió.
De Alaska a Texas
West abandonó Alaska y se trasladó a Texas, tanto por la legislación provida del estado como por la proximidad a uno de los principales hospitales pediátricos de cardiología del país. Se ofreció a asumir la responsabilidad completa del bebé, pero los padres biológicos rechazaron la propuesta.
El 10 de agosto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dirigió una carta a los hospitales en la que advertía de que Gilkar y Ahmed habían manifestado su intención de rechazar el consentimiento para operar al niño y de que podrían intentar trasladarlo a California, donde sería posible denegar el tratamiento.
Al día siguiente, Paxton obtuvo una orden de emergencia del tribunal de distrito de Dallas que dispuso que, al nacer, el niño recibiría en el Centro Médico UT Southwestern o en el Centro Médico Infantil de Dallas los cuidados estabilizadores médicamente indicados y que sustentaran la vida. La resolución prohibía además sacar al niño de cualquiera de esos centros o del estado de Texas, salvo cuando resultase necesario para su atención médica, y permanecería vigente hasta que se dictara una nueva resolución.
West bautizó al niño como Gabriel, nombre con el que el caso se hizo conocido en los medios estadounidenses. Los padres biológicos insisten en que su nombre es Rumi, denominación que consta en los documentos judiciales. Gabriel nació apenas 24 horas después de que Paxton iniciara la acción legal. Gilkar y Ahmed tienen la custodia del menor y West tiene prohibido tomar decisiones médicas sobre él.
«Según el tribunal de distrito, dado que McKenna huyó valientemente a Texas desde Alaska para asegurar que el bebé Gabriel recibiera la atención que le salvara la vida, el bebé Gabriel, nacido ya en Texas, es residente de Texas», explicó O'Donnell.
«Mi oficina utilizó cada herramienta a nuestro alcance para proteger la vida, y no retrocederemos en continuar apoyando el bienestar del bebé Gabriel», declaró Paxton. «Cada niño en nuestro estado merece ser cuidado y protegido, y eso es exactamente por lo que lucharé».
Por su parte, Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador de Texas, Gregory Abbott, afirmó en un comunicado: «Nuestras leyes protegen a cada niño nacido en Texas y garantizan su derecho a la vida. El Departamento de Servicios de Protección Familiar (DFPS) tiene autoridad conforme a la ley de Texas para proteger a los niños frente a la negligencia médica». Mahaleris añadió que el DFPS «vigilará de cerca este caso y tomará las medidas necesarias para salvaguardar esos derechos».
Operación y batalla legal
El bebé fue sometido esta semana al procedimiento de Norwood, la primera de las tres intervenciones quirúrgicas mayores necesarias para tratar el HLHS. O'Donnell confirmó que Gabriel «ha recibido el tratamiento que le salva la vida» en el hospital infantil de Dallas y que se encuentra «en buenas manos». Gilkar y Ahmed, que inicialmente habían manifestado su intención de no autorizar las cirugías, cambiaron de postura.
«Debido a la ley HIPAA, probablemente no recibiremos información sobre los cuidados en curso, pero estamos seguros de que nadie puede negar el tratamiento, exigir un traslado ni solicitar que reciba nada menos que lo mejor que Texas puede ofrecer», añadió O'Donnell.
Los padres biológicos reclaman a West más de 100.000 dólares en daños y perjuicios, además de una cantidad no especificada por lo que califican como «conducta maliciosa y ultrajante». West, por su parte, no ha recibido compensación económica alguna desde que rechazó abortar, según declaró su abogado, Lincoln Wilson, al New York Post. La madre gestante ha anunciado que emprenderá una batalla legal para obtener la patria potestad del menor amparándose en la legislación de Texas. «Está solicitando la filiación del niño porque dio a luz en Texas, y en Texas, si das a luz a un niño, es tu hijo», explicó Wilson.
No obstante, la abogada especialista en derecho reproductivo Marla Neufeld señaló al New York Post que la gestante carece prácticamente de base legal para reclamar la custodia del menor.
«Cada vida importa. Ninguna mujer debería ser obligada a poner fin a la vida del bebé que está gestando, incluida yo. El bebé Gabriel merece una oportunidad de vivir», declaró West.
Un contrato sobre una vida humana
Anthony Sirven, abogado católico afincado en Florida que ha publicado sobre maternidad subrogada, advirtió de que este caso y otros semejantes plantean la cuestión de si la custodia va a decidirse a partir de un contrato. «El contrato es sobre una vida humana», expuso. «Entonces la pregunta es: ¿cómo se aplica un contrato sobre una vida humana? La respuesta debe ser que no puedes, por las Enmiendas 13 y 14». La decimotercera abolió la esclavitud en Estados Unidos y la decimocuarta consagró la protección equitativa y el debido proceso.
Los primeros litigios sobre fecundación artificial y gestación subrogada tuvieron que moverse con cautela, explicó Sirven, porque la sentencia Roe contra Wade había afirmado que los niños no nacidos no son personas humanas, dejando su condición legal en la incertidumbre. Los tribunales acabaron asentándose en la idea de que los embriones constituyen una clase especial de propiedad, lo que permitió hacer valer sobre ellos derechos derivados de contratos. La sentencia Dobbs contra Jackson Women's Health Organization (2022), que revocó Roe, previsiblemente también invalidará los casos que se apoyaron en ella para reconocer un interés de propiedad sobre la vida humana, dejando en el aire años de precedentes. Si los padres que encargaron al bebé reclaman la custodia amparados en el contrato y un tribunal les da la razón sobre esa base, se plantea un problema constitucional con ambas enmiendas.
Stefano Gennarini, vicepresidente de estudios legales del Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), con sede en Nueva York, señaló que la mayoría de los juristas coincidiría en que resulta difícil pronosticar el desenlace de un caso así. Recordó que los convenios internacionales, y de manera específica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirman el derecho de las madres y de sus hijos a recibir protecciones especiales durante el embarazo y después del nacimiento. «Permitir que un tercero decida contractualmente qué tipo de tratamiento puede buscar una madre sustituta socava estas protecciones internacionales», advirtió. La práctica de la gestación subrogada, concluyó, deconstruye legalmente la familia natural tal como la reconoce el derecho internacional y conduce a escenarios inhumanos como el que ahora se dirime en Texas.
La doctrina de la Iglesia
El Papa León XIV ha afirmado que, al transformar la gestación en un servicio negociable, se «viola la dignidad tanto del niño, que queda reducido a un "producto", como de la madre, explotando su cuerpo y el proceso generativo, y distorsionando la vocación relacional originaria de la familia».
El Catecismo de la Iglesia Católica establece que «las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges (donación del esperma o del óvulo, útero sustitutivo) son gravemente inmorales» y que «lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio» (n. 2376).
«Hay muchas preocupaciones con la maternidad subrogada, y cuanto más profundizamos, más preocupaciones tenemos», señaló O'Donnell. «Creemos que ningún contrato debería poder exigir la muerte de un niño por una discapacidad o una imperfección. Y creemos que debería haber protecciones a nivel nacional», concluyó.
