(NCR/InfoCatólica) Los obispos estadounidenses Daniel García y Brendan Cahill han lamentado las muertes de migrantes ocurridas durante recientes operaciones de control migratorio y han reclamado «rendición de cuentas, transparencia y justicia» ante la pérdida de vidas humanas.
Monseñor García preside el Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, mientras que monseñor Cahill encabeza el Comité de Migración del episcopado.
Ambos prelados publicaron una reflexión pastoral conjunta después de «varios encuentros recientes con las fuerzas de control migratorio que provocaron la pérdida de vidas».
Los obispos han insistido en que la aplicación de las leyes migratorias debe realizarse de manera humana, respetando los derechos fundamentales y reconociendo en cada persona una dignidad que no depende de su nacionalidad ni de su situación administrativa.
Dos muertes durante operaciones federales
Uno de los casos mencionados ocurrió el 7 de julio en Houston. Durante una operación, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE, disparó mortalmente contra el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araújo.
El segundo incidente tuvo lugar el 13 de julio. El ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero murió después de recibir disparos de un agente federal en el estado de Maine.
En ambos casos, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que los agentes actuaron en defensa propia.
Ante estos hechos, los obispos García y Cahill recordaron que los católicos lamentan toda situación en la que una vida humana llega a su fin de una manera contraria a su curso natural.
«Lamentamos todas las situaciones en las que la vida humana llega a un final antinatural», afirmaron los prelados.
«Esta es una enseñanza fundamental de nuestra fe y una que nunca podemos cansarnos de proclamar como discípulos de Nuestro Señor Jesucristo», añadieron.
La defensa de la vida humana, según su reflexión, exige prestar atención a todas las personas afectadas por la violencia, sin reducir la cuestión a enfrentamientos políticos o partidistas.
Preocupación por el temor y la discriminación racial
Los obispos recordaron asimismo la declaración publicada por la Conferencia Episcopal estadounidense en noviembre de 2025. En aquel pronunciamiento, los prelados expresaron su preocupación por el «clima de miedo y ansiedad» que habían observado entre la población en relación con la discriminación racial y las operaciones de control migratorio.
García y Cahill señalaron que la selección de personas por motivos raciales constituye una afrenta contra la dignidad concedida por Dios y causa daños profundos en los individuos, las familias y las comunidades.
«La discriminación racial, en particular, no solo viola la dignidad otorgada por Dios, sino que también inflige un profundo daño a las personas, las familias y las comunidades al fomentar el miedo, erosionar la confianza y aumentar el riesgo de resultados injustos e incluso trágicos. Nuestras preocupaciones pastorales son distintas de lo que la propia ley civil pueda permitir», afirmaron.
Los prelados distinguieron de este modo entre aquello que puede estar autorizado por las disposiciones civiles y las exigencias superiores de la moral. La actuación de los poderes públicos no puede considerarse justa únicamente por ajustarse formalmente a una determinada norma.
La dignidad humana, sostuvieron, debe orientar también la aplicación de las leyes migratorias y el trato dispensado a quienes se encuentran en una situación irregular.
Ni deshumanizar a los migrantes ni demonizar a los agentes
La reflexión pastoral condena cualquier conducta o discurso que rebaje la dignidad de una persona o de un grupo. Los obispos advirtieron que estas actitudes no deben convertirse en algo habitual o socialmente aceptable.
«Los actos que disminuyen o ignoran la dignidad de cualquier persona o grupo de personas nunca deberían normalizarse en nuestra sociedad», señalaron García y Cahill.
Los prelados aplicaron este principio tanto al trato dispensado a los inmigrantes como a la consideración pública de los miembros de las fuerzas de seguridad.
«La deshumanización de los inmigrantes, independientemente de su situación legal, es un ejemplo de ello; la demonización de los agentes de las fuerzas del orden es otro», indicaron.
La Iglesia rechaza, por tanto, que los migrantes sean presentados como seres humanos de menor valor debido a su situación administrativa. Al mismo tiempo, los obispos advierten contra una condena indiscriminada de quienes tienen encomendada la aplicación de la ley.
Su declaración pide evitar las simplificaciones que enfrentan de manera absoluta a migrantes y agentes. En ambos casos se trata de personas cuya dignidad debe ser reconocida y protegida.
El poder del Estado está sometido a la ley moral
Los obispos recordaron que las autoridades tienen la obligación de «aplicar la ley de manera humana y con respeto por los derechos humanos fundamentales».
También subrayaron que el ejercicio del poder estatal debe mantenerse «siempre dentro de los límites de la ley moral».
Estas exigencias implican que la búsqueda del orden público y el cumplimiento de las normas migratorias no pueden separarse del respeto a la vida y a la integridad de las personas.
El hecho de que un inmigrante carezca de autorización legal para permanecer en el país no elimina su dignidad humana ni permite que sea tratado como una amenaza carente de derechos fundamentales.
Del mismo modo, la necesaria investigación de los incidentes mortales no debe convertirse en una condena anticipada de todos los agentes encargados de hacer cumplir las leyes.
Los obispos reclaman que cada caso sea esclarecido de manera rigurosa, transparente y justa, determinando las responsabilidades que correspondan.
Una petición de reformas significativas
García y Cahill no limitaron su intervención a los incidentes concretos, sino que pidieron reformas significativas en el sistema migratorio de Estados Unidos.
«Con ese fin, pedimos rendición de cuentas, transparencia y justicia, que requieren que se realicen reformas significativas en nuestro sistema migratorio», declararon en su reflexión pastoral.
La petición episcopal presenta estas reformas como una exigencia vinculada tanto a la justicia como a la protección efectiva de la dignidad humana.
Los prelados consideran necesario que las autoridades respondan públicamente por las actuaciones realizadas y que las investigaciones permitan conocer las circunstancias de las muertes sin ocultamientos ni ambigüedades.
La transparencia resulta especialmente necesaria en un contexto marcado por el miedo, la desconfianza y las acusaciones cruzadas entre las autoridades, las organizaciones defensoras de los migrantes y las comunidades afectadas.
Oraciones por los fallecidos y sus familias
Los dos obispos concluyeron su reflexión con una oración por las personas que perdieron la vida, sus familias, la nación y todos aquellos que ejercen responsabilidades de servicio público.
«Nos unimos en oración por las almas de los fallecidos y por sus familias, por nuestra nación y por todos aquellos a quienes se han confiado los deberes del servicio público», declararon.
También pidieron el fin de los discursos que deshumanizan, de los prejuicios raciales y de la violencia, así como una renovada disposición a reconocer la dignidad inherente de cada ser humano.
«Rezamos por el fin de la retórica deshumanizadora, los prejuicios raciales y la violencia, y por un compromiso renovado para reconocer la dignidad inherente de cada persona como hijo de Dios», añadieron.
La declaración episcopal sitúa de este modo la cuestión migratoria dentro de una visión cristiana de la persona. Todo ser humano, independientemente de su origen o de su situación legal, ha sido creado por Dios y debe ser tratado conforme a esa dignidad.
Muertes registradas bajo custodia del ICE
La noticia recoge también un informe de 73 páginas publicado el 25 de junio por la organización Human Rights Watch. El documento sostiene que, durante la actual Administración del presidente Donald Trump, 52 personas han muerto mientras se encontraban bajo custodia del ICE en Estados Unidos.
El informe menciona entre las posibles causas las deficientes condiciones de detención y la falta de una atención médica adecuada.
A estos casos se añadió la muerte, el 13 de julio, del venezolano Jesús Manuel Arias-Silva, de 45 años.
Según la información difundida por el propio ICE, Arias-Silva había sido detenido el jueves 9 de julio y murió mientras era trasladado entre centros de detención situados en el estado de Georgia.
Las recientes muertes han intensificado las peticiones de explicaciones sobre las condiciones de las operaciones migratorias y sobre el trato dispensado a las personas retenidas bajo custodia federal.
Ante esta situación, los obispos estadounidenses han reiterado una enseñanza esencial de la Iglesia: la legítima autoridad del Estado y la aplicación de las leyes deben estar siempre al servicio de la persona, sometidas a la ley moral y respetuosas con la dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios.
