(NCRegister/InfoCatólica) El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha cerrado un período de sesiones de gran trascendencia que deparó importantes victorias para los derechos de los padres y la libertad de expresión, redibujó los límites del poder ejecutivo y concluyó con recordatorios de cuánto trabajo queda por hacer. En uno de sus últimos fallos, el tribunal abordó una de las cuestiones más disputadas del momento: si los Estados pueden reservar el deporte femenino a las mujeres de sexo biológico.
En los casos acumulados West Virginia v. B.P.J. y Little v. Hecox, el tribunal resolvió por seis votos contra tres, con disensos parciales, que los centros escolares pueden determinar la elegibilidad para los equipos femeninos en función del sexo biológico sin infringir la cláusula de igual protección ni el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en los programas educativos que reciben fondos federales. Los casos afectaban a dos varones biológicos que se identifican como mujeres.
El juez Brett Kavanaugh, redactor de la opinión mayoritaria, explicó que los equipos deportivos separados para varones y mujeres son razonables, pues las diferencias físicas entre los sexos reducen el riesgo de lesiones y protegen la competición justa. Añadió que las leyes de Virginia Occidental e Idaho, aun estableciendo una clasificación basada en el sexo, superan el escrutinio judicial: «Los intereses en la seguridad y la equidad competitiva son importantes a efectos del análisis de igual protección».
«No son mujeres, aunque crean serlo»
En una breve opinión concurrente, el juez Clarence Thomas afirmó que «la condición transgénero no es una clase sospechosa que requiera un escrutinio reforzado de igual protección» y que «los hombres y los niños con disforia de género no son mujeres ni niñas, aunque crean serlo». Citando a Josef Pieper, advirtió que usar el lenguaje para oscurecer la realidad —mostrar «indiferencia respecto de la verdad»— es «mentir al público» y dejar de tratar a los conciudadanos como «iguales».
Amparo a la libertad religiosa y a los padres
El fallo llega después de otras dos victorias significativas frente al avance legal de la ideología de género. En marzo, en Chiles v. Salazar, el tribunal falló por ocho votos contra uno a favor de Kaley Chiles, una terapeuta cristiana de Colorado Springs a la que el Estado pretendía impedir que hablara de la fe con sus clientes menores de edad que atravesaban confusión de género. Colorado había prohibido la llamada «terapia de conversión» con una definición tan amplia que silenciaba cualquier conversación entre un consejero y un menor sobre su realidad biológica. Fue la tercera derrota de Colorado ante el Supremo en asuntos de coacción ideológica, tras Masterpiece Cakeshop y 303 Creative.
En el marco de urgencia, el tribunal intervino además en Mirabelli v. Bonta, frente a una política de California que permitía a las escuelas públicas «transicionar» socialmente a los niños —cambiando su nombre, pronombres y presentación— sin conocimiento ni consentimiento de los padres. El tribunal consideró probable que la política fuera inconstitucional y levantó la suspensión que había bloqueado la aplicación de la norma que la impugnaba. La señal fue inequívoca: los padres, y no los administradores escolares, son los primeros educadores de sus hijos.
Sombras del mismo período
No todos los fallos fueron motivo de celebración. En Landor v. Louisiana, el tribunal resolvió por seis votos contra tres que la ley federal que protege la libertad religiosa de los presos no autoriza indemnizaciones económicas contra funcionarios estatales a título individual; Damon Landor, un recluso rastafari al que le raparon ilegalmente la cabeza mientras lo sujetaban, no recibirá compensación alguna. Además, el tribunal declinó reinstaurar la suspensión de los protocolos de seguridad relajados de la FDA para la píldora abortiva mifepristona, que siguen vigentes mientras continúa el litigio de fondo.
El próximo período ya se perfila igualmente decisivo, con casos pendientes sobre la libertad religiosa de una escuela parroquial católica en Colorado y sobre la impugnación por parte de unos padres de una ley del Estado de Washington que permite acoger a menores fugados que buscan intervenciones médicas de cambio de sexo sin informar a sus progenitores. En conjunto, los fallos de este curso reafirman que los padres tienen la responsabilidad primaria en la crianza de sus hijos y que la Constitución no se pliega ni a la moda ni a la ideología.
