(InfoCatólica) Amnistía Internacional Reino Unido se vio obligada a retirar un informe que incluía a la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales entre 117 organizaciones calificadas como parte de un «movimiento anti-derechos» en el Reino Unido, después de que la publicación desatara una fuerte controversia dentro y fuera del ámbito católico.
El documento, titulado A growing threat: the anti-rights movement in the UK («Una amenaza creciente: el movimiento anti-derechos en el Reino Unido»), definía a los «actores anti-derechos» como «grupos formales e informales, individuos, actores privados y estatales cuyo objetivo es restringir los derechos humanos socavando su protección legal y práctica». El texto pedía además a la Charity Commission (el organismo regulador de entidades benéficas británico) que revisara «la concesión de estatuto de organización benéfica» a las entidades listadas, y reclamaba a los donantes institucionales que redujeran «el riesgo de financiar organizaciones cuyas actividades socavan la protección de los derechos humanos».
El informe fue publicado el 8 de julio y retirado dos días después. Entre las 117 organizaciones señaladas figuraban, además de la Conferencia Episcopal, medios como The Catholic Herald y Premier Christian News, entidades como la Catholic Medical Association, The Christian Institute, la Alianza Evangélica del Reino Unido y Beira's Place, un centro de atención a víctimas de abusos sexuales con sede en Edimburgo fundado por J. K. Rowling.
La respuesta de la Conferencia Episcopal
En un comunicado remitido a The Catholic Herald, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales afirmó que la Iglesia trabaja por «defender los derechos dados por Dios a toda la humanidad, sin excepción». El texto episcopal precisó que esa defensa incluye «los derechos de quienes están injustamente encarcelados, de los refugiados y migrantes, de quienes han sido víctimas de trata, y el derecho a la vida de toda persona desde la concepción hasta la muerte natural». Los obispos añadieron que sostienen «el derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión», conforme a lo expuesto en el documento del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae.
Amnistía retira el informe y se desdice del lenguaje empleado
Ante la magnitud de las críticas, Amnistía Internacional retiró el documento de su web y explicó que su publicación no había seguido «los procesos internos de revisión establecidos para garantizar coherencia, precisión y alineamiento con las posturas de Amnistía Internacional Reino Unido». La organización precisó que «el lenguaje empleado no refleja la posición de Amnistía Internacional Reino Unido, motivo por el cual fue retirado con prontitud», y cerró su comunicado reafirmando su compromiso con «la defensa de los derechos humanos, incluyendo tanto los derechos de las mujeres como los de las personas trans».
El informe también identificaba como «amenazas» a diversas asociaciones benéficas cristianas, entidades de bioética confesional y agrupaciones de profesionales sanitarios cristianos, además de organizaciones feministas críticas con la ideología de género.
Reacciones en el Parlamento y el ámbito católico
Varios diputados británicos presentaron una «Early Day Motion» (una moción parlamentaria sin votación inmediata, empleada para fijar posición pública) en la que se señala que la posición crítica con la ideología de género constituye «una creencia protegida por la Equality Act 2010» y que «refleja la opinión de la mayoría de la población», según recoge kath.net. El portal católico Catholic Arena compartió capturas del listado y calificó la inclusión de los obispos como «un paso realmente peligroso y de mal augurio».
This is actually an insane move by @amnesty and the fact that they list not just NGOs but also the actual Catholic Bishops of England and Wales is a really dangerous and sinister development https://t.co/Hqa95DwMXt
— Catholic Arena (@CatholicArena) July 14, 2026
Kevin Bennett, director de Premier Christian News, declaró que Amnistía «debe responder a preguntas serias sobre cómo se elaboró y publicó este informe, y sobre lo que revela acerca de la postura real de la organización en estas cuestiones». Bennett añadió que la retirada del informe es «un primer paso», pero reclamó una declaración explícita que aclare que la organización no considera a los grupos listados «contrarios a los derechos humanos».
